¿En qué va la anunciada reforma integral a la Policía? Gobierno y ONG responden

La reforma profunda a la estructura de la Policía, que incluso podría llevar a que la institución salga del Ministerio de Defensa, que fue una de las banderas del presidente Gustavo Petro durante su campaña, aún está en veremos.

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Ayer se convocó una nueva reunión a instancias del Congreso y ONG defensoras de derechos humanos para dar a conocer el estado del proceso de concertación de esta reforma.

La cita se cumplió en la cancha de microfútbol diagonal al Centro de Traslado por Protección de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. El sitio se eligió en consenso con representantes de las ONG y las víctimas quienes presentaron los casos y las cifras sobre "presunto abuso policial".

La apertura del evento estuvo a cargo del congresista Ariel Ávila, presidente de la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias del Senado, que se encarga de la vigilancia y control sobre toda autoridad encargada de velar por el respeto de los DD.HH. en Colombia.

"Son temas que la sociedad nos ha venido pidiendo por los hechos ocurridos durante las protestas, el tema de la Justicia Penal Militar y sobre la reforma a la Policía y queremos aclarar en qué punto estamos y para dónde vamos", indicó el senador Ávila.

En uno de los intentos de cambio de este año el Gobierno incluyó las modificaciones en el Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo, el Congreso advirtió que debe ser propuesta como un proyecto de ley. Por lo que en marzo de 2023 el jefe de la cartera de Defensa indicó que "es un tema tan trascendental que requiere una discusión amplia en el Congreso". Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado ninguna propuesta.

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Vladimir Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Defensa, le dijo a EL TIEMPO que en esa cartera se siguen discutiendo todos los temas de la reforma, entre ellos la posible salida o permanencia de la Policía del Ministerio de Defensa y aún no hay una decisión final.

"Se presentaron los documentos de avance para discusión sobre el eventual traslado o permanencia de la Policía de Ministerio. En la última reunión que tuvimos el 22 de noviembre se presentaron los requerimientos que deben cumplir los uniformados que asciendan a mayor o capitán, por ejemplo, deben tener formaciones integrales en gestión territorial, diálogo social y  derechos humanos. Son varios puntos para analizar, no únicamente el cambio en la línea de mando", explicó Rodríguez.

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Asimismo, el funcionario hizo referencia sobre algunas de los 127 acciones en las que trabaja el Gobierno para mejorar las capacidades de la Fuerza no solo en el marco de la protesta sino en en todos los escenarios.

"La modernización de la Policía pasa también por una mejora de las condiciones humanas, laborales, de educación y salud de los integrantes de la institución. Además, tener procesos de transformación con estándares que mejoren la Policía", dijo el funcionario del Ministerio de Defensa.

A su turno, Alexandra González Zapata, Secretaria del gabinete del Ministerio de Defensa, le contó a este diario, que desde noviembre de 2022 se está realizando una mesa técnica entre las tres carteras (Defensa, Interior y Justicia)  para discutir acerca de dónde irá la Policía o si se creará un nuevo Ministerio.

"Se evalúan los posibles escenarios de reubicación istrativa de la Policía con el propósito principal del fortalecimiento de la institución y la seguridad ciudadana. En los últimos meses se están escuchando comentarios de expertos académicos, generales retirados y ONG para avanzar en la discusión de cada escenario, que ya están plasmados en un borrador, pero no es una decisión para tomarse en los próximos meses", indicó la funcionaria.

De este modo, la Secretaria del gabinete dijo ahora no es una prioridad de Mindefensa presentarlo al Congreso porque se están evaluando los costos istrativos de cada posibilidad y que el proceso de transformación no se reduce únicamente a la reubicación de la institución.

"Para el Gobierno el traslado de la Policía no es el centro del proyecto. Hay propuestas para mejorar integralmente la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, (antiguo ESMAD), que no es únicamente el cambio de nombre, si no también un perfil específico de los policías que se incorporen lo cual no existía y permitirá incluir personal más especializado. Trabajamos con las organizaciones de DD.HH. para revisar armas, municiones y elementos de letalidad reducida que emplean los uniformados", explicó la Secretaria.

