Procuraduría responde a congresistas que la cuestionan por Santurbán

Una carta firmada por 63 congresistas y dirigida a la procuradora Margarita Cabello solicitándole suspender una reunión en la que se trabajaría en la delimitación del páramo de Santurbán ha causado revuelo en la opinión pública, y la respuesta de la Procuraduría con una carta que en 12 páginas trata los planteamientos hechos por los parlamentarios.

En la misiva –firmada por senadores y representantes de partidos como Pacto Histórico, Movimiento Alternativo Indígena y Social, Alianza Social Independiente y el Partido Verde– se argumenta que la reunión que se hará en California (Santander), es apresurada. “Nos preguntamos, ¿por qué la Procuraduría presiona para que el próximo 29 de julio se realice una reunión perentoria a menos de 10 días del cambio de gobierno?”, dicen.

A este punto, la Procuraduría respondió que la reunión se "reprogramará para el día 22 de agosto de 2022, con el fin de que los dignatarios y responsables del nuevo Gobierno Nacional puedan hacerse parte del diálogo convocado".

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La comunicación de los congresista también indica que “la delimitación es el paso previo a la licencia prometida a Minesa por el presidente Duque en su viaje a los Emiratos Árabes y la firma de un TLC que incluye la explotación de oro en las entrañas del páramo”. Asimismo, los parlamentarios alegan que la Procuraduría no tendría competencia para facilitar procesos de delimitación del páramo.

A esto la Procuraduría respondió que como ente de control sí tiene capacidad de conocer y acompañar este proceso. 

Sobre este tema, la carta firmada por Gustavo Guerrero, procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, asegura que “en cumplimiento de las funciones y competencias atribuidas en los artículos 277 y 278 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 262 de 2000, este ente de control ha venido adelantando la vigilancia y el acompañamiento al cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 a través de diversas actuaciones preventivas y disciplinarias”.

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La sentencia T-361 de 2017 fue proferida por la Corte Constitucional y en ella se ordena una nueva delimitación del páramo de Santurbán por deficiencias en la delimitación anterior. En esa providencia judicial se señala que la Procuraduría debe “vigilar, apoyar y acompañar el pleno cumplimiento de lo determinado en el presente fallo, con el fin de garantizar la efectividad de los derechos aquí protegidos y garantizar la participación de la comunidad en la delimitación del Páramo de Jurisdicciones Santurbán - Berlín”. 

Según el procurador Guerrero, es impreciso asegurar que con estas mesas de trabajo se pretenda expedir una licencia ambiental. “La Procuraduría no está presionando absolutamente nada, porque a esas mesas convocadas no se está llenado un acta de delimitación ni ningún documento que se espera que sea firmado por nadie. Es absurdo plantear siquiera que como fruto de esas mesas se espera que se produzca una licencia ambiental, esas mesas no tienen competencias para expedir una licencia ambiental. Expedir una licencia ambiental tomaría cuanto menos seis meses”.

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La respuesta, según Guerrero, es aclarar algunas de las afirmaciones hechas por los congresistas y resaltar la importancia de la Procuraduría en el desarrollo de procesos de concertación como estos. “De ninguna manera se puede afirmar, de forma especulativa, sin sustento, y con desconocimiento absoluto del alcance del proceso de delimitación que lo que se busca es favorecer los intereses de mineros de una multinacional o de otros actores del sector o del Gobierno nacional”, señaló el funcionario.

Al respecto, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Pedro Suárez Vacca, uno de los firmantes de la carta dirigida a la Procuraduría, aseguró que actualmente se encuentran analizando la información y las precisiones que realiza el ente de control para poder pronunciarse de fondo sobre lo que este dice. 

“Nosotros vamos a analizar punto por punto. La Procuraduría nos ha dicho que no es cierto que ellos estén presionando esa mesa de trabajo, la información que hemos tenido de algunos pobladores de la región nos indica otra cosa. Vamos a contrastar la información que se nos ha dado a nosotros con la que nos está dando la Procuraduría”, señaló el congresista. 

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De acuerdo con Suárez, entre los pobladores de la región cercana a Santurbán hay preocupación que se les ha comunicado a los Congresistas porque no hay una participación activa por parte de la comunidad en estos espacios. 

“Nosotros consideramos que la Procuraduría es un ente meramente de control. Ellos no pueden entrar a tomar decisiones de fondo con la actividad concretamente de medioambiente. Habría que verificar qué tipo de decisiones pretende tomar a la luz de esas convocatorias que están haciendo, a ver si corresponde o no a las funciones que le han sido asignadas”, señaló Suárez. 

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REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE