Estado colombiano se ahorró 46 billones de pesos en la tercera demanda nacional más cuantiosa de la historia

Un fallo del Consejo de Estado, emitido el pasado 23 de septiembre, se convirtió en una gran victoria para el Estado colombiano, que logró ahorrarse 46 billones de pesos de un proceso judicial que lo obligaba a pagar esta cuantiosa indemnización, por la presunta ilegalidad de la operación de la Oficina de Tránsito de Sampués, Sucre. 

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Un grupo de más de 50 personas demandó a entidades del gobierno, como el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Superintendencia de Transporte, la Procuraduría y el Departamento de sucre, por perjuicio a conductores y actores viales del municipio de Sampués, que habrían sido afectados por multas y comparendos de la Oficina de Tránsito, que, según demandaban, operaba de forma ilegal. 

Luego de un estudio detallado, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que la demanda "contenía varias pretensiones, algunas de ellas presentadas fuera del plazo permitido por la ley", lo que terminó tumbando por caducidad el caso. Así mismo, esta Corte estableció que la Oficina de Tránsito sí fue creada de manera legal y que las infracciones que realizó están soportadas. 

Esta decisión representó un ahorro millonario a las arcas del Estado, que se evitó pagar 46 billones de pesos de indemnizaciones a los demandantes. En la demanda intervino la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, que se anotó este triunfo de una demanda que ranquearon como la tercera de mayor cuantía y a su vez una de las más confusas por la cantidad de pretensiones que contenía, tal como lo terminó sentenciando el Consejo de Estado.

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"Este fallo se convierte en una gran victoria para el país, ya que protege los recursos públicos y refuerza la autoridad de las entidades encargadas de hacer cumplir con las normas de tránsito", dijo el director de la Agencia, César Palomino.

Pero esta fue una batalla mas no la guerra. Según información entregada por la Agencia a este diario, en la justicia colombiana aún cursan procesos de demandas multimillonarias contra la Nación, que, acumuladas, representarían más de 200 billones de pesos. 

Una de ellas es por los daños ambientales por el derrame de crudo, en Coveñas, en las que se demandó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, el Minminas, la Anla, y el Oleoducto Central S. A. por un valor de 28 billones de pesos. Y otra, en contra de la ANI, el Invías, Mintransporte y Supertransporte, por el mal estado de la transversal del Caribe, cuya indemnización asciende a 24 billones. 

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SARA VALENTINA QUEVEDO DELGADO

Redacción Justicia