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‘En 4 años imputamos más al paramilitarismo que en los otros 14 de Justicia y Paz’
Director de Justicia Transicional de la Fiscalía habló de los avances de la entidad en esa materia.
Paramilitares de las Auc en la zona de El Placer, Putumayo. Foto:
El director de Justicia Transicional de la Fiscalía, Salomón Strusberg, habló con EL TIEMPO sobre la acusación al presidente de la Drummond por presunta financiación al paramilitarismo, y de los procesos contra otros empresarios señalados de ese delito. Strusberg también se refirió a los avances de Justicia y Paz durante los años que lleva en implementación.
Salomón Strusberg, jefe de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía. Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO
¿Cuál es el principal logro de la Dirección en estos años?
Está en dos frentes. El primero, unas imputaciones efectuadas a paramilitares por más de 83.000 hechos delictivos. Eso no tiene precedentes en la implementación de la ley de Justicia y Paz. En cuatro años nosotros le hicimos más imputaciones al paramilitarismo que en los otros 14 años de implementación de la ley.
En relación con la persecución de los bienes del paramilitarismo, en un período igualmente de cuatro años logramos triplicar la cuantía patrimonial de los bienes entregados al Fondo de Reparación de Víctimas: durante el periodo 2006-2019 se habían entregado bienes avaluados en 500.000 millones de pesos, cifras absolutamente insuficiente para reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano; nosotros cerramos nuestra istración con una cuantía de más de 1,7 billones de pesos.
¿Por ejemplo sobre los bienes de alias Macaco que se puede decir?
Hacienda Guadalupe de alias Macaco en Antioquia. Foto:Fiscalía
Solamente este año hemos afectado bienes por más de 120 mil millones, algunos bienes están ubicados en Puerto Berrío, especialmente la hacienda Balcanes y la hacienda Guadalupe, solamente esos dos inmuebles están avaluados en 100 mil millones de pesos.
Alias Macaco, jefe exparamilitar. Foto:Cancillería
Hay un resultado muy importante de esta dirección relacionados con alias Macaco, lo que no ofreció y no entregó al Fondo de Reparación a las Víctimas cuando se desmovilizó, es evidente que no cumplió con ese compromiso ¿de qué otra manera se explica usted que más de 100 mil millones se le han impactado en el último año?
A ‘Macaco’ lo expulsaron de Justicia y Paz y hay cierto sector que lo quiere incluir en la JEP, ¿cómo ve esto?
Eso no lo puedo ver con buenos ojos. Aquí había unas reglas en el proceso de Justicia y Paz y esas reglas fueron cumplidas. La petición que yo le haría a alias Macaco, como director Justicia Transicional, es que si esto se llegara a producir, le cumpla a las víctimas y entregue sus bienes para la reparación de ellas.
En cuanto a la Drummond, empresa señalada de financiar el paramilitarismo, la Fiscalía mostró una resolución de acusación contra el presidente y expresidente ¿cuál fue el papel de ellos?
El delito que se ha imputado es concierto para delinquir en la modalidad de promover y financiar estructuras armadas ilegales. Este es un delito que se ha declarado por parte del fiscal como de lesa humanidad, es decir tiene el carácter de imprescriptible, y la tesis que maneja la Fiscalía es que estos dos funcionarios se prestaron deliberadamente para financiar el frente ‘Juan Andrés Álvarez’ para obtener seguridad a cambio de una financiación que estaba disfrazada dentro de su contabilidad.
En el tema de la financiación tienen resultados contra en distintas regiones del país ¿qué nos puede contar al respecto?
Hemos judicializado a más de 73 personas por haber promovido o financiado el paramilitarismo en Colombia. Todos estos delitos han sido declarados de lesa humanidad es decir, tienen el carácter de imprescriptibles.
¿Cuáles son los casos más representativos?
José Miguel Linares es el presidente de Drummond en Colombia. Foto:Cortesía de la compañía
Ya hablábamos del caso de la multinacional Drummond pero también están las aproximadamente 20 personas vinculadas con los desplazamientos forzados en la cuenca ribereña de Curvaradó y Jiguamiandó, allí llegaron unos empresarios a montar proyectos productivos de palma africana y desplazaron más de 800 personas.
