Fabián Castillo y Margarita Restrepo, enredados por compra de votos

El fiscal general Néstor Humberto Martínez reveló este jueves los nombres de las personas que serán investigadas por haber cometido delitos electorales durante los comicios legislativos del pasado mes marzo, entre ellos los congresistas electos Fabián Castillo (Cambio Radical), Margarita Restrepo (Centro Democrático) y Aída Merlano (Partido Conservador), ya detenida, así como la excandidata a la Cámara. Lilibeth Llinás (Cambio Radical). 

Según el ente acusador habría unos 2.000 intermediarios organizados para favorecer esas candidaturas al Congreso. 

Martínez dijo que el primer resultado tiene que ver con la operación 'Casa Blanca', de la que hizo parte la senadora electa Aída Merlano. El fiscal describió la organización como "una verdadera empresa criminal", en la que además de Merlano terminaron beneficiados otros candidatos.

De acuerdo con el fiscal, en esta segunda fase de investigación se revisaron 2.112 horas de video en las cuales se descubrió que la organización delictiva operó también en el 2015 en las elecciones regionales, y luego en las legislativas del 2018. De hecho, dijo el Fiscal, se estaba proyectando para el futuro pues en un video en poder del ente investigador se escucha decir a uno de los integrantes de la red: "para las próximas campañas vamos a trabajar con sistemas no con las manos".

Otra de las beneficiarias de esta red habría sido la candidata a la Cámara de Representantes Lilibeth Llinás -no resultó elegida-, a quien también se le imputarán cargos.

Entre los dirigentes políticos de la región vinculados a la red se encuentran los diputados Jorge Rangel y Margarita Balén, así como los concejales y exconcejales Juan Carlos Zamora, Aissar Castro Reyes, Aissar Castro Bravo y Vicente Támara. A estos exfuncionarios se les imputarán cargos por concierto para delinquir y corrupción al sufragante. 

La organización contaba con 2.323 líderes locales y barriales que se encargaban de la venta de paquetes de votantes para los candidatos.

La red se financió tanto con recursos públicos como privados. Específicamente, dijo el Fiscal, había contratos de prestación de servicios de beneficiarios que trabajaban para la 'Casa Blanca' con el Concejo de Barranquilla. Entre los financiadores privados estaban el empresario Julio Gerlein Echeverría y su hermano Mauricio Gerlein Echeverría, quienes serán llamados a interrogatorio.

Con esto se tiene que el dinero de la campaña pasó de lejos los 900 millones que era el tope para ese proceso. Martínez dijo que se habría incurrido en tráfico de votos y violación al tope de financiación de campañas políticas.

La organización tenía roles diferenciados. Los es manejaban el dinero, los punteadores revisaban las listas de líderes reclutados, los certificados electorales y entregaban contraseñas con códigos de barras; los pagadores entregaban las contraseñas en las casas de los líderes y los didactas, enseñaban a votar a los electores y se desempeñaban también como testigos electorales.

"Cada líder estaba encargado de llevar a un centro de operaciones (casa de apoyo) un grupo de personas con un talonario en el que marcaba a los votantes, con fotocopia de la cédula y la huella. Todos se identificaban con corazones de colores. Allí, los punteros verificaban huellas y cédulas de los electores y hacían un proceso completo de capacitación para garantizar que el voto se marcara de forma correcta", describió Martínez sobre el modus operandi de la red. 

Y agregó que para el día de elecciones fueron arrendadas 187 terrazas en Atlántico a donde se presentaron los electores antes y después de votar para recibir el dinero prometido. 

En un segundo proceso, el Fiscal señaló que Sergio Andrés Lora, un ciudadano que fue capturado el día de las pasadas elecciones con 7 millones de pesos en su poder y una lista de votantes , trabajaba para el senador electo Fabián Castillo, lo cual dejó al descubierto la posible existencia de otra red de compra de votos. 

En el marco de esa detención el alcalde de Ciénaga, Margalena, Edgardo Pérez, intentó impedir que Lora fuera judicializado, por lo que también le serán imputados cargos en este proceso por el delito de tráfico de influencia de servidor público.

Y se compulsaron copias a la Corte Suprema para que investigue la posible responsabilidad del actual representante a la Cámara y recién elegido senador Fabián Castillo en delitos electorales.

La Fiscalía también compulsó copias contra la actual representante a la Cámara por el Centro Democrático Margarita Restrepo por Antioquia y quien resultó reelegida en las pasadas elecciones. En el expediente consta que se habrían ofrecido viajes subsidiados a San Andrés por 120.000 pesos, tablets por 30.000 pesos y televisores por 300.000 pesos , siempre y cuando los votantes se comprometieran a votar por ella en los pasados comicios. 

A la vinculación de de su partido en esta investigación reaccionó el expresidente Álvaro Uribe Vélez: "Todos estos años el Centro Democrático denunciando corrupción, mermelada y que aparezcan candidatos nuestros en compra de votos, qué daño hacen si esto fuera verdad".

De acuerdo con la Fiscalía, la campaña logró recaudar una suma importante de dinero. Se confirmó que 55 personas viajaron a San Andrés, pero otros no recibieron el pago y denunciaron ante la Fiscalía a la campaña por estafa. 

Además de Restrepo, están siendo procesados Alejandro Cuartas Rodas y Elizabeth Jaramillo, funcionarios de la campaña que se encargaron de hacer las ofertas a más de 400 personas. Cuartas y Jaramillo fueron capturados y les serán imputados cargos en Medellín.

"El subdirector del Sena en Caucasia, (Antioquia) Braulio Suárez, habría reunido a empleados y particulares en diferentes lugares públicos para exigirles que votaran por el representante a la Cámara y ahora senador electo, Julián Bedoya Pulgarín", afirmó el Fiscal en la rueda de prensa de este jueves. 

Precisó que Suárez habría exigido el voto advirtiendo que si el candidato era elegido en el Congreso, el subdirector del Sena se encargaría de mantener los contratos de los funcionarios que trabajaban para la entidad. 

En consecuencia Braulio Suárez fue capturado y le serán imputados cargos por corrupción al sufragante en Medellín. 

En Bogotá, por otra parte también se abrieron investigaciones relacionadas con presiones a funcionarios públicos para elegir a ciertos candidatos. 

"Desde noviembre de 2017, Julián Gutiérrez, contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, supuestamente exigió a las profesoras de jardines infantiles de la localidad de Kennedy que votaran de forma direccionada por el candidato a la Cámara, Diego Caro, y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal, con la amenaza de que en caso de no hacerlo, no se les renovarían sus contratos", dijo el ente investigador. 

El jefe del ente acusador señaló que hay otras investigaciones en curso y que serán dadas a conocer cuando en estas haya resultados

Hasta el momento han sido capturadas ocho personas entre ellas la electa senadora Aída Merlano Rebolledo.

El ente acusador identificó varias prácticas entre ellas la existencia de organizaciones con líderes locales que ofrecen a políticos los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero. Esa práctica ahora es delito con una pena de entre 4 y 9 años de cárcel.

JUSTICIA