Investigación contra Uribe enreda a su hermano y a Luis Alfredo Ramos

Miles de llamadas, decenas de testimonios y documentos hacen parte de las pruebas recaudadas en el expediente con el que la Corte Suprema de Justicia archivó una denuncia que el expresidente Álvaro Uribe hizo en el 2012 contra el senador Iván Cepeda, señalándolo de crear un “cartel de falsos testigos” para supuestamente vincularlo con paramilitares.

En la decisión, la Corte determinó que Cepeda no manipuló las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, y que los testimonios que obtuvo de esos exparamilitares, en los que señalan a los Uribe Vélez de conformar supuestamente el Bloque Metro en la finca Guacharacas (Antioquia), de su propiedad, fueron obtenidos en una labor legítima como integrante de la comisión de derechos humanos del Congreso.

Pero las repercusiones del fallo de la Corte van más allá de la investigación que ese alto tribunal llevará contra Uribe por la presunta manipulación de testigos contra Cepeda, y que por primera vez podría tener un mayor avance que los casos que ha llevado la Comisión de Acusaciones o el mismo alto tribunal contra el expresidente.

La Corte también trasladó las grabaciones y testimonios a tres investigaciones: los casos contra Uribe, su hermano Santiago Uribe y el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, quienes tienen procesos por presuntos vínculos con paramilitares.

En el caso de Álvaro Uribe, la Corte recordó que desde diciembre del 2014 no hay ninguna decisión en el radicado 45.110 –proceso que, según fuentes, está en manos del magistrado Gustavo Malo, investigado por la Comisión de Acusación por el escándalo del ‘cartel de la toga’–.

Por eso, el alto tribunal le ordenó a ese despacho rendir un informe para conocer en qué va la investigación de ese caso, iniciado por una denuncia de Jesús María Valle Jaramillo –asesinado en 1998–, en la cual denunció “las presuntas omisiones de la Gobernación de Antioquia en la masacre del corregimiento de La Granja en junio de 1996”. También por una denuncia de Iván Cepeda contra Uribe, en la cual adjuntó los testimonios de Sierra y Monsalve.

El segundo caso en el que se compulsaron copias es en el de Santiago Uribe, quien tiene un proceso en el juzgado primero penal del Circuito Especializado de Antioquia por la supuesta creación del grupo de ‘los 12 Apóstoles’, por lo que se le sindicaron los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

A ese proceso la Corte remitió las declaraciones del exparamilitar Alexánder Amaya Vargas, quien aseguró que nunca ha hablado con Iván Cepeda y que jamás le hizo comentarios al coronel Pedro Manuel Benavides para que supuestamente declarara en contra de Santiago Uribe sobre ‘los 12 Apóstoles’.

Según le dijo Amaya a la Corte, nadie le hizo ofrecimientos para testificar en contra de los Uribe y, por el contrario, “él fue el primero en destapar en 1996 la conformación de esa agrupación y sus integrantes”.

La Corte califica las declaraciones del coronel Benavides de “inconsistentes”, pues aseguró que se había enterado por el mayor Juan Carlos Meneses (testigo clave contra Santiago Uribe y condenado a 27 años por el homicidio del líder Camilo Barrientos) de la supuesta compra de testigos por parte de Cepeda. Para la Corte, sus afirmaciones no son creíbles porque Benavides asegura haberse enterado de esos ofrecimientos en el 2009, cuando Cepeda ni siquiera era senador.

El tercer caso enredado es el de Luis Alfredo Ramos, quien está libre pero tiene un proceso en el alto tribunal por supuestos vínculos con paramilitares.

El alto tribunal entrevistó a Carlos Enrique Areiza Arango, exparamilitar que testificó contra Ramos y luego se retractó.

Tras esas diligencias, el alto tribunal ordenó investigar las conductas del Fiscal de la Unidad de Falsos Testigos y del juez 16 penal del Circuito de Medellín, por el “cuestionable preacuerdo con Areiza por el delito de falso testimonio”, en el cual se aceptó su retractación en lo dicho contra Ramos y por el que le dieron tres años de cárcel.

Areiza le dijo a la Corte que estaba en prisión domiciliaria por ese preacuerdo, pues supuestamente el fiscal “le propuso que si no aceptaba ese delito, le imputaba el de extorsión, por el que, al igual que el de falso testimonio, lo denunció la defensa de Ramos. Entonces terminó aceptándolo para preservar su vida y reiteró sus temores frente a su seguridad”, dijo la Corte y ordenó que se le brinde protección.

