Las coincidencias entre informes y fallo de Contraloría sobre Hidroituango

Dos meses después de haberse proferido el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría en contra de 26 personas, entre naturales y jurídicas, por irregularidades en Hidroituango que llevaron a mayores inversiones en la obra, se siguen conociendo informes externos que, de uno y otro modo, corroboran las conclusiones a las que llegó el órgano de control tras dos años de investigaciones.

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El primero de estos es la auditoría externa que, desde el principio, tenía a cargo la firma Deloitte, contratada por XM, del mercado de energía mayorista y operador del Sistema Interconectado Nacional, para hacer un seguimiento al cumplimiento del cronograma de obras y actividades del proyecto. Esto se conoce como Curva S, y muestra que desde el comienzo hubo retrasos en el cumplimiento del cronograma.

Por ejemplo, la aprobación del inicio de la contratación para la obra por parte de la junta directiva la sociedad EPM-Ituango se dio en septiembre de 2010, pero solo en agosto de 2011, 11 meses después, se firmó el acta de inicio anticipado de obras. Así mismo, el plazo inicial del contrato era de 610 días, pero este se fue modificando y hoy, en total, lleva más de 900 días.

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Pese a que tenía retrasos, en enero de 2012, la sociedad se presentó a una subasta energética en la que adquirió una Obligación de Energía en Firme (OEF) de proveer cierta cantidad de energía por hora entre diciembre de 2018 y noviembre de 2038, compromiso que, según estima el seguimiento de Deloitte, no se podrá cumplir a tiempo. Tan solo la contingencia de abril de 2018, estima esa firma, le sumó más de 280 días de retraso al cronograma de la planta hidroeléctrica.

De otro lado, EPM contrató una auditoría forense con la firma JAHV McGregor cuyo informe, de casi 800 páginas, se mantuvo oculto desde diciembre de 2020 hasta los primeros días de octubre de este año, cuando se filtró. Este informe arrojó 33 hallazgos, varios de los cuales coinciden con los errores que criticó la Contraloría en su fallo de responsabilidad fiscal por más de 4 billones de pesos, que se produjo casi un año después de que fue entregada esa auditoría y en el que esta no se incluye pues no se tenía conocimiento de su existencia.

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La Contraloría señala que el daño al patrimonio del Estado fue, de un lado, por el lucro cesante por la no entrada en operación de la hidroeléctrica a tiempo y, de otro, por la pérdida del valor de la inversión como consecuencia de los gastos adicionales por la improvisación, falta de planeación, diseños defectuosos, errores constructivos y de supervisión que llevaron a la emergencia en abril de 2018, cuando colapsó uno de los túneles de desviación del río Cauca, el cual no estaba en los diseños originales.

Ese tercer túnel de desviación, destacan tanto la Contraloría como la auditoría forense, se terminó construyendo debido a retrasos en la finalización de los dos túneles principales. Esos retrasos llevaron al incumplimiento del cronograma y a la implementación por parte de EPM de un plan de aceleración en el que se modificaron los diseños.

Otro hallazgo clave en el que coincide esta auditoría con los de la Contraloría está en que no se hizo caso a las recomendaciones de una junta de asesores que advirtió que no debían modificarse los diseños originales del proyecto en medio de ese plan de aceleración. Pese a las advertencias, en ese ‘acelerador’ se determinó no instalar las compuertas de cierre de los túneles principales y, en cambio, hacer el tercer túnel con cambios constructivos y en los materiales que terminaron por llevar a la emergencia.

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De hecho, en la construcción de ese túnel no se contempló un revestimiento especial del piso que debió hacerse debido a las características del suelo, no obstante reiteradas recomendaciones de expertos asesores, dice la auditoría de McGregor.

Incluso, y paradójicamente, el consorcio, según los estudios, no solo no siguió estas recomendaciones, sino que entregó los planos del tercer túnel dos años después de haberlo terminado y 7 meses después de la emergencia de abril de 2018. Y, en general, se comenzó a construir ese sistema de desviación sin tener la modificación de la licencia ambiental de la Anla para hacerlo.

Inicialmente, al proceso se vincularon 34 personas, naturales y jurídicas, y el 3 de diciembre de 2020 se profirió auto de imputación en contra de 28 de ellas. Finalmente, el pasado 3 de septiembre se profirió fallo con responsabilidad fiscal contra 17 personas naturales y 9 personas jurídicas, por un valor de 4,3 billones de pesos.

En octubre pasado, la Contraloría decretó la suspensión de términos dentro del proceso de responsabilidad fiscal por cuenta de una recusación que presentó María Eugenia Ramos, quien hacía parte de la junta directiva de Hidroituango y es una de las sancionadas. Se está a la espera de la decisión sobre esta recusación, que tiene frenado el estudio de las apelaciones contra el fallo de primera instancia.

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Además, en todo el proceso se han presentado siete tutelas, de las cuales se han fallado cuatro a favor de la Contraloría, una en contra, y dos procesos siguen en curso. Precisamente una de esas tutelas fue la que decretó una medida provisional en favor de Ramos Villa para suspender el término para formular los recursos en contra del fallo.

Además, se han presentado dos recusaciones en contra del contralor general, la Sala Fiscal y la contralora delegada intersectorial n.° 9, todas han sido resueltas en favor de los funcionarios.

Por ahora, hasta que no se resuelva la recusación que tiene frenado el estudio de la apelación, este estudio no podrá continuar, por lo que la decisión de segunda instancia en este proceso tomará algunos meses.

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