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Noticia
Atención: Procuraduría inhabilitó por 10 años al excanciller Álvaro Leyva por irregularidades en licitación de pasaportes
El exfuncionario del Gobierno ha insistido en que actuó para salvaguardar los intereses estatales.
Por las irregularidades cometidas en la licitación para adjudicar el contrato de impresión de pasaportes, la Procuraduría sancionó al excanciller Álvaro Leyva con una inhabilidad y destitución para ejercer cargos públicos por 10 años, fallo de primera instancia que fue apelado por su defensa.
Si bien el procurador ponente Ernesto Espinosa había asegurado que iba a dar a conocer el fallo en agosto pasado, esto se materializó apenas este 12 de noviembre, desde la sede principal del órgano de control, ubicado en Bogotá, y sin la presencia del disciplinado, quien arribó al edificio pero no entró a la cita.
Este escándalo nació el año pasado en septiembre, cuando el excanciller del Gobierno Nacional declaró desierta ,bajo la Resolución 7485, la licitación de pasaportes por cerca de 600.000 millones de pesos, debido a que estaría direccionada a beneficiar a la empresa Thomas Greg, que durante 17 años ha mantenido este negocio.
Según Leyva, ese freno lo hizo para salvaguardar los recursos estatales, pues al parecer todo estaba acomodado para que la compañía se quedara con la jugosa contratación. Pero para la Procuraduría, con ello pudo haber vulnerado principios establecidos en la ley de tipo económico, de transparencia y de responsabilidad.
Pasaportes. Foto:Cancillería
Posterior a ello, y para garantizar la expedición de este documento durante 12 meses, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró la urgencia manifiesta bajo una resolución que también fue objeto de reparos -la 7541 del 14 de septiembre-. Con esa decisión, al parecer también incurrió en una vulneración a los principios que rigen la contratación estatal.
La licitación desierta pasó a ser el primer cargo en el llamado a juicio disciplinario de Leyva, mientras que la declaración de urgencia manifiesta se convirtió en el segundo cargo. Frente al primero, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento encontró argumentos suficientes contra el exfuncionario, pero no frente al segundo hecho.
Audiencia contra el excanciller Álvaro Leyva en la Procuraduría por caso pasaportes. Foto:Sergio Acero/El Tiempo
La decisión del procurador
Ernesto Espinosa empezó la audiencia de lectura de fallo indicando que el caso se resolvió solo con dos procuradores de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento, a la que pertenece. Después pasó a explicar cómo fueron, en 2023, los aplazamientos y trámites alrededor de la licitación de pasaportes.
Así fue como recordó que el comité a cargo de este proceso sugirió que le fuera adjudicada a la Unión Temporal Pasaportes 2023, integrada por Thomas Greg. Sin embargo, vinieron varias decisiones como el freno a la licitación y la urgencia manifiesta por 12 meses.
En cuanto al proceso disciplinario, Espinosa indicó que la imputación fue precisa, pues se especificó cuáles fueron las vulneraciones de tiempo, modo y lugar en las que incurrió Leyva. Y frente a los problemas jurídicos abordados en este expediente, el delegado recordó que para la Procuraduría el entonces canciller declaró desierta la licitación sin tener los presupuestos técnicos para ello.
En su momento, frente a este punto la defensa de Leyva consistió en decir que su "obligación era ser garante de los derechos de quienes quisieran hacer parte del proceso licitatorio”, añadiendo que “el presidente Gustavo Petro llama la atención porque solo una empresa entrega pasaportes (…) Me abrió los ojos y me llevó a darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Tenía razón el Presidente”.
Yefferson Dueñas, abogado de Leyva. Foto:Sergio Acero Yate / El Tiempo
Para la sala de la que hace parte Ernesto Espinosa, tras una revisión "al ministro Álvaro Leyva lo que le correspondía era adjudicar el contrato al oferente que cumplió". Es decir, Thomas Greg, empresa que les ganó a otras 10 interesadas en el negocio.
Otra de las frases relevantes que dijo el delegado es que si era tan claro para el exministro que las reglas estaban dadas para favorecer a una empresa en particular, "se pregunta esta sala cuáles eran esos condicionamientos que, según él, solo podía cumplir la Unión Temporal Pasaportes 2023". En otras palabras, esos puntos no fueron mencionados en la resolución que expidieron desde la Cancillería para frenar la licitación.
Además, que las observaciones que en la convocatoria presentaron otras empresas interesadas en el contrato, como Cadena SA, fueron examinadas por el comité evaluador. "De igual manera las observaciones que hizo el procurador delegado para la vigilancia preventiva, fueron atendidas por el secretario general (José Antonio Salazar)", señaló Espinosa.
Ernesto Espinosa, procurador. Foto:Sergio Acero/El Tiempo
Para la Procuraduría, en el ámbito disciplinario no puede tomarse como un elemento de peso la decisión de la Fiscalía de archivar una denuncia del año pasado contra el excanciller, en la que se determinó que no hubo infracciones al Código Penal por lo hecho con los pasaportes.
En conclusión, tras los cinco problemas jurídicos analizados, "el disciplinado vulneró los principios de transparencia, economía y de responsabilidad", los cuales constituyen una falta gravísima, ya que participó en la etapa preual con desconocimiento de esos tres principios. Durante las audiencias, esta tesis nunca fue derrotada por el abogado Yefferson Dueñas y su equipo, el cual sostuvo que su cliente actuó de acuerdo a la ley.
Sin embargo, al momento de referirse al segundo cargo -el de la urgencia manifiesta-, la Procuraduría determinó que el disciplinado no actuó por fuera de la ley, y que incluso ese evento se derivó del freno a la licitación, por lo que no puede juzgársele por lo mismo dos veces. "En este orden de ideas, la sala determina que el cargo segundo, aunque sea típicamente ilícito, no es probable", leyó el procurador ponente.
'No sorprende la decisión': Defensa de Leyva
El abogado Yefferson Dueñas explicó que no le sorprende la decisión que tomó el ente de control, que según él, por primera vez sanciona a un ministro por no suscribir un contrato de esta índole. En ese sentido, planteó que apelará el fallo de primera instancia.
Es de recordar que por este caso, a inicios de este año Álvaro Leyva estuvo suspendido provisionalmente de su cargo durante seis meses, esto porque podría afectar el transcurso de la investigación siendo el ordenador del gasto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por otro lado, el caso de los pasaportes tiene otro capítulo en la justicia, pues Thomas Greg demandó a la Cancillería por un valor de 117.000 millones de pesos, debido a los supuestos perjuicios generados. El expediente se lleva en el Tribunal istrativo de Cundinamarca.