Pasaportes: Día clave en la Procuraduría para dictar fallo en caso contra el excanciller Álvaro Leyva

Un año y un mes después de vincularlo a un proceso disciplinario, este martes la Procuraduría tiene previsto decidir el caso que sigue contra el excanciller Álvaro Leyva por las presuntas irregularidades alrededor de la licitación para expedir los pasaportes en Colombia, negocio que en los últimos años ha estado a cargo de la empresa Thomas Greg.  

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La audiencia para dictar un fallo empezará desde las 9 de la mañana en la sede principal del Ministerio Público, ubicado en Bogotá. El procurador Ernesto Espinosa, ponente del caso, tiene la tarea de resolver junto a sus compañeros si Leyva incurrió en alguna falta disciplinaria que amerite sanción, teniendo en cuenta los argumentos de su defensa, presentados por el abogado Yefferson Dueñas.

Son dos los cargos que en septiembre del año pasado, cuando abrió una investigación formal, enlistó el ente de control. El primero es que al declarar desierta la licitación 001 de 2023 -la de expedición de pasaportes-, Álvaro Leyva al parecer vulneró la contratación estatal porque no tenía fundamentes técnicos y jurídicos para dicho freno.

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Para ese entonces, el interés del Gobierno Nacional -hasta el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto- era no adjudicar el millonario contrato por cerca de 600.000 millones de pesos a Thomas Greg, pues querían evitar que el negocio se volviera a concentrar exclusivamente en ellos, como viene pasando desde hace 17 años.

Durante las audiencias en su contra, el excanciller explicó que su "obligación era ser garante de los derechos de quienes quisieran hacer parte del proceso licitatorio”, al cual en un principio se habían presentado 11 compañías que fueron quedándose en el camino. 

Y añadió que “el presidente Gustavo Petro llama la atención porque solo una empresa entrega pasaportes (…) Me abrió los ojos y me llevó a darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Tenía razón el Presidente”.

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El otro cargo tiene que ver con la Resolución 7541 del 14 de septiembre de 2023, con la que el Ministerio de Relaciones Exteriores oficializó una declaratoria de urgencia manifiesta por 12 meses para no afectar el servicio de impresión de pasaportes. Es decir, una vez frenada la licitación, con dicho mecanismo pudieron contratar directamente sin necesidad de hacer otra convocatoria. 

En este punto, el pliego de cargos contra Álvaro Leyva dice que se expidió la resolución sin que se dieran, al parecer, las condiciones para ello, vulnerando así principios de la contratación estatal. 

En su momento, la investigación también abarcó al entonces secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez, pues a cargo de ese despacho estaban decisiones sobre este caso. Precisamente, él fue una de las personas que intervino a lo largo del juicio disciplinario, así como Martha Lucía Zamora, exdirectora para la época de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Por diferencias con Leyva, ella dejó ese cargo. 

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Este escándalo de los pasaportes y la puja entre el Gobierno y Thomas Greg le valió al excanciller Leyva una suspensión del cargo por seis meses, dividida en partes iguales. El pasado 24 de enero, al momento de llamarlo a un juicio disciplinario, la Procuraduría primero lo apartó por tres meses para que no fuera a intervenir en la investigación. 

"La Sala Disciplinaria sostuvo que la medida se tomó en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes", explicó el ente de control manejado por Margarita Cabello Blanco.

Y el 23 de abril tomó la misma determinación resaltando que como ordenador del gasto, Leyva podía seguir afectando el desarrollo del caso. Así lo explicó en un comunicado: "El Ministerio Público consideró que las condiciones existentes para la fecha en la que se ordenó la medida no han desaparecido, motivo por el cual de reintegrarse el disciplinado al cargo podría darse la reiteración de la falta en el actual proceso licitatorio".

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Después de esto, al puesto entró el actual canciller, Luis Gilberto Murillo, quien se venía desempeñando como embajador de Colombia ante Estados Unidos. Él fue quien estuvo liderando la conciliación con Thomas Greg alrededor de la demanda que la empresa presentó por 117 mil millones de pesos ante el Tribunal istrativo de Cundinamarca, alegando una indemnización por los perjuicios causados en el proceso licitatorio. Ese caso, por ahora, no se ha definido.

No obstante, mientras la Imprenta Nacional alista sus protocolos para empezar a imprimir los pasaportes -tal y como lo estimó el Gobierno del presidente Petro-, Thomas Greg está a cargo de dicho negocio por unos meses.

Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - [email protected]