Lo que hay en la investigación por la violenta incursión de patrulla militar en Córdoba

Bocas del Manso es el nombre de una alejada zona del Nudo de Paramillo habitada por unos 5.000 campesinos regados en comunidades como Sancón, Barrancón, Tucú y Palestina, en la cuenca del río Manso, y La Gloria (cerca de río Sinú).

Allí están también la comunidad indígena Koredo y el resguardo Emberá-katío: son centenares de familias que, como sus padres y los padres de ellos, apenas sobreviven gracias a sus cultivos de maíz, arroz y otros de pancoger.

Pero la pobreza no es lo que más asusta en esa región de Tierralta (Córdoba), sino el control que ejercen allí hace décadas los grupos armados ilegales. Primero, las antiguas Farc, luego, los paramilitares de Carlos Castaño y, desde hace más de 15 años, el ‘clan del Golfo’, que sigue mandando en la región a pesar de las esporádicas y nunca sostenidas operaciones de control territorial del Ejército.

Tal vez por eso, a algunos de los habitantes no les pareció tan extraña la aparición de un grupo de personas fuertemente armadas en la vereda sobre las 12: 30. m. del pasado 11 de septiembre. Cubrían sus rostros con pasamontañas, llevaban botas de caucho y prendas negras sobre los camuflados. Se identificaron como supuestos de las disidencias del quinto frente de las Farc y, en ese momento, comenzaron tres horas de terror para los campesinos de Bocas del Manso.

Las grabaciones realizadas por la comunidad con sus celulares y detalles visibles (como el uso de fusiles con el seguro plástico amarillo –la llamada ‘bala de la vida’– implementada por las Fuerzas Armadas colombianas para evitar disparos accidentales) pronto revelaron que la violenta incursión fue perpetrada en realidad por una patrulla de la Séptima División del Ejército, cuyos mandos y fueron ya separados de la institución.

Y en medio del escándalo y de las explicaciones parciales entregadas por el Comando de las Fuerzas Militares (el hecho sorprendió al ministro de Defensa, Iván Velásquez, en un viaje al exterior), el presidente Gustavo Petro aventuró esta semana una hipótesis que generó polémica. Aseguró que “los que dieron la orden en Tierralta”, supuestamente, buscaban “decirle a la sociedad en general “¡Uy, este Gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, en el caos, hay que poner orden!”. Y agregó: “Los que dieron la orden de los hechos es porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares. Es decir, a que repitamos esta historia. Yo les digo: no deben ser estúpidos en eso”.

El Presidente no aclaró cuáles son las fuentes de sus afirmaciones. Pero desde varios sectores, empezando por el fiscal Francisco Barbosa, le recordaron que la cadena de mando de las órdenes de cualquier patrulla militar llevan, al final, al propio presidente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Además, las afirmaciones del jefe de Estado plantean serias dudas sobre el control del Ministro de Defensa y los altos mandos sobre las tropas en el territorio nacional, pues sugieren que hay órdenes que se acatan en terreno, pero que no vienen de la cadena de mando legítima.

En Tierralta, que hasta hace 20 años fue uno de los principales centros de operaciones de Carlos Castaño y que también fue en el corregimiento de Santa Fe de Ralito, sede de los diálogos que llevaron al desmonte de las Auc, hay fuerte presencia del ‘clan del Golfo’, que desde que está en conversaciones con el Gobierno insiste en presentarse como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.

Fuentes de la Fiscalía que estuvieron en la zona señalan que en la región no hay denuncias de presencia de disidencias de las Farc. En Tierralta hay al menos 4.500 hectáreas de coca, según el último informe Simci, y los ilegales también controlan la minería ilegal.

Las investigaciones –más que a la excusa para el supuesto resurgir del paramilitarismo de la que habla el Presidente– están más encaminadas hasta ahora hacia un episodio de delincuencia, corrupción y abuso de poder de uniformados en una zona rural. Pero se investigan también eventuales nexos con la banda criminal que impera en la región, pues los habitantes aseguran que en la incursión habrían participado del ‘clan’. Incluso, factores como el denunciado relajamiento de la Fuerza Pública en el territorio, por cuenta de la ‘paz total’, y los problemas en el control y la disciplina interna asociados a esta situación están siendo considerados por los investigadores.

Inicialmente, se dijo que los hombres armados llegaron por el río Manso y el río Sinú en varias embarcaciones, pero la declaración de una mujer habitante de la vereda Tucú dejó saber que también lo habrían hecho en helicóptero.

