A un año del asesinato de Moïse, señalados del crimen no han sido imputados

En Haití, hoy se tienen previstos varios actos para honrar la memoria de Jovenel Moïse, empresario y político, que ejerció la presidencia del país caribeño entre el 7 de febrero de 2017 y el 7 de julio de 2021, día en que fue asesinado.

El mundo se estremeció la madrugada de ese miércoles, al conocerse que el mandatario, de 53 años, había sido asesinado en su residencia, mientras descansaba al lado de su esposa, por un comando armado.

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Ese mismo día, en horas de la tarde, en la reacción de la policía fueron ubicados los atacantes en inmediaciones de una embajada; allí fueron capturados 21 hombres y dos más resultaron muertos, con el paso de las horas se estableció que 18 de los capturados eran de nacionalidad colombiana, todos militares en retiro, al igual que los fallecidos: Duberney Capador Giraldo y Mauricio Javier Romero.

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Un año después del magnicidio los connacionales capturados no han sido vinculados de manera formal a un proceso – legalización de captura o imputación de cargos – “sino que permanecen en lo que las autoridades de Haití califican como un pliego de indagación”, dijo a EL TIEMPO, el penalista Juan Pablo Quintero, quien ha venido asesorando en Colombia a algunos de los familiares de los detenidos.

El abogado señaló que hace pocos días se interpuso un habeas corpus ante la rama judicial de Haití en aras de buscar agilizar el proceso, en medio de las denuncias de tratos inhumanos y violatorios a los derechos de los capturados, quienes han sido hasta amenazados de muerte en su sitio de reclusión.

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De hecho, los familiares de los capturados en Puerto Príncipe realizaran hoy un plantón, al frente de la sede de la Cancillería, señalando que tras un año del magnicidio el proceso no avanza y que “no se les han respetado sus garantías procesales y además han sido sometidos a maltratos, torturas y se encuentran en riesgo inminente de muerte en la reclusión”, dieron a conocer a través de un comunicado.

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De igual forma, solicitan su “libertad inmediata”, aludiendo que “fueron detenidos sin ninguna prueba idónea”, además piden que se “exhorte al Gobierno de Haití a garantizar un juicio imparcial y justo” y que se autorice por parte de los dos gobiernos una veeduría internacional que garantice la transparencia.

El abogado Quintero señaló que el 29 de junio de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, extendió la medida cautelar para “proteger los derechos humanos de los connacionales privados de la libertad, haciendo extensivos los efectos de la medida cautelar concedida el 26 de febrero del 2017, en donde se ordenó adoptar las medidas necesarias por parte del Estado de Haití con la finalidad de proteger la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad en la Penitenciaría civil", informó en su momento el bufet de Quintero López.

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Con la misma, se pedían acciones inmediatas para reducir progresivamente el hacinamiento y las condiciones al interior del penal donde se encuentran recluidos los colombianos, y por esa vía “que se provean las condiciones adecuadas de higiene en los recintos, a agua para consumo humano, y proporcione los tratamientos médicos adecuados para las personas detenidas".

De igual forma, el penalista señaló que se han logrado avances, gracias a la mediación del embajador de Colombia en Puerto Príncipe y las acciones desarrolladas por parte de la Defensoría del Pueblo que apoyó las solicitudes de medidas cautelares ante la CIDH y que solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) seguir atenta el proceso judicial y solicitarle información permanente al estado haitiano sobre las condiciones de reclusión de los colombianos.

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Dentro del proceso es significativo lo que suceda con Marco Antonio Palacios Palacios, señalado de haber participado en el homicidio y quien alcanzó a estar prófugo por tres meses y quien fue capturado en Jamaica.

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Morales, fue interceptado por autoridades de Estados Unidos, cuando era deportado a Colombia, el 4 de enero de este año, en el aeropuerto de Panamá; el hombre decidió cooperar con las autoridades norteamericanas, tomando como base que la empresa que contrato a los colombianos tenía su sede de operaciones en Miami.

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Se trata de la empresa de seguridad venezolana CTU, cuyo representante legal es Antonio Enmanuel Intriago Valera, quien habría sido el encargado de ar a Capador Giraldo para reclutar a los militares en retiro y así cumplir con la solicitud laboral de Charles Emmanuel Sanon, un político haitiano señalado de ser uno de los cerebros tras el atentado.

En esa línea, el Buró Federal de Investigaciones, FBI, verifica elementos de prueba que han recaudado en cooperación con Haití y Colombia para efectos de establecer la responsabilidad penal, civil, laboral de la empresa que los contrató.

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