Alertan por inminente liberación de procesados por feminicidio

El asesinato de una joven de 15 años por parte de su novio, de 21, en medio de una discusión en Cimitarra, Santander, el pasado 16 de julio es uno de los últimos feminicidios en Colombia, en donde entre enero y mayo de este año el Instituto de Medicina Legal ya contaba 48 casos.

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No solo la cifra es preocupante, pues significa que cada mes de este año hubo casi 10 casos, aunque puede haber un subregistro, incluso la Fundación Feminicidios Colombia contabiliza 134 casos este año, sino que por cuenta de demoras en el proceso, los señalados agresores pueden quedar libres, de hecho, la Procuraduría General adelanta ahora mismo un seguimiento especial a 64 procesos penales por feminicidio en Bogotá, en los que los investigados saldrían de prisión por vencimiento de términos en los próximos días.

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EL TIEMPO estableció que el Ministerio Público pedirá a los jueces que programen las audiencias con mayor celeridad, así como que se decreten las medidas necesarias para proteger a las víctimas, pues estos 64 casos estaban en etapa de juicio en el primer semestre de este año y hay casos con personas detenidas desde 2020, lo cual genera el riesgo de libertad, sostiene la Procuraduría, puesto que según el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, en general las medidas de aseguramiento privativas de la libertad tienen una vigencia de un año hasta que se emite el sentido del fallo.

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Aunque en estos momentos el seguimiento del órgano de control por las posibles libertades se concentra en Bogotá, esta situación no es exclusiva de la capital del país, como denuncia también la Fundación Feminicidios Colombia.

Yamile Roncancio Alfonso, directora de la Fundación y abogada, explicó que han tenido que poner tutelas buscando evitar que los procesados queden en libertad por las demoras en su judicialización; de hecho, están ad portas de interponer otra para que el señalado secuestrador y asesino de una mujer en Magdalena no quede libre.

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El crimen por el que es procesado ocurrió en 2021, la víctima era una mujer joven que tuvo una corta relación con el procesado, “ella ya tenía dos hijas y él la amenazó muchas veces diciéndole que si no seguía con la relación, le iba a matar a sus hijas. Él le impedía trabajar, la obligaba a pedirle plata a su familia para él, y como ella intentó dejar la relación, la secuestró y la mantuvo encerrada en la casa durante 6 días; finalmente ella logra salir y huir a otro pueblo pero él la localiza, la conduce a un hotel y allí la asesina con sevicia”, relató.

Solo hasta este año el hombre pudo ser capturado y aunque se han hecho varios intentos de la audiencia de formulación de acusación, en los tres lugares de reclusión en donde ha estado, no ha sido posible que se conecte “y ya se solicitó una audiencia de petición de libertad por vencimiento de términos”, expuso la abogada, quien aseguró que estas situaciones no son inusuales.

Carolina Solano, subdirectora de Justicia de la organización Sisma Mujer, coincidió en que son frecuentes las libertades por vencimiento en este tipo de casos, así como en los de violencia intrafamiliar, por motivos de inoperancia institucional, pues muchas veces los fiscales no están capacitados para estos casos o por estrategias dilatorias.

De hecho, en 2019 Sisma acompañó dos procesos en los que se pidió la libertad del procesado, uno por feminicidio, en el cual se logró que el juez no la concediera, y otro por tentativa de feminicidio en el que el procesado sí quedó libre, lo cual representa un muy alto riesgo para la víctima.

Además, Solano cuestionó que pese a que los fiscales y los jueces pueden ordenar medidas de protección como el desalojo del agresor cuando están frente a casos de riesgo para las mujeres, raramente lo hacen, “la ley establece que jueces y fiscales que conozcan este tipo de casos tienen la capacidad de decretar medidas de protección, pero lo que hacen es remitir una denuncia a la Comisaría de Familia para que se encargue y eso puede ser demorado”, explicó.

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Sobre las situaciones que llevan al vencimiento de términos, la abogada penalista Dalila Henao señaló que hoy en día el ordenamiento jurídico colombiano no contempla ningún tipo de mecanismo que acelere de manera especial ningún proceso por ningún delito, y aunque el vencimiento de términos y la prescripción son herramientas para presionar a los funcionarios judiciales a acelerar los trámites, “en muchas oportunidades la capacidad de respuesta de los funcionarios es ampliamente superada por la carga laboral asignada. Hablamos no de una ineficacia de las herramientas jurídicas existentes, sino de un problema estructural en la istración de justicia”.

Al respecto Margarita Cabello, procuradora general, señaló que de cara a evitar estas libertades el órgano de control está haciendo seguimiento a los casos, solicitando su priorización, y verificando que no se tengan en cuenta dilaciones de la defensa.

“Es importante que el enfoque de género no se aplique solo en la valoración de las pruebas sino también en la debida diligencia para una mayor celeridad de los procesos, y en toda la actividad procesal, porque las medidas de detención en estos casos lo que pretenden es proteger a las víctimas”, aseveró.

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Y añadió que aunque la Rama Judicial ha avanzado en perspectiva de género, son necesarios más esfuerzos. Por eso, la Procuraduría también adelanta capacitaciones a sus funcionarios “en temas como la valoración de la prueba con enfoque diferencial de género y he dado directrices para la aplicación por parte de los procuradores del enfoque de género en todas las etapas procesales, con la finalidad de que se presenten al interior de los procesos de violencia contra la mujer, las solicitudes de aplicación del enfoque de género como parte del mandato de debida diligencia”.

Dentro de la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género de la Procuraduría, además del seguimiento a los casos de posibles libertades, también se priorizó el conocimiento de 143 procesos por feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia intrafamiliar en todo el país. De esos procesos priorizados, 85 son investigaciones por feminicidio, 19 por tentativa y 39 por violencia intrafamiliar.

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Por feminicidio, el órgano de control tiene priorizados 10 procesos en Bogotá, 10 en Valle del Cauca; en Antioquia y Cesar, 9 en cada uno; 8 en Atlántico; 7 en Santander, y 6 en Sucre, entre otros. Por tentativa de feminicidio se hace seguimiento especial sobre 5 procesos en Bogotá, y 2 en Cundinamarca, Córdoba y Atlántico, respectivamente, entre otros. Y por violencia intrafamiliar hay priorizados 9 casos en Bogotá, 5 en Cundinamarca, y 3 en Valle del Cauca y Boyacá, respectivamente, entre otros departamentos.

Así mismo, solo este año la Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres ha remitido a las personerías municipales 282 alertas sobre riesgo inminente de feminicidio, para que esas entidades gestionen ante las autoridades municipales las medidas de protección requeridas para las víctimas.

“La violencia contra las mujeres es una forma de perpetuar los estereotipos de género por lo que hay que atacar las causas estructurales de las desigualdades, las brechas sociales y la cultura machista, a la par de la existencia de rutas de atención eficaces que permitan respuestas rápidas de atención integral para las víctimas desde los primeros actos de violencia. Tenemos activa una línea de atención integral para apoyarles y articular lo que sea necesario”, concluyó la procuradora Cabello.

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