Las demandas más caras que enfrenta el Estado colombiano: hay más de 200 billones de pesos en juego

Hechos como que una secretaría de Tránsito haya seguido operando pese a que había sido suprimida, derrames de crudo en Sucre y Córdoba y el mal estado de una vía, hacen parte de las diez demandas más costosas que enfrenta la Nación, según datos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que revelan que estos procesos suman pretensiones por más de 200 billones de pesos.

(Le dejamos: 'Confío en que todo el país político va a respetar a la Defensoría y a confiar en la autonomía mía': Iris Marín).

Algunos de estos pleitos llevan décadas ante juzgados y tribunales o están a la espera de una determinación final por parte de las altas cortes. Si las cosas salen como los demandantes esperan se abriría un hueco considerable en las finanzas del Estado: estos procesos cuestan un poco más que el presupuesto que en 2024 tuvieron los tres sectores con mayor inversión del país (Educación, Salud y Defensa, con 187 billones de pesos).

El proceso con las pretensiones más cuantiosas es el de la Secretaría de Tránsito de Sampués, Sucre, en el cual los demandantes piden una reparación de 46,2 billones de pesos alegando que esta entidad impuso multas, hizo traspasos de carros o de matriculas, canceló placas o duplicó licencias, entre otros trámites, cuando ya la Secretaría había sido suprimida, en 2002. Este caso está a la espera de un fallo de segunda instancia, pues en 2016 se itió una apelación que definirá si la Policía, la Procuraduría, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte deben compensar a los demandantes.

(Puedes ver: El Estado enfrenta más de 339.000 demandas con pretensiones por más de 700 billones de pesos, ¿cuáles son las más caras?).

Le sigue una demanda por daños ambientales por el derrame de crudo en Coveñas. En este caso los demandantes argumentaron que desde hace más de 20 años los municipios de Santiago de Tolú, Coveñas y San Antero, y su zona de influencia geográfica, han sido víctimas de derrames durante las actividades de cargue y descargue en el puerto. Las pretensiones de esta demanda, radicada en 2014, suman 27,9 billones de pesos, que se reclaman de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, el Minminas, la Anla, y el Oleoducto Central S. A.

En un tercer proceso, que se inició en 2018, se reclaman 24,2 billones de pesos en reparación por el mal estado de la ruta nacional 25 y la ruta nacional 90. Según la demanda, el tramo comprendido entre Sincelejo y Toluviejo, Sucre, y la vía denominada transversal del Caribe, que va entre Toluviejo y Coveñas hasta el peaje de San Onofre, está tan deteriorada que se volvió intransitable. Es por eso que reclaman una reparación de parte de la ANI, el Invías, el Mintransporte y la Supertransporte.

La calidad del servicio de energía en el Caribe también ha llevado a demandas, pues el cuarto proceso más caro contra la Nación, con pretensiones por 21,3 billones de pesos, tiene que ver con que no se garantizó la energía pese al cobro de un cargo por confiabilidad. La demanda, de 2017, dice que ese cargo era para garantizar a los s la confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica bajo condiciones críticas, pero se advierte que las entidades demandadas no hicieron uso del cargo, generando un enriquecimiento injustificado a favor de las mismas con los recursos pagados por los demandantes. 

Las demandadas en este caso son la Creg, la empresa Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe (Gecelca), el Ministerio de Minas, la Superintendencia de Servicios Públicos y Gestión Energética S. A. ESP.

(Puede ver: Ante posible atentado, Procuraduría pide protección para magistrados del Palacio de Justicia).

Así mismo, los sobrecostos en la modernización de Reficar le generaron en 2022 una demanda al país en la que se piden 19,7 billones de pesos y en la que se cuestiona, entre otras cosas, que el proyecto no tuvo la debida planeación, llevando a un retraso de más de 27 meses.

Entre los procesos más caros también hay una demanda por las aspersiones con glifosato que por años se hicieron para combatir los cultivos de coca. Puntualmente, esta demanda es porque en 2015 se hicieron aspersiones sobre municipios de Chocó que terminaron cayendo sobre cultivos legales, en fuentes hídricas y zonas habitadas. Por estos hechos, desde el 2021 cursa una demanda por 19,4 billones de pesos.

Otra de las más caras demandas contra la Nación guarda relación con falta de respuesta a los enfrentamientos en Catatumbo entre grupos armados ilegales. Según el recurso, por los perjuicios causados contra la población, en 2018 se interpuso esta demanda en la cual se reclama una reparación de 11,1 billones de pesos. 

Completan el listado de demandas tres procesos que suman entre ellos 34,4 billones de pesos en pretensiones y tienen que ver con fallas en el servicio de istración de justicia ($ 15,6 billones), un supuesto error al proferir una sentencia ($ 10,5 billones) y una omisión en la regulación de unas tarifas móviles ($ 8,3 billones).

María Isabel Ortiz Fonnegra - Redacción Justicia - @JusticiaET