La versión en Fiscalía de empresario que dice que pagó soborno a exjefe de Uaesp

Luego de haber hecho comentarios en medios de comunicación sobre supuestas irregularidades en un contrato para la istración de los cementerios en Bogotá, el empresario Sergio Alexander Venegas Herrera finalmente declaró formalmente ante la Fiscalía sobre esos hechos y detalló cómo habrían funcionado las supuestas maniobras ilegales.

EL TIEMPO tuvo a la declaración jurada que Venegas rindió ante la Fiscalía, en la que se ratificó en denuncias sobre un supuesto entramado ilícito alrededor del contrato 415 de 2021 con la Unidad istrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), un negocio jurídico por más de 41.600 millones de pesos para istrar el Cementerio Central, Cementerio Sur y Cementerio Serafín, que están a cargo del Distrito.

Según su declaración, él fue quien reunió y aportó el dinero para la asignación del contrato, que quedó en manos de un consorcio llamado Luz y Paz, integrado por varias empresas y del que Venegas fue gerente istrativo y comercial, según sus palabras. “Mi relación es como inversionista”, detalló al decir que la inversión de 1.050 millones de pesos que hizo “consistía en el aporte en dinero y conseguir los recursos que garantizaran la operación y el manejo del contrato”.

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A continuación dijo que esos 1.050 millones de pesos se “los exigió Amanda Camacho, directora de la Uaesp, en reuniones realizadas por dos emisarios, que fueron Marcel, quien trabajaba como asesor del director jurídico de la Uaesp, y el doctor Quintana”.

Venegas aseguró a los investigadores de la Fiscalía que el 19 de mayo de 2021, poco menos de dos meses antes del arranque del contrato, se reunió con Camacho (ahora exdirectora de la Uaesp) y la persona que identificó como Marcel en una cafetería del hotel Tequendama y le entregó a ella la plata dentro de una maleta.

“Se Io entregué a Luz Amanda Camacho y a Marcel (...) la señora Luz Amanda Camacho llegó al hotel Tequendama el 19 de mayo de 2021 porque el contrato arrancaba el 1.° de julio de 2021, por ende se debía entregar la plata para el inicio del contrato, para que nos dejaran firmar el acta de inicio”, afirmó.

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También refirió un episodio en el que supuestamente se entregaron 450 millones de pesos adicionales para repartir por parte de la directora de la Uaesp, esto habría ocurrido en agosto.

“Un mes después del acta de inicio, porque así se había concertado desde mayo, pero nadie había tenido en cuenta que tocaba levantar un patrimonio autónomo. Ese dinero se le entregó al señor Marcel en efectivo en el Café Vienés, dentro del hotel Tequendama. Nos reunimos allí por la cercanía que tenía el señor Marcel entre su lugar de residencia y el hotel Tequendama. Ese dinero era para el jefe de jurídica $ 250 millones y $ 200 millones para Marcel”, contó.

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El empresario afirmó ante la Fiscalía que como pruebas de todo lo que decía podía aportar el contrato 415 de 2021, “los certificados bancarios, los certificados de las subcuentas que crearon para el desvío de los dineros del contrato”.

Así mismo, sostuvo que las supuestas irregularidades también tuvieron que ver con que al momento de la adjudicación del cuestionado contrato, el consorcio Luz y Paz no cumplía con los requisitos legales pues no tenía experiencia. 

"Apareció el señor de Global Fundesco con una empresa de papel que certificaba la prestación de servicios funerarios en la ciudad de Panamá y un documento falso más grave, el del Gobierno de Panamá, una constancia que decía que ellos habían prestado servicios en la ciudad de Panamá y que eran certificados por el Gobierno panameño”, contó sobre cómo lograron certificar la experiencia.

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También advirtió que, supuestamente, en el contrato 415 “no se exigieron pólizas de cumplimiento que garantizaran al Distrito por el cumplimiento del contrato y por manejo del contrato. Hay una póliza por ahí de 4.000 millones, pero no sé qué asegura”.

