El rastro de supuestos pagos y ofertas a testigos claves en casos de Drummond y Chiquita Brands

La copia de una propuesta de contrato con Jarley Maya, el abogado del jefe paramilitar Raúl Hasbún, en el que se planteaba pagarle un porcentaje de hasta el 33 por ciento de la plata que se obtuviera en las millonarias demandas civiles entabladas en cortes de Estados Unidos contra las empresas bananeras que operaban en zonas de influencia 'para' es uno de los documentos con los que la multinacional Chiquita Brands busca demostrar la supuesta existencia de un lucrativo cartel de falsos testigos en su contra.

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El de Hasbún, conocido en el mundo del hampa como 'Pedro Bonito', es un testimonio capital en contra de esa bananera, a la que la Fiscalía en Colombia acusa de haber financiado voluntariamente a las bandas paramilitares en Urabá al menos entre 1997 y el 2004 y que en el 2007 tuvo que pagar una multa de 25 millones de dólares al Departamento de Justicia de EE. UU. por entregar a las Auc cerca de 1,4 millones de dólares, que la empresa atribuye al pago de extorsiones.

Lo que sostiene Chiquita es que 'Pedro Bonito' empezó a mencionarla después de que un abogado estadounidense, Terrence Collingsworth --cabeza del bufete que acaba de ganar el caso por el que una corte de Miami condenó a la bananera a pagarles 38 millones de dólares a víctimas de esos grupos en Urabá y la Costa Atlántica y que ha demandado a otras multinacionales, entre ellas la Drummond—, empezó a visitarlo en la cárcel en Colombia y supuestamente le ofreció 200 mil dólares en citas que fueron concertadas por Jarley Maya. De la materialización de esos supuestos pagos no hay evidencia.

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El contrato con Maya --quien a pesar de ser defensor de un jefe de las Auc terminó trabajando para el bufete de EE. UU. que demandó en ese país para obtener millonarias indemnizaciones en representación de víctimas de esa organización criminal-- está en copias espejo de centenares de correos extraídos de computadores de Collingsworth que fueron obtenidos en medio de las demandas ante la justicia federal.

Esos correos empiezan a llegar a los procesos que hay en Colombia por financiación de grupos paramilitares contra Chiquita y también la multinacional carbonera Drummond , que ya entraron en la etapa de cierre de juicio. Y lo que muestran es la posibilidad de que el abogado norteamericano y varios de su firma realizaron pagos a ex-Auc presos, sus defensas o a familiares. Tanto Chiquita como Drummond sostienen que se trata de sobornos mientras que Collinsgworth ha hablado de algunas ayudas humanitarias y para garantizar su seguridad en las cárceles.

Las acusaciones contra las dos empresas en Colombia son muy serias. En el 2018, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez llamó a juicio a 14 exejecutivos de Chiquita Brands. "Vamos a asumir con profunda responsabilidad estas investigaciones. Tenemos priorizados un número importante de casos para que se haga justicia contra quienes dinamizaron la guerra financiando el conflicto armado", dijo en su momento el fiscal Martínez Neira.

Y en mayo del año pasado, la Fiscalía de Francisco Barbosa llamó a juicio a José Miguel Linares, presidente de Drummond, y a Augusto Jiménez, expresidente, y anunció que tenía “abundante material de prueba que da cuenta de su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promover y financiar grupos armados al margen de la ley, conducta que fue declarada de lesa humanidad”.

Los correos entre el bufete y Jarley Maya muestran que este último habría negociado dos contratos: uno como apoyo investigativo por el que le pagarían 500 dólares la hora y un eventual monto de 150 mil dólares y el otro, ya mencionado, que habla del 33 por ciento de las ganancias en los casos contra Chiquita y otras dos multinacionales: Dole (que terminó absuelta en una corte de California) y Del Monte (finalmente no demandada).

Maya, quien le dijo a este diario que su o con Collingswoth se limitó a una búsqueda de víctimas del bloque Bananero y que de 10 mil dólares que le dieron para gastos devolvió más de la mitad, mantuvo un intenso o con la firma, según los correos, cuya relevancia para el caso las autoridades colombianas aún no evalúan. En una de esas comunicaciones, del 27 de agosto del 2010, Susana Téllez, quien trabajaba para el bufete de Collingsworth, le escribe a Maya que Brian Witzer, quien supuestamente iba a financiar los gastos de una de las demandas, "se negó a trabajar en el caso en contra de (la bananera) Dole o a dar dinero para financiarlo, dado que la negociación con ustedes fracasó": "Esencialmente, Brian señaló que no negociaría con RH (Raúl Hasbún)o con Usted porque ya teníamos un acuerdo y ustedes lo cambiaron y lo aumentaron dos veces después de que ya teníamos un arreglo". Sin embargo, dice que ya tiene un nuevo financiador: "Discutimos la situación y tenemos una idea que puede funcionar. Sin embargo, todas las personas involucradas deben ser razonables y tener cierto nivel de confianza y de flexibilidad", le advierte a Maya.