Dagoberto López, presidente de la junta de acción comunal de Bocas del Manso, dijo que, a la fuerza, amenazándolos con armas de largo alcance, los obligaron a tenderse en el suelo desde las 1:00. p. m., y durante tres horas y con machetes comenzaron a golpearlos y a insultarlos.

El país vio en video la violencia de la incursión. Una mujer cargando a su hijo los enfrentó y les exigió que se identificaran. Tenía a su hijo en brazos y uno de los militares empuñó su pistola y amenazó con dispararle. “Ustedes, quiénes son, han llegado con la mala actitud, obligando a tirarnos al suelo y a humillarnos, aquí nosotros no estamos violando nada, ustedes sí están violando los derechos humanos”, les dijo la mujer.

Al percatarse de que estaban grabando, otro militar trató de apoderarse del celular, hecho que impidió la comunidad. “Ingresaron a nuestras casas, nos sacaron en forma violenta y comenzaron a robar las cosas de valor que teníamos, el robo es grande”, denunció otra de las mujeres de la comunidad.

López, el líder comunal, dijo que sobre las 4 de la tarde, cuando decidieron irse, lo tomaron a él y a un docente de la población como escudos humanos: “Nos dejaron como a dos kilómetros de Bocas del Manso, tirados boca abajo, mientras se iban”.

Javier Sarmiento, procurador delegado para los Derechos Humanos, dijo que recibieron seis denuncias adicionales a la reciente agresión, “denuncias de hombres, mujeres que manifiestan haber sido víctimas de militares desde diciembre de 2021 hasta la fecha”. Entre lo declarado se habló de malos tratos verbales y físicos por parte de uniformados.

En versiones de la investigación interna del Ejército, algunos de los militares aseguran que estaban realizando una operación contra el ‘clan del Golfo’ y que el jefe de la unidad ordenó, sin que se conozca razón, que ocultaran su condición de soldados de Colombia y se presentaran como disidencias. La versión del teniente que estaba al frente de la patrulla –24 integrantes, un oficial, dos suboficiales y 21 soldados– es clave para aclarar los hechos.

Fiscalía y Procuraduría adelantan sus propias investigaciones, que en un primer momento se vieron afectadas por el ataque, atribuido al ‘clan’, contra el helicóptero que llevaba a la comisión de las dos entidades a la zona.

Desde Bocas del Manso denuncian que hay miedo y que están llegando familias desplazadas. “No hay agua potable, no tenemos alimentos para las personas, se presenta desplazamiento interno. Se necesita mucha ayuda humanitaria”, dijo uno de los líderes.

El alcalde de Tierralta, Daniel Montero Montes, dijo que la situación es tensa. El municipio, que es la puerta de entrada por Córdoba al Nudo de Paramillo, es considerado uno de los que están en riesgo de afectación de las elecciones del 29 de octubre por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales.

La región del Nudo de Paramillo, entre Córdoba y Antioquia, es uno de los enclaves históricos del conflicto armado en Colombia.

Se trata de una zona estratégica que comunica el Urabá con la Costa Atlántica. Y esa posición privilegiada, sumada a la riqueza natural de la zona, terminó convirtiéndose en un apreciado botín para los violentos.

Desde los años 70 las antiguas Farc y el EPL empezaron a actuar en la región. Pero desde los 80 las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, se impusieron a sangre y fuego y convirtieron al Paramillo, en general, y a Tierralta, en particular, en uno de sus principales centros de operaciones.

Allí tenían base permanente y grandes fincas, Carlos y Vicente Castaño, los fundadores de las Auc. Y hasta su desmovilización las Farc intentaron recuperar la zona. En 1988, realizaron un violento ataque a la vereda Saiza que dejó, según los reportes de la época, unos 50 muertos. Y en 1998, el propio Carlos Castaño estuvo a punto de morir en otra incursión contra su campamento. Unos 400 guerrilleros rompieron sus anillos de seguridad tras varios días de combates. Castaño fue rescatado en helicóptero en una operación dirigida por su segundo, Salvatore Mancuso.

Tras la desmovilización ‘para’ de hace casi 20 años, el ‘clan del Golfo’, entonces conocido como la banda de ‘los Urabeños’, empezó a recuperar el poder ilegal en la región. El Estado no cumplió su promesa de copar espacios y allí hoy sigue mandando la ilegalidad.

FRANCISCO JAVIER BARRIOS

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo y redacción Justicia