Las capturas del odontólogo Javier Guillermo Cely Barajas y de Aída Victoria Merlano Manzaneda, hija de la exsenadora Aída Merlano Rebolledo, son solo las primeras dos decisiones de la Fiscalía de un capítulo penal que
pondrá a responder ante la justicia a, por lo menos, tres personas más, entre ellas varios funcionarios del
Inpec.
En menos de 72 horas, la Fiscalía y la Policía lograron desenredar parte del entramado que facilitó la fuga de la excongresista el martes, cuando salió por la ventana del consultorio odontológico en el que se encontraba en el norte de Bogotá.
Los videos de seguridad fueron claves para que un juez de control de garantías de Bogotá expidiera, a solicitud de la Fiscalía 196 seccional, las dos primeras órdenes de captura por el delito de fuga de presos como coautores intervinientes y de utilización de menores en la comisión de delitos.
La Fiscalía evaluaba este viernes si iba a pedir medida de aseguramiento contra los capturados o si solo solicitaría al juez restricciones como la prohibición de salir del país.
Se espera que este sábado en la mañana, Merlano Manzaneda, detenida en Barranquilla, y Cely Barajas, quien se presentó al búnker de la Fiscalía, sean llevados ante un juez de Paloquemao para legalizar su captura y avanzar en la audiencia de imputación de cargos.
Aunque en los videos obtenidos de una cámara de seguridad dentro del consultorio se observa a otras dos personas, entre ellas otro hijo de Merlano y el odontólogo Mauricio Arango Isaza, fuentes de la Fiscalía señalaron que las primeras decisiones se tomaron luego de examinar quiénes de los presentes habrían tenido injerencia o cumplido algún rol en el plan de fuga. Sin embargo, siguen las investigaciones sobre ellos.
Arango Isaza expidió un comunicado en el que asegura que es una víctima de los hechos, que nada tiene que ver con la huida de la excongresista y que no cometió ningún delito.
En ese mismo sentido se pronunciaron los abogados de los primeros dos capturados. Aseguran que sus clientes son inocentes y que así lo demostrarán.
El odontólogo Cely Barajas, a través de su defensa, señaló que quienes tendrían que estar respondiendo por el caso deberían ser los funcionarios del Inpec.
La otra línea del proceso
El segundo capítulo de la investigación se concentra en los servidores públicos que habrían facilitado las condiciones de la fuga.
De hecho, la Procuraduría suspendió por tres meses a ocho funcionarios del Inpec, entre ellos Diana Cecilia Muñoz Miguez, directora del centro de reclusión El Buen Pastor; Katherine Lozano Forero, subdirectora, y David Alexánder Álvarez Cárdenas, comandante de custodia y vigilancia del centro de reclusión.
La directora y la subdirectora ya habían sido declaradas insubsistentes del cargo por decisión del Ministerio de Justicia.
La Fiscalía afina los últimos detalles para avanzar en la judicialización de nuevas personas, con la hipótesis de que aprovechándose de sus cargos habrían favorecido el movimiento de Merlano Rebolledo hasta el sitio en el que se perpetró su fuga.
Igualmente, está bajo sospecha la decisión que le redujo el nivel de seguridad a la excongresista, por lo que terminó siendo movilizada con una custodia precaria.
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