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Los correos del bufete también hablan de posibles pagos a 'paras' como 'Carlos Tijeras' (Gregorio Mangones), quien supuestamente exigió un pago de "30 K" (30 mil dólares) para pagar la universidad de una de sus hijas. Mangones, recientemente, le dijo a este diario que sí recibió a Collingsworth en prisión, pero negó cualquier pago relacionado con sus versiones ante la justicia.

Sin embargo, el 14 de septiembre del 2010 la asesora del bufete le escribió en estos términos, en referencia a una de las demandas: "Jarley, Terry me pidió enviarte la declaración de Carlos Tijeras para que por favor la revises con RH y veas si hay algo inexacto o incorrecto".

En esos correos aparece el rastro de os con el jefe paramilitar Salvatore Mancuso a través de uno de sus abogados en EE.UU., Manuel Retureta, quien en agosto 26 del 2015 le escribió a Collingsworth que su cliente estaba "interesado" y que le había dejado en su celda en EE. UU. una declaración para su revisión. Mancuso declaró en los dos casos en Estados Unidos. Consultado por EL TIEMPO, a través de su equipo de defensa aseguró que sí fue ado por el equipo de Collingsworth, pero que sus declaraciones en contra de las multinacionales obedecen a su conocimiento real de los hechos como jefe de las Auc y no al ofrecimiento de dádivas.

Otro correo, del 6 de mayo del 2012, habla de os con otro ex Auc, alias Lucho, de quien se dice que "está pidiendo 50 mil por seguridad" y que "no firmará la declaración hasta que esto pase".

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Otro testigo estrella, esta vez en el caso de Drummond, también habría recibido gruesas sumas de dinero a través de Collingswort. Se trata de Jaime Blanco Maya, contratista del servicio de casino de la Drummond y condenado por el asesinato de los sindicalistas Víctor Orcasita y Valmore Locarno, perpetrado en el 2001 por las bandas paramilitares en el Cesar. Blanco Maya recuperó la libertad por decisión de la JEP, que lo tiene como uno de los principales testigos en su Macrocaso 0008 (que investiga la participación de empresas y terceros civiles en la expansión paramilitar).

Ante la JEP, como lo hizo ante la justicia ordinaria, Blanco Maya aseguró que las muertes de los sindicalistas obedecieron a un acuerdo criminal según el cual los paramilitares le daban seguridad y otros servicios ilegales, y que su contrato en el casino de la empresa era utilizado para desviar dinero hacia las Auc. Su versión es pieza clave en la acusación de la Fiscalía, donde aseguran que existen testimonios periciales que le dan fuerza y aseguran que por eso se llegó al llamado a juicio del año pasado.

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En el caso de Blanco Maya, los correos muestran que los os con Collinsworth (también abogado de la firma Llanos Oil, que había demandado a Drummond años antes en un litigio por una concesión con Ecopetrol) empezaron en 2011. En los correos aparecen fotos de las visitas del abogado a las cárceles, entre ellos la foto con Blanco Maya.

En los expedientes espejo hay correos entre el bufete y Blanco Maya en los que se habla de una exigencia de $150 mil dólares para el pago de sus gastos de defensa.

 Supuestamente, al final el dinero provino de Albert van Bilderbeek, dueño de Llanos Oil y a quien Terrence Collingsworth había representado en su demanda contra la carbonera.

Drummond sostiene que un pago inicial por 60 mil dólares para Blanco Maya se canalizó a través del abogado colombiano Iván Otero y provino de cuentas de una firma del sector de la energía ligada a la familia Van Bilderbeek.

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En los correos hay rastros del aparente pago de sumas, incluso mensuales de sostenimiento, a ex Auc que declararon en el caso Drummond como Jairo de Jesús Charris (la suma total habría superado los 30 mil dólares). También, a alias el Tigre y alias Samario, quienes habrían recibido unos 2.700 dólares por mes durante los años que duraron los casos contra la Drummond, cuatro de los cuales terminaron fallados en EE.UU. a favor de la empresa.

Collinsworth fue demandado ante cortes de Alabama (la sede de Drummond en EE.UU.) y tiene en la Fiscalía 5 del Grupo de Falsos Testimonios en Bogotá un proceso por presunto soborno a testigos que está en etapa de indagación y sobre el que la Procuraduría General de la Nación decretó una Agencia Especial, ante el alto riesgo de preclusión.

En diálogo con EL TIEMPO a raíz del fallo contra Chiquita, en junio pasado, Collingsworth aseguró que es víctima de una campaña de desprestigio de sus demandados y niega cualquier pago ilegal a testigos. Afirmó que su firma intentó contar con los servicios de Hasbún no como testigo sino como perito experto, pero afirmó que esa negociación finalmente nunca se llevó a cabo. También dijo que en el caso de Drummond entregó fondos a las familias de testigos de sus casos "para reubicarlos, ya que recibieron amenazas de muerte cuando estaban a punto de testificar contra la empresa".

Editor sección País (que agrupa a Política, Justicia y Nación)