Un daño fiscal que se habría dado por más de 465 millones de pesos en un contrato para reparar componentes de la División de Aviación y Asalto Aéreo del
Ejército, en el que la institución desembolsó el dinero, pero no recibió contraprestación, hace parte de los hallazgos hechos por la Contraloría General tras realizar una actuación especial de fiscalización a la entidad castrense.
Ese es uno de los 28 hallazgos informados por la entidad, que ascenderían a 3.740 millones de pesos en varios contratos. Según la Contraloría, en el mencionado contrato los responsables de la ejecución fueron eximidos de pagar sanción por incumplimiento cercana a 100 millones de pesos, sin sustento legal para esto.
Otro de los hallazgos hechos por los equipos de auditoría sugiere que un contratista encargado de suministrar combustibles al Ejército se habría favorecido de bienes fiscales en su propio beneficio. “En efecto, consiguió que el Ejército le prestara aeronaves oficiales o le facilitara otras contratadas por horas de vuelo”, dice la entidad.
El detrimento patrimonial por este hallazgo sería de más de 453 millones de pesos.
Entre el 2016 y 2017, por otro lado, el oficial a cargo del Comando de Educación y Doctrina (Cedoc) recibió viáticos sin legalización, sobre los cuales tampoco existen informes ejecutivos sobre actividades desarrolladas que acrediten el gasto.
La Contraloría también encontró que al menos cinco contratos suscritos por la Cuarta Brigada en 2016 no tuvieron soportes de que se hubieran realizado las actividades, y esto supondría un daño fiscal por casi 252 millones de pesos.
En otros seis contratos de esa misma unidad militar, relacionados con la compra de productos de cafetería y restaurante, “no hay evidencia del uso y destino final dado a las compras realizadas”. El presunto detrimento, en este caso, sería de 98.960.129 pesos.
Otro hallazgo de la entidad apunta al pago injustificado de una prima de seguro para el Hangar de oficinas en Guaymaral, que pertenecía al Ejército, y generaría un daño fiscal de 54 millones de pesos
En la Séptima División, a la cual pertenece la Cuarta Brigada, se presentó una orden de compra para contratar a un operador logístico de actividades de bienestar social, pero no hay soportes que evidencien que este programa se ejecutó, por lo cual la Contraloría alerta de un presunto detrimento de 70 millones de pesos.
Otro hallazgo de la entidad apunta al pago injustificado de una prima de seguro para el Hangar de oficinas en Guaymaral, que pertenecía al Ejército, y generaría un daño fiscal de 54 millones de pesos.
Otro contrato de la Cuarta Brigada arrojó en la auditoría un presunto detrimento de 140.659.00 pesos, porque hubo un mayor gasto al requerido para dotación a 4.402 soldados, en el 2016.
También allí se evidenció la facturación por mantenimiento de vehículos que no pertenecían a la Cuarta Brigada y cuyas placas no fueran incluidas en las facturas. El detrimento patrimonial ascendería a más de 600 millones de pesos en este caso.
Los hallazgos de estas irregularidades se dieron gracias al trabajo de equipos de auditoría de la Contraloría General con la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia, departamento donde está ubicada la Cuarta Brigada.
La auditoría se realizó a contratos suscritos entre 2016 y 2017.
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