El mundo político y judicial está a la expectativa por saber quiénes son las 26 personas contra las que se comprometió a testificar el extraditado fiscal anticorrupción
Luis Gustavo Moreno.
La razón es que el exfuncionario fue condenado este miércoles en Miami, por la Corte del Distrito Sur de Florida, a pagar una condena de 48 meses de prisión por su responsabilidad en el delito de lavado de dinero para facilitar sobornos desde el extranjero.
La reducida condena la consiguió tras firmar un acuerdo de cooperación con la justicia de Estados Unidos, en el cual se comprometió a testificar contra 26 personas, incluyendo lo que el derecho de ese país denomina top ranking officers y que en Colombia vendrían siendo funcionarios de alto nivel en el servicio público.
Si bien los nombres aún no se han hecho públicos, EL TIEMPO estableció que en la lista podrían estar varias de las personas que mencionó en un primer y frustrado preacuerdo que había logrado con la Fiscalía colombiana, antes de su extradición el 17 de mayo pasado.
En dicho documento se habla de exmagistrados, excongresistas y hasta de exgobernadores, sobre los que poseería información que podría enredarlos con procesos por corrupción.
En la lista figuran, entre otros, el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, preso por el escándalo del denominado ‘cartel de la toga’; el suspendido magistrado Gustavo Malo; el exmagistrado José Leonidas Bustos; los exgobernadores Juan Carlos Abadía (Valle), Lucas Gnecco (Cesar), Alejandro Lyons (Córdoba) y Luis Alfredo Ramos (Antioquia), y los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile.
Condena en Miami
En lo relacionado con el proceso de Moreno en Miami, la Fiscalía de
Estados Unidos pedía inicialmente 10 años de cárcel; sin embargo, la sentencia se redujo a 4 años porque su abogado, David Weinstein, firmó un acuerdo de colaboración con la jueza Úrsula Ungaro.
El exfiscal aceptó haber recibido 10.000 dólares en sobornos, aunque la Fiscalía estadounidense hablaba de que esa cifra podía llegar al millón de dólares.
Lo que se ha dilucidado es que Moreno era parte de una red de tráfico de influencias en la Corte Suprema, que –según las pesquisas de la justicia– desviaba en ese alto tribunal investigaciones de funcionarios a cambio de coimas.
De hecho, la Sala Penal de la Corte condenó a Moreno a 4 años y 10 meses de prisión por exigirle un soborno al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, con el fin de entregarle información de su proceso judicial. Esta pena deberá pagarla cuando regrese a Colombia. Algunos de esos pagos se realizaron en Miami, lo que en parte motivó a la Corte de la Florida a pedir su extradición.
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