Según la Corte, ese preacuerdo se basó en pruebas de manifestaciones de terceros y no en el contenido de las supuestas declaraciones falsas de Areiza. Y, en otra diligencia, Areiza le dijo a la Corte que sentía temor de declarar “porque venía siendo objeto de amenazas en la cárcel a raíz de su declaración contra Luis Alfredo Ramos”.

La Corte también ordenó investigar la presunta falsedad en una carta que supuestamente Areiza envió a esa corporación y en la que decía que Cepeda le había hecho ofrecimientos a cambio de declarar contra Ramos y los Uribe. Según la Corte, el documento, que para la Fiscalía y el juez fue prueba de la retractación de Areiza, “no se dio en el juicio y bajo la gravedad de juramento” sino que llegó por un correo cuya autoría Areiza desmintió ante el alto tribunal.

Al respecto el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, señaló que Areiza es un delincuente que "ha estado vinculado a muchos procesos" y que además fue un falso testigo, "confeso y condenado por denuncia que yo interpuse", dijo Ramos.

La Corte ordenó investigar el manejo de la plataforma Esperanza, que es istrada por la Fiscalía General para labores de inteligencia e interceptar llamadas de personas investigadas, y que para la época de los hechos dependía del CTI, cuyo director era Danny Julián Quintana.

La Corte solicitó indagar por qué el 24 y 30 de marzo del 2015, el sistema no grabó las conversaciones de dos números telefónicos que estaban interceptados, el de Juan Guillermo Villegas Uribe (amigo del presidente Álvaro Uribe) y Óscar Monsalve Correa, a quien supuestamente estaba intentando manipular en su testimonio.

También le pidió investigar “la filtración de información contenida en la actuación reservada, la cual tuvo como destinatario al doctor Álvaro Uribe Vélez”, con el fin de determinar cómo se enteró de que el alto tribunal había ordenado interceptar llamadas de testigos en el proceso, aunque su teléfono nunca hizo parte de esa lista y terminó siendo escuchado por la plataforma Esperanza por llamar a personas involucradas en el caso.

La Corte Suprema envió copias de los testimonios y de todas las grabaciones que se obtuvieron en este caso a la secretaría de esa corporación, para que se investigue “la presunta participación del doctor Álvaro Uribe en la manipulación de testigos”.

Ese caso será llevado por el alto tribunal, ya que los hechos habrían sucedido cuando ya era senador, por lo que no sería cobijado con su fuero de presidente y la investigación no la llevaría la Comisión de Acusaciones.

La Corte también lleva un proceso contra Uribe tras una denuncia de Jesús Valle porque presuntamente, como gobernador, no habría evitado masacres en Antioquia en los 90, sumado a una denuncia de Cepeda por la supuesta promoción de grupos paramilitares.

Por su parte, el expresidente cuestionó la decisión de la Corte y señaló que "sigue el ánimo persecutorio" del alto tribunal. "Cuando se trata de infamias contra mi persona nada procede, ni siquiera investigan, pero este caso también lo enfrentaremos con determinación", puntualizó Uribe.

El hermano del expresidente Álvaro Uribe fue capturado en febrero del 2016, cuando la Fiscalía General le imputó los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir por sus supuestos nexos con el grupo criminal de ‘los 12 Apóstoles’.

El caso se encuentra en etapa de juicio oral, y en el proceso la defensa ha dicho que presentará por lo menos 14 testimonios que supuestamente desmienten al mayor Juan Carlos Meneses, quien era el comandante de la Policía de Yarumal en la época en que operó el mencionado grupo criminal y es el principal testigo contra Uribe.

En el proceso, el ganadero ha negado cualquier nexo con ese grupo. “No he conformado ningún grupo paramilitar ni he tenido listas de muertos en mis manos", aseguró.

El proceso contra el exgobernador de Antioquia está a punto de finalizar en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero aún no hay un proyecto de fallo en ese caso, según ha manifestado el alto tribunal. Ramos fue arrestado en el 2013 mientras era precandidato presidencial por el Centro Democrático, y quedó en libertad en el 2016, después de que la Corte levantó su medida de aseguramiento.

Es investigado por una reunión clandestina que se habría dado en Bello, Antioquia, con el exparamilitar Iván Duque, alias Ernesto Báez.

Según lo sostiene Ramos, la acusación se “basó en un cartel de falsos testigos” que han declarado para obtener rebajas de pena.

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