Fiscalía pide condena para José Elías Melo por caso Odebrecht

Argumentando que el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo “estaba al tanto” del soborno de 6,5 millones de dólares que le pagó Odebrecht al exviceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales para lograr la adjudicación del proyecto Ruta del Sol II, la Fiscalía le pidió este jueves al juez 14 penal de conocimiento que lo condene.

En una audiencia de la etapa final del juicio contra Melo, dijo que el expresidente de Corficolombiana es responsable de los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

Según el ente acusador, se evidenciaron las reuniones del 2010 entre el exviceministro García y Luiz Antonio Bueno Junior, representante legal de Odebrecht en Colombia, para acordar el pago del soborno.

Melo ha dicho que es inocente, pero según la Fiscalía se acordó que el pago inicial lo haría Odebrecht y se compensaría durante el desarrollo de la obra. Esto se habría hecho a través de la firma de un contrato “ficticio” con la empresa española DCS Management S.A., por 10,8 millones de dólares.

Dijo que hubo una alerta del funcionario Mauricio Millán, quien fue gerente de gestión contractual en el consorcio Rutal del Sol II y que declaró en juicio haberle informado a Melo de la existencia de contratos sospechosos, a lo cual él le respondió que iba a consultar con los socios de Odebrecht y luego autorizó que se hiciera el pago.

El ente acusador señaló que Melo nunca exigió los soportes para evidenciar el cumplimiento de las supuestas gestiones contratadas con la empresa española.

La Fiscalía sostuvo que el exviceministro de Transporte exigió dos conceptos que certificaran la viabilidad del proyecto y pidió que uno de ellos fuera suministrado “por un abogado reconocido y de preferencia de Corficolombiana”, con lo que buscaba blindarse, pues “no le interesaba su contenido técnico ni jurídico, le interesaba era de dónde venía el concepto y quien precisamente lo preparaba: Corficolombiana. Es el seguro que él requiere (…) para sentir confianza sobre el conocimiento del otro socio del soborno para acceder a la adjudicación ilegal”, agregó.

Señaló que la defensa de Melo, durante el juicio, no logró desvirtuar las evidencias de la Fiscalía frente a la existencia de ese concepto que fue entregado a García.

“Quien fungía como presidente de Corficolombiana durante el desarrollo de estos hechos era el aquí acusado José Elías Melo Acosta”, añadió el fiscal del caso tras señalar que él “normalmente autorizaba ciertos pagos que presentaban inconsistencias, no solo el comunicado por Mauricio Millán, sino también otros contratos y pagos irregulares detectados por el fallecido controller Jorge Enrique Pizano, quien al igual que Millán le comunicaba a Melo sin encontrar eco alguno”.

Añadió que Odebrecht no actuó solo y que aunque el soborno lo ofreció Bueno Junior, hubo “conocimiento y autorización del otro socio, José Elías Melo Acosta, de Corficolombiana”, quien según el ente acusador, tuvo una actitud pasiva.

Señaló que no era normal que “Episol no se hubiera alertado ante los pagos de una suma tan alta de 6,5 millones de dólares para Gabriel Ignacio García Morales y 10,8 millones de dólares girados a DCS Management de España”.

El Fiscal dijo que Melo “nunca solicitó ser escuchado o someterse a la prueba del polígrafo (…) con el ánimo de dejar clara su participación honesta y transparente en el proyecto” cuando el Grupo Aval hizo una auditoría para saber si alguno de sus funcionarios sabía de los actos ilegales de Odebrecht.

Hoy intervendrán en el juicio la defensa de Melo y la Procuraduría. La defensa del expresidente de Corficolombiana ha dicho que él no aparece en ninguno de los trámites cuestionados por la justicia y que Odebrecht, como socio mayoritario del consorcio, era el responsable de manejar el dinero de la obra.

Melo ha sostenido que es importante ver quiénes firmaron los documentos, para evidenciar que él nunca los suscribió. Durante la imputación, Melo no aceptó cargos, por lo que fue a juicio para “demostrar su inocencia”.

REDACCIÓN JUSTICIA