Además, los investigadores le preguntaron a Venegas cuáles eran los beneficios que él obtendría al suministrar dineros para el pago de presuntas coimas y él contestó que “tener un trabajo dentro de la concesión con el salario de un senador, 15 millones de pesos, como directivo de la concesión en el cargo de gerente financiero y comercial. El otro era que como yo había puesto casi los 1.500 millones, entonces esa plata dentro de los 41.633 millones iba a tener unos beneficios, casi 8.000 millones de pesos, el 8 por ciento del valor del contrato”, contó, aunque añadió que de la plata que supuestamente iba a obtener no le han dado “ni un peso, incluso los gastos de representación los he cubierto yo”.

Posteriormente, el hombre declaró sobre lo que en entrevistas con medios de comunicación llamó un “entramado ilícito” en la contratación en el que estarían involucrados concejales, y preguntado sobre los nombres de esos concejales habló solo de Antonio Sanguino, de quien dijo: “No sé qué cargo desempeña, si es concejal o funcionario. Todos los contratos que efectúe la Uaesp son direccionados por él, botadero Doña Juana, alumbrado público, cementerios del Distrito”.

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EL TIEMPO consultó a Sanguino, quien desde noviembre de 2017 no es concejal de Bogotá, sobre esta afirmación, a lo que él, quien actualmente es jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, respondió:

“Es una absoluta calumnia, no sé qué intereses hay detrás, yo no he tenido nada que ver. Mis conducta en el Distrito es apegada a la ley e intachable”.

Sanguino agregó que este lunes radicará ante la Fiscalía una denuncia por injuria, calumnia y falsedad contra Venegas, y añadió que en su cargo como jefe de gabinete de la Alcaldía no es ordenador de gastos, “ni dirijo procesos ni ahí ni en ninguna entidad del Distrito”.

“Estamos con la frente en alto para responder a estos ataques que además me parecen extraños, alguna motivación hay detrás que no es la verdad”, concluyó el funcionario, quien en la tarde del domingo también publicó un breve pronunciamiento sobre el tema en sus redes sociales.

Otra parte de la declaración del empresario Venegas tuvo que ver con denuncias que había hecho en medios de comunicación sobre la supuesta incineración irregular de cuerpos de fallecidos en las protestas de 2021, de quienes también dijo que estaban enterrados en el cementerio Serafín como N.N.

Los investigadores le preguntaron por una afirmación que hizo en una entrevista, señalando a un general de la Policía de haber usado ese sistema para quemar cuerpos de personas desaparecidas en las protestas, Venegas respondió que él hablaba del general Carlos Rodríguez, “que era comandante de la seccional de tránsito de Bogotá e inspector de la Policía Nacional”.

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Sobre este episodio de la supuesta cremación de cuerpos, el empresario sostuvo que en diciembre de 2021 habló de ese tema en el Concejo de Bogotá: “Les informo claramente que hay cadáveres que ingresan sin registro a los cementerios del Distrito a diferentes horas de la noche, cuando ya habíamos salido todo el personal del área istrativa del cementerio. En el Concejo inician una investigación por parte de los equipos de trabajo que maneja cada concejal para ver si es cierto lo que yo digo. Ellos determinan por conducta concluyente de ellos individualmente que efectivamente hay la inhumación y exhumación de cuerpos sin documentación”.

Siguió diciendo que conocía de “más de 300 personas, que a hoy pueden ascender a 1.000” que habían sido cremadas en los cementerios distritales y que no habían fallecido por muerte natural.

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Para cerrar su declaración, el empresario Sergio Venegas refirió que antes había intentado poner esta denuncia de irregularidades en el contrato y en el funcionamiento de los cementerios, pero que en la Fiscalía no se la quisieron recibir, y añadió que ahora mismo le preocupa su seguridad y la de su familia por amenazas que ha recibido.

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