La billonaria cifra que pretenden dueños de la EPS Sanitas por la intervención del gobierno

EL TIEMPO conoció más detalles de la notificación de Centauro y Natanor contra el Estado colombiano.

Fachadas de las sedes de Sánitas EPS en Bogotá Foto: Juan David Camacho / El Tiempo

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Ana María Cuesta

EDITORA09.12.2024 15:56 Actualizado: 10.12.2024 07:13

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El pasado octubre, EL TIEMPO reveló que el Estado colombiano fue notificado de una intención de disputa por parte de las firmas españolas Natanor XXI y Centauro Capital, dueñas de la EPS Sanitas, la Entidad Promotora de Salud que fue intervenida forzosamente el pasado abril por decisión del entonces superintendente Luis Carlos Leal.

La Supersalud intervino la EPS, principalmente, para impedir su "colapso financiero", alegando que acumuló deudas billonarias y que, para la época de la decisión, incumplía con los requisitos financieros habilitantes.

Las mencionadas empresas españolas, que controlan mayoritariamente al Grupo Keralty, del que hace parte Sanitas, le manifestaron al Estado que la intervención de la EPS fue "arbitraria" y "discriminatoria", e implicó además una “expropiación indirecta" y una "violación del estándar" del Tribunal de Justicia Español que ha obstaculizado "el disfrute de sus inversiones".

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Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal. — Exsuperintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal. Foto:Cesar Melgarejo

Aunque desde el Estado se ha manejado este proceso con absoluta discreción, EL TIEMPO estableció que las firmas que pertenecen al magnate vasco Joseba Grajales Jiménez pretenden 1.2 billones de dólares (1.200.000.000 USD) del Estado colombiano, pues así se lo notificaron.

En la moneda colombiana, la cifra de la pretensión se acercaría a los 5.2 billones de pesos ($5.298.848.424.000).

Presidente global de Keralty — Joseba Grajales, dueño global de Keralty. Foto:EL TIEMPO. Captura de pantalla.

La discreción del Estado sobre los 1.2 billones de dólares pretendidos

El caso de Sanitas, que actualmente se encuentra en etapa prearbitral, fue notificado directamente a la Dirección de Inversión Extranjera y Servicio del Ministerio del Comercio, Industria y Turismo (DIES) y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).

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En respuesta a un derecho de petición de este medio, la DIES confirmó que recibió la intención de disputa. "La única notificación de disputa recibida en 2024 en la DIES, corresponde a los inversionistas Centauro Capital S.L.U y Natanor XXI S.L.U, en virtud del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito el 31 de marzo de 2005", se lee en el oficio.

Socialización de resultados EPS Sanitas, 2023 Foto:EPS Sanitas intervenida

"Tomando en consideración que la notificación de la disputa entre Centauro Capital y Natanor se realizó conforme al Tratado Bilateral de Inversión entre España y Colombia, el cual carece de disposiciones explícitas sobre la transparencia de los procedimientos arbitrales, los escritos presentados en virtud de este tratado no son de carácter público", se lee en el escrito.

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"No es posible divulgar la información contenida en la notificación de la disputa o en la manifestación de intención por parte de Natanor y Centauro Capital, ni siquiera a través del mecanismo de derecho de petición", agregó el Mincomercio.

Los 10 casos en etapa prearbitral que conoce la Agencia de Defensa

Por su parte, fuentes en la Agencia de Defensa le contaron a EL TIEMPO que el caso de Natanor y Centauro es el décimo proceso en etapa prearbitral con el que cuentan en este momento, alterno a 15 casos en arbitrajes de inversión oficialmente constituidos contra el Estado.

A través de este foro, se busca generar un espacio de reflexión y discusión sobre cómo la reforma puede transformar el sistema judicial colombiano para hacer realidad los principios de justicia, equidad y democracia. — Foro: Reforma a la Justicia. Foto:

En cálculos de la Agencia, de los 10 casos en etapa prearbitral siete tienen pretensiones sin un monto claro y sólo se tiene certeza de tres procesos que pretenden un aproximado de 2.3 billones de dólares.

En todo caso, en este momento en que se revela la billonaria cifra pretendida por la intervención forzosa de Sanitas, hay gran expectativa sobre el próximo paso: sobre si se efectuará, o no, la radicación oficial de la disputa ante las instancias internacionales encargadas de dirimir los pleitos entre inversionistas y los Estados.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]

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