Lupa a 272 contratos firmados durante la suspensión de Ley de Garantías

En entrevista con EL TIEMPO, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, habló sobre las investigaciones del Plan de Alimentación Escolar, los primeros hallazgos en relación a los contratos que se firmaron mientras estuvo vigente la reforma a la Ley de Garantías, declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, y respondió a denuncias de plagio en su tesis doctoral.

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"Las críticas las asumo con serenidad, aunque debo reconocer que me afectan profundamente las mentiras. Jamás he acudido a trampas para alcanzar mis objetivos profesionales", dijo.

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No voy a entrar a opinar sobre las propuestas que hagan los candidatos en medio de la contienda electoral. Sí puedo hacer una reflexión a partir de las experiencias que algunos expositores hicieron en la Asamblea de Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Allí compartieron casos vividos en sus respectivos países en los que se adelantaron campañas que iban desde la abolición de los órganos de control hasta invitaciones a incendiarlas para borrar huellas de procesos que apuntaban al destape y sanción de actuaciones indebidas de algunos grupos políticos. Es importante nunca caer en esos extremos.

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La Contraloría ha hecho un trabajo sistemático de seguimiento y advertencia por las irregularidades detectadas en el programa. Sin embargo, todavía persisten casos como el de Cartagena, donde más de 40.000 niños siguen viéndose privados de su ración. Adelantamos hoy 145 actuaciones fiscales por valor de 43.000 millones de pesos. Venimos generando alertas para garantizar la oportunidad y cobertura del servicio. Hay que hablar claro: ante la falta de compromiso de algunas entidades territoriales nos ocuparemos de que los procesos de contratación y la prestación del servicio se den sin más excusas. Esos procesos deben estar listos con suficiente antelación. Solo así será posible lograr que niños, niñas y adolescentes se alimenten durante la jornada escolar. Muchas veces las raciones que allí reciben son su única comida del día.

Con el retorno a la presencialidad, nuestras acciones se ampliaron a 1,1 billones de pesos que hoy son vigilados con rigor para proteger los derechos de nuestros estudiantes en más de 44.000 instituciones educativas. Hemos desplazado a nuestros equipos en los 32 departamentos para constatar la entrega de las raciones a más de 5 millones de estudiantes. Han sido generadas alertas, para que los contratistas cumplan con su obligación. Tristemente hoy no se está presentando cobertura al cien por ciento de nuestros estudiantes y en algunas regiones no se están entregando componentes nutricionales conforme a las minutas.

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Mientras estuvo vigente la ley se dispararon los convenios firmados entre la nación y las entidades territoriales con cargo al Presupuesto General y llegaron a los 6,5 billones de pesos. En total fueron 3.398. En los territorios identificamos y mapeamos 968 proyectos por 960.000 millones. A la Contraloría le llamaron poderosamente la atención 272 contratos derivados de procesos con oferente único por 590.000 millones de pesos. Los estamos revisando con toda la atención para tomar decisiones en cuanto a las actuaciones que eventualmente podríamos iniciar.

Como es nuestro deber y desde el primer momento, la Contraloría desplegó un seguimiento que permitió dar cuenta de algunos retrasos en las acciones a cargo del gobierno nacional en el ámbito de la reconstrucción del Archipiélago. Con esos insumos fueron generados compromisos que permitieron avanzar en la construcción de viviendas y a los servicios públicos. Hoy adelantamos una actuación fiscal a través de las contralorías delegadas de Comercio, Vivienda e Infraestructura para verificar cómo fueron invertidos los recursos y la efectividad de la inversión.

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Casos como Hidroituango y Reficar han sido de los más grandes que fueron investigados, ¿qué cambió en esos procesos tras los fallos?

Hidroituango marcó un hito: por primera vez en su casi centenaria existencia la Contraloría consiguió la reparación integral del daño y recuperó para más de 4,3 billones de pesos. En el caso Reficar, en el que se aplicó una mirada integral y no solo a los contratos, fue determinado un detrimento patrimonial de 2,9 billones de pesos. Actualmente se adelanta el cobro coactivo, en el cual se tiene una importante cantidad de dinero e inmuebles embargados.

Sí y es algo de lo que estamos conscientes desde que asumimos esta responsabilidad. Si actuamos con eficiencia y rigor, como lo hemos hecho, no faltan aquellos que se sientan incómodos porque el control fiscal responsable debilita su núcleo de poder, y les cierra puertas que antes les daba libre al erario. Hemos demostrado que la lucha contra la corrupción es mucho más que una proclama, y eso trae consecuencias pues estamos enfrentando sectores poderosos que siempre trataran de generar suspicacias sobre el que los investiga. Son gajes del oficio.

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El logro más importante fue haber sacado adelante la reforma del control fiscal. Hay una nueva cultura en la vigilancia, en el control, con espacios nuevos para que la propia ciudadanía pueda apropiarse del cuidado de sus recursos. Nos pusimos a la vanguardia de los órganos de control de Latinoamérica con la creación y desarrollo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata con el que podemos seguir al detalle el flujo de los recursos públicos en los proyectos mayor envergadura para el país.

Debo destacar la estrategia Compromiso Colombia que, apoyada con la Ley 2020 de 2020, que creó el registro nacional de obras inconclusas, nos ha permitido cavar en los viejos cementerios de elefantes blancos. Con corte a 31 de mayo teníamos 1.182 proyectos reactivados o culminados por cerca de 15 billones de pesos.

Los cuestionamientos no corresponden a la realidad. Mi vida ha sido un constante aprendizaje y en todos los cargos que he desempeñado me he impuesto, como deber irrenunciable, prepararme para alcanzar mayores niveles de desempeño. Al asumir ese deber no he vulnerado en absoluto los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades, ni ningún otro precepto legal ni ético.

Las críticas las asumo con serenidad, aunque debo reconocer que me afectan profundamente las mentiras. Jamás he acudido a trampas para alcanzar mis objetivos profesionales. Cuando preparé mi tesis doctoral utilicé, además de una profunda investigación, el conocimiento que he podido gestionar durante mis experiencias como contralor delegado, vicecontralor, auditor y contralor general. Fui inspirador y coautor de la reforma al control fiscal, tema medular de mi tesis de grado. Participé en la redacción del proyecto, lo socialicé y lo defendí ante el Congreso. Lo conozco al detalle y mal podría entonces plagiarme. Me he preparado a fondo para aplicar el modelo de control fiscal, y los resultados obtenidos representan mi mejor defensa.

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La tesis doctoral recoge años de experiencia fiscal en donde mi trasegar profesional avala cada uno de los párrafos que se redactaron. Planteamientos que no son fruto de una divagación teórica sino de una experiencia práctica que sistematicé y que fue entendida y aceptada por los jurados, quienes la elogiaron por la minuciosidad empleada tanto en el uso como en la citación de las fuentes, al indicar incluso que es poco usual un trabajo con tanto cuidado y exactitud en el uso de fuentes, y el alto grado de originalidad, que superaba incluso los avances en España en la materia y al que además le otorgaron calificación summa cum laude, así a algunos les incomode.

Debemos tener claro que la Contraloría no impone sanciones y no inhabilita a ninguna persona. Sin embargo, la Ley 610 de 2000 y el Código Disciplinario prevén consecuencias derivadas de una declaración de responsabilidad fiscal. La adecuación del ordenamiento