Las razones por las cuales el general Romero permanecerá recluido

El Tribunal Superior de Bogotá acogió la petición de la Fiscalía y la Procuraduría de imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al general Jorge Romero Pinzón,  excomandante de la IV Brigada del Ejército, mientras se adelanta el proceso en el cual se le señala por supuestos hechos de corrupción al interior de la unidad militar que dirigía.  

Durante la audiencia, la Fiscalía manifestó que el fin de semana algunos de los testigos en el proceso fueron abordados en Medellín por de la Inspección General del Ejército, por lo que pidió protección para estas personas.

"Abordar a los testigos les generó preocupación. Ellos están activos aún en el Ejército, lo que los hace vulnerables a afectaciones en su desarrollo laboral", señaló el ente acusador.

Esa fue una de las razones por las cuales solicitó detención privativa contra el general, mientras avanza el proceso.  El Tribunal Superior de Bogotá le solicitó al comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, adoptar medidas para proteger a los testigos. 

Además, le pidió a la Procuraduría iniciar una investigación para saber si hubo faltas disciplinarias en esos hechos. 

"Hay una labor paralela de entorpecimiento de destrucción de documentación, de desaparición de carpetas, de sustitución de carpetas, de reuniones de testigos, todo eso se infiere de esta información que ha suministrado la Fiscalía”, dijo el magistrado Tribunal Superior. 

Romero Pinzón responde por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, cohecho propio y concierto para delinquir agravado.

Supuestamente el general, quien actualmente está suspendido del cargo, habría participado en la adjudicación irregular de por lo menos 26 contratos, por los cuales pedía el 10 por ciento de ganancia del valor total.

Así, según el ente acusador, Romero adaptaba los pliegos para que las empresas que lo beneficiaban a él, pudieran adquirir el contrato. 

Además, la Fiscalía señala que tan pronto se evidenciaban irregularidades, Romero torpedeaba las investigaciones o no dejaba que siguieran su curso. 

“Esto no se lo ha inventado la Fiscalía, esto es fruto de un trabajo investigativo serio que ha puesto de presente cómo existe una organización orientada a adulterar toda la evidencia incriminatoria con la finalidad de desviar el proceso de sus fines procesales”, señaló el Tribunal de Bogotá. 

El magistrado hizo un recuento de lo que dijo la Fiscalía. “En esta audiencia no estamos haciendo una evaluación sobre su responsabilidad, lo que será posible únicamente en un juicio (…) aquí rige la presunción de inocencia”, aseguró el magistrado.

“Solo puede haber lugar a una medida privativa en el evento que la Fiscalía haya probado que esas medidas de carácter adicional, (las no privativas de la libertad), eran insuficientes para evitar la comprensión de los riesgos procesales”, señaló el magistrado.

El magistrado dijo que el general Romero Pinzón tenía a su disposición a un estado mayor y a comandantes cuando fue jefe de la división de la Cuarta Brigada y que en su momento se dio "un extenso proceso de contratación istrativa" . 

Luego de hacer referencia a algunos de los 26 contratos que expuso la Fiscalía en la imputación de cargos, el magistrado aseguró que hay pruebas “claras y coherentes”, como entrevistas, interrogatorios, declaraciones juradas, evidencia documental y una gran cantidad de interceptaciones telefónicas, la necesidad de una medida restrictiva de la libertad para el general Romero.

Además, el magistrado descartó una medida domiciliaria. “Lo que tiene entre manos el tribunal es de tal gravedad que ninguna de esas medidas menos restrictivas es suficiente”, señaló.

El magistrado aseguró que frente a las interceptaciones hechas por la Fiscalía y presentadas para sustentar la medida de aseguramiento, solo al final la defensa “nos sorprendió a todos con un juicio de valor”.

Dijo que el Tribunal ite la presunción de buena fe por parte del ente acusador, pues “si (la defensa) dudaba de la buena fe de la Fiscalía o decía mentiras debía intervenir y poner de presente los hechos que le constaran”.

REDACCIÓN JUSTICIA 

Twitter: @JusticiaET