Minigualdad: el campanazo de la Corte al Gobierno por falta de claridad fiscal en sus proyectos

“Esta omisión violó el artículo 151 de la Constitución, según el cual el cumplimiento de los requisitos para la aprobación de las leyes ordinarias previstos en las leyes orgánicas  constituyen un parámetro de constitucionalidad y validez”, argumentó la Corte en su decisión. 

(Le invitamos a leer: Corte Constitucional tumbó la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad: ¿qué viene ahora?).

En esencia, la Corte está reiterando un mensaje que hace ya dos décadas viene aplicándose para el buen funcionamiento del Estado: que la aprobación de una ley que crea nuevas dependencias u obligaciones a cargo del Estado debe contar con el aval fiscal y los correspondientes cálculos del Ministerio de Hacienda, que es la dependencia encargada de manejar la 'caja' de donde sale la plata para cumplir las nuevas normas. 

La ley señala que "en todo momento el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo".

La Sala Plena, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, difirió los efectos de la declaratoria de inexequibilidad por el término de dos legislaturas contadas a partir del 20 de julio de 2024. Es decir, el Ministerio sigue vivo hasta el 20 de junio de 2026, término en el cual se deberá haber tramitado en el Congreso una ley que subsane los vicios de forma. Así, podría aprobarse una nueva ley con todos los requisitos, si bien la nueva realidad de las relaciones Gobierno-Congreso hace prever que, cuando menos, revivir el Ministerio tendrá muchas más dificultades políticas que el año pasado.

La Corte consideró que la eliminación inmediata del Ministerio, cuya ejecución presupuestal es de las más bajas en el Gobierno, “causaría una desarticulación institucional” que terminaría afectando a los sectores más vulnerables cuya atención y protección son obligación de esa cartera.

Los demandantes -Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y José Jaime Uscátegui- manifestaron que durante el trámite de la ley en el Congreso no se habría dicho de manera expresa los costos, sino que solo se estimaron en 18.239 millones en la ponencia de primer debate en las comisiones primeras conjuntas.

Esa crítica, la falta de claridad en los costos para el país, ha acompañado otras iniciativas del gobierno Petro. Pasó en el trámite de la reforma a la salud, que se hundió en la Comisión VII de Senado y también está pasado con el de la reforma pensional, que entra a tercer debate en la plenaria de Cámara.

En el trámite de la reforma a la salud, y tras la exigencia de varios sectores, el Ministerio de Hacienda entregó un documento que no era propiamente un aval fiscal, pues se limitó a un informe de proyección de costos sin concepto formal sobre su viabilidad. Como la reforma naufragó en Comisión VII, con ella murieron también las eventuales demandas que apuntaban a señalar ese vicio de forma. 

La representante Katherine Miranda (Alianza Verde) advirtió en su cuenta en la red social X que sin cálculo de  impacto fiscal, ni el respectivo aval del Ministerio de Hacienda, las reformas y las leyes más importantes del Ejecutivo “se van a caer”.

“De haberse aprobado la Reforma a la Salud, habría corrido la misma suerte que el Ministerio de la Igualdad porque no tenía concepto de impacto fiscal. La reforma pensional va en tercer debate y a la fecha el Gobierno no sabe cuánto le cuesta. Hoy la reforma pensional también correría la misma suerte de fallo que Minigualdad porque el Senado votó con total desconocimiento de cuánto costaría implementarla y no sabe de donde saldrían los recursos para financiarla”, dijo la congresista.

Miranda destacó que “si el Gobierno no aprende de sus errores, no solo no va a poder cumplir con sus metas por mala ejecución, sino porque no saben pasar proyectos de ley ni trabajar con el Congreso de la República”.

En la misma línea, la representante Carolina Arbeláez señaló que “sin aval fiscal tramitaron el Ministerio de la Igualdad y también la reforma a la salud, la pensional, la estatutaria de educación, la reglamentación de la jurisdicción agraria, entre muchas otras”. En el caso de la reforma pensional, en octubre del año pasado el Ministerio de Hacienda entregó cálculos según los cuales la reforma podría costar 9,61 puntos del PIB más en 2070 que si no se aprobara el cambio, lo que para varios analistas representaba el reconocimiento de un sistema virtualmente inviable en los términos planteados por la reforma. 

Todo este debate se da en medio de la idea del gobierno Petro de modificar la regla fiscal y los topes de endeudamiento.

Para el abogado Luis Hoyos, el reciente fallo de la Corte llega como “una lección” para todos los gerentes públicos del país sobre la necesidad de cuantificar los costos asociados a las iniciativas que buscan garantizar los derechos y la igualdad en las entidades públicas, tanto existentes como emergentes.

“La justificación política, por sí sola, no es suficiente para consolidar entidades públicas o estrategias de coordinación. Todo debe estar respaldado por un soporte técnico adecuado”, indicó el jurista, quien añadió que “la falta de expertos en la estructuración de proyectos, como la creación de un Ministerio, con frecuencia, conduce a frustraciones y crisis, como las que hemos visto”.

Jesús Blanquicet
Redacción Justicia
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