A inicios de este año, de la idea de pasar la Policía al Minjusticia, habló el propio ministro Néstor Osuna, quien señaló que el estudio sobre el eventual paso de la fuerza a esa cartera estaba en cabeza del Ministerio de Defensa y cuando esté listo se llevará al Congreso.

De igual forma, Juan Carlos Upegui asesor del despacho del Ministerio de Justicia, le afirmó a este diario que desde esta cartera se sigue analizando la posibilidad de que la Policía haga parte de este ministerio y no de la cartera de Defensa.

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“Sabemos sobre las dificultades de la agenda legislativa y hay un déficit en el proceso de reparación de las víctimas de violencia policial. Se trabaja para que la Policía haga parte del Ministerio de Justicia, modificar el fuero penal para la policía y reversar esa decisión tomada en el gobierno de Santos es un proceso complejo e incómodo, pero desde esta cartera nos interesa abrir ese debate para revisar esta institución”, dijo.

En esta línea, el funcionario explicó que el proceso se interrumpió cuando se cayó la norma dentro del Plan Nacional de Desarrollo y la instrucción fue "avanzar con lo que se pudiera desde las potestades de Mindefensa".

"En este periodo la agenda del Congreso ha estado interrumpida porque se tuvo un tiempo de campañas electorales en las regiones, incluso en temas en los que no hubo tensiones políticas estuvieron lentos o quietos. Entonces como se le ha dado prioridad a la reforma a la salud, educación y pensional, este proyecto ha quedado relegado y se está a la espera de continuar por parte de esta cartera", concluyó el funcionario Upegui.

La congresista María José Pizarro señaló que la reforma policial ha sido el lema que se abanderó junto a organizaciones durante su periodo como oposición y que "hoy es una urgencia que está en el tintero pendiente".

De igual manera añadió que ya se están llevando a cabo proyectos de ley en el Congreso, como el proyecto "por medio del cual se busca democratizar el ingreso y ascenso a la Policía Nacional de Colombia" radicado en octubre de 2022, en el que se pretende facilitar de sectores con menores recursos a la carrera de oficial en la Policía, removiendo barreras económicas que obstaculicen el ingreso y permanencia a los programas de educación, para asegurar el ascenso de los de la policía del nivel ejecutivo al nivel oficial.

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"Con esto pretendemos que la Policía aporte en la construcción de su propia reforma y hoy esas puertas de diálogo con la institución están abiertas para presentar un proyecto robusto, participativo y enriquecedor", dijo la senadora Pizarro.

Y añadió: "aquí vamos más allá de las protestas, se trata el tema de los traslados de protección, las personas que se encuentran detenidas en los centros transitorios, los procedimientos policiales y los límites para la autoridad civil".

En representación de 14 organizaciones, un integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo (Cajar) señaló que la transformación policial en curso enfrenta críticas por la falta de espacios de diálogo entre la ciudadanía y las instituciones estatales.

"El replanteamiento de la doctrina militar, la cual sigue orientada por la noción de 'enemigo interno' al interior de la fuerza pública. La intención de dejar atrás esta concepción no ha pasado del discurso y, por ello, los actuales intentos de cambiar prácticas de violencia sistémica al interior de la Policía Nacional son insuficientes", dijo el representante de Cajar.

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Igualmente mencionó la totalidad de propuestas que se extienden al respeto por los derechos de las víctimas de la violencia policial y que contribuyan "de manera real a la desmilitarización de la institución y de la sociedad; un cambio doctrinal basado en los derechos humanos y enfoque diferencial; una reforma estructural que garantice un mando civil; creación de mecanismos de control fuera de la institución que investiguen y sancionen efectiva e imparcialmente a los responsables de graves vulneraciones a los derechos humanos".

Asimismo, un representante de Colombia Diversa advirtió que “se registraron 97 casos en el 2022 con 107 víctimas, y se puede decir que permanece la criminalización sobre las personas LGBTIQ+ con la mayoría de casos sobre la población trans”.

Juan Diego Torres Lasso

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Redacción Justicia

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