Las líneas rojas de la Fiscalía frente a nuevo proyecto de sometimiento de bandas

En entrevista con EL TIEMPO, el fiscal general Francisco Barbosa se refirió a los proyectos de ley en materia judicial que prepara el Gobierno y que volverán al Congreso en esta nueva legislatura.

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Mire, esa es una propuesta francamente impresentable. Le agregan al principio de oportunidad una causal inconstitucional, bajo el supuesto genérico y gaseoso de que existen casos en los cuales la persecución penal disuade, en el ciudadano, la expectativa de ejercer un derecho constitucionalmente protegido. Eso es absurdo. Bastaría con que el delincuente pidiera el beneficio solo porque siente temor de la acción de la justicia y quiere ejercer, por ejemplo, su derecho a la paz.

¿Ve hacia dónde conduce esto? Y el argumento que da el proyecto es falaz, pues en el ordenamiento jurídico hay mecanismos sustantivos y procesales que les permiten a fiscales y jueces decidir cuándo el ejercicio de la acción penal es proporcional a la expectativa de ejercer derechos fundamentales.

Más grave aún, el mismo artículo permite expresamente otorgar este manto de impunidad a cabecillas de organizaciones criminales, incluidas las que se dedican al narcotráfico y al terrorismo. El presidente Gustavo Petro ha sido receptivo a nuestras anteriores inquietudes al proyecto de humanización, yo espero sinceramente que se escuchen nuestros argumentos y desistan de este despropósito.

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No lo veo así. En su momento, el Gobierno planteó despenalizar esa conducta y nosotros nos opusimos, porque atentaba contra los mecanismos de participación democrática y la lucha contra la corrupción. Entiendo que la nueva propuesta adopta la postura de la Corte Constitucional. Al final, la inhabilitación requiere convalidación judicial y quien sea elegido en esas condiciones seguirá cometiendo delito.

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Yo encuentro positivo que se busque la manera de llevar a cabo los procesos de sometimiento a la justicia mediante los canales jurídicos e institucionales ya existentes. En todo caso, hay líneas rojas en las que no dejaremos de insistir: penas efectivas de prisión, recursos para que la Fiscalía y los jueces puedan judicializar a estas personas con los medios de prueba debidamente recaudados. También los bienes asociados al delito deben destinarse a las víctimas.

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La Fiscalía remitió una comunicación al Consejo Nacional de Estupefacientes en la que manifestábamos nuestro desacuerdo con esa política. Siempre estamos abiertos a las discusiones.

Desafortunadamente el ministro Osuna señaló que el Gobierno no necesitaba de conceptos para aprobar el texto, ya que la ley lo autorizaba. Es pura democracia de la imposición. Por mí que haga lo que considere necesario y dejo constancia de mi coherencia y defensa de la institucionalidad.

CARLOS LÓPEZ 

Redacción Justicia

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