Gobierno evalúa reformas legales para enfrentar violencias de género, ¿qué cambiaría?

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Frente a la urgencia de estas discusiones el Ministerio puso de presente que, según cifras de la Fiscalía, entre 2020 y 2023, cada 34 minutos una mujer fue víctima de violencia sexual, cada 33 minutos lo fue de violencia intrafamiliar y cada 18 horas se cometió un feminicidio.

Así mismo, se expuso que cada 15 horas una persona LGBTIQ+ fue víctima de delitos sexuales, cada 7 horas se registró una persona LGBTIQ+ víctima de violencia intrafamiliar y cada 15 horas fue víctima de homicidio o feminicidio.

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“Las personas que cometen esas violencias muchas veces no son judicializadas, hay fuertes barreras de justicia para las mujeres porque existe una respuesta demorada en el tiempo que muchas veces permite que escalen las violencia y afecten de forma más fuerte a las víctimas”, indicó a EL TIEMPO el viceministro de Justicia Camilo Umaña.

En ese sentido, para el Ministerio es claro que pese a los esfuerzos de diferentes entidades como la Fiscalía, Policía, o la rama judicial para garantizar el a la justicia, las medidas no han sido suficientes ni están adecuadamente articuladas para dar una respuesta efectiva y satisfacer los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las víctimas. 

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Precisamente entre las cifras evaluadas por el Ministerio también se señaló que hay pocos avances procesales y entre 2020 y 2023 aproximadamente el 70 por ciento de casos de violencia sexual e intrafamiliar contra mujeres y población LGBTIQ+ se encontraban en etapas investigativas de indagación o investigación. 

“En el caso de las mujeres, los casos en juicio no llegan al 30 por ciento; en el caso de las personas LGBTIQ+, no llegan al 20 por ciento”, señaló Minjusticia.

Frente a la ejecución de penas, solo cerca del 5 por ciento de los casos de violencia contra las mujeres llegaron a esa, dao que no llegaba ni al 3 por ciento en los casos de personas LGBTIQ+.

“Desde el Ministerio estamos en un proceso de construir una propuesta para un mecanismo especializado que pueda dar mejores respuestas, que el procedimiento permita acceder más pronto a la justicia, que haya una respuesta de reparación más efectiva, que se mejoren mecanismos de justicia restaurativa, que por esas vías pueda haber una justicia que responda de forma más integral a las víctimas”, comentó el viceministro Umaña.

En ese sentido, Mariana Ardila, directora de Justicia Transicional del Ministerio, detalló que esta semana han tenido reuniones con integrantes de movimientos de mujeres, congresistas, el Ministerio de Defensa, la Defensoría, Fiscalía, magistradas, entre otras personas, para discutir sobre las formas de atención a las violencia basada en género y por prejuicio, para reconocer que mecanismos de los que ya operan pueden articularse mejor para que operen de forma más efectiva, pero también se analiza cómo innovar en la atención.

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“Compartimos consensos en que esto no puede ser solo penal, las violencias basadas en género tienen implicaciones en derecho de familia, civil, laboral, también en lo penal pero hay que pensar nuevas formas de justicia que permitan enfrentar integralmente las violencias y no que le toque a una mujer abrir cuatro procesos judiciales diferentes para atender todo el tipo de violencias”, le dijo Ardila a este medio.

En ese sentido si bien algunas de las propuestas que se analizan implicarían modificaciones en el Código de Procedimiento Penal o el Código Penal, dijo el viceministro Umaña, esto no es lo único y de hecho Ardila agregó que “la apuesta no es por un populismo punitivo, sin dejar lo penal por fuera, no estamos hablando de subir penas, estamos hablando de cómo se puede considerar también la justicia restaurativa, por ejemplo”.

Otras salidas que se evalúan tienen que ver con articular mejor mecanismos ya existentes “el ánimo de esta semana ha sido conocer desde las distintas entidades qué hay, porque hay un consenso de que no estamos partiendo de cero, la Fiscalía tiene protocolos de investigación, la Policía tiene patrullas púrpura, miremos todo lo que hay, que está bastante desarticulado, y pensemos cómo potenciar eso y aprovechar todas las experiencias”, expuso la directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia.

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Así mismo, se trabaja en implementar medidas que ya hay, como la Alerta Rosa, una ley aprobada en 2023 para la búsqueda de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas.

En todo caso, la discusión sobre esto aún está en marcha y la idea del Ministerio de Justicia es que, a partir de estos diálogos surjan propuestas que se lleven a la comisión para la reforma de la justicia, instalada a comienzos de año, para que se evalúe la inclusión de medidas y acciones dentro de proyectos que se presenten para reformas la justicia en Colombia.


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