Tenemos la financiación del bloque ‘Suroeste’ por parte de dos empresarios en Caramanta, Antioquia. También tenemos unos empresarios que promocionaron y financiaron al bloque ‘Calima’ de las autodefensas, allí se han iniciado investigaciones con resolución de acusación en contra de una de las personas que es dueño de los terrenos de Incauca, otra de las personas es ganadero de Córdoba, un periodista, un ideólogo asesor de Carlos Castaño.
Lo importante es resaltar que en esta istración del doctor Francisco Barbosa se ha judicializado a unos terceros por haber promovido o financiado el paramilitarismo en Colombia.
¿Cuáles son los nombres de esas personas que están judicializadas?
Esto es una información que no tiene reservas, ya hemos hablado del ex presidente y el presidente de la Drummond; en relación con el proceso del bloque ‘Calima’, con resolución de acusación tenemos a Luis Fernando Castro Botero, Carlos Alfonso Spath García, a Mario Fernando Prado López, Hernán Iñigo De Jesús Gómez Hernández, Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo; Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego.
Para el bloque ‘Suroeste’, Hernando Mario Restrepo Osorio y Fabio Osvaldo Restrepo Osorio, son hermanos. Por la financiación del bloque ‘Catatumbo’ está Pedro Luis Barriga Peñaranda. En relación con el bloque ‘Centauros’ tenemos una financiación efectuada por la multinacional Perenco, allí tenemos acusado a Luis Felipe Castillo, gerente de relaciones con la comunidad, y Ramiro Pinzón, supervisor de tierras.
Tenemos al gerente general de Maderas del Darién, Jorge García Mezquita; al gerente istrativo Jaime Guillermo Hernández, al gerente de operaciones Saúl Buriticá, al gerente de recursos humanos Iván de Jesús Aguirre.
Tenemos a Claudia Ángel Argote, ganadera y bananera del Urabá; Antonio Argote, ganadero; Rafael Argote, ganadero; tenemos a alias Gordo Pepe, exparamilitar cercano a la casa Castaño…
¿Cuánto ha avanzado la Fiscalía en cuanto a los casos de ‘parapolítica’?
Es innegable que los procesos de la parapolítica avanzaron sustancialmente en la Fiscalía y durante la implementación de la ley de Justicia y Paz.
¿Cree que las condenas son una deuda en materia de Justicia y Paz?
La Fiscalía tenía una deuda histórica importante en materia de unas imputaciones que ya se hicieron. Ahora estamos ante el gran desafío de poder obtener unas sentencias en relación con 126.000 hechos atribuibles a estructuras paramilitares, de esos 126.000 hechos, 13.000 tienen sentencias.
De más o menos 120 compulsas de copias hechas por la Dirección de Justicia Transicional a la Corte Suprema, hay 56 condenados por procesos contra gobernadores y aforados. El proceso derivado de las compulsas de copias en relación con los aforados constitucionales es un proceso exitoso.
¿Cómo es la relación de su Dirección con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?
Instalaciones de la JEP en Bogotá. Foto:JEP
Tenemos una relación armónica y complementaria.
¿Cree que los señalamientos de que la JEP es lenta se deben a la complejidad de los casos?
Sí. La complejidad al inicio de estos procesos de justicia transicional es enorme.
¿Cómo va el Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (Grube)?
Este grupo ha exhumado a más de 2.000 víctimas de desaparición forzada y mediante procesos de identificación genética, ha entregado dignamente a sus familiares a más de mil víctimas de desaparición forzada. Creo que es importante resaltar que la labor del grupo de búsqueda de identificación y entrega de personas desaparecidas no se ha detenido un segundo.
Entre el 18 y el 24 de octubre se hicieron las últimas exhumaciones en La Macarena, Meta. Foto:Archivo particular
¿Cómo es el trabajo con la Unidada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), creada con el Acuerdo de Paz?
Tenemos un trabajo articulado con la UBPD y hemos efectuado unas diligencias de entrega digna en equipo. Tenemos un sistema de información compartido en el que estamos trabajando, hacemos diligencias conjuntas en materia de exhumación, creo que ese es el mensaje más importante para el país: aquí trabajamos de manera armónica entre las diferentes instituciones para ubicar a las víctimas de desaparición forzada en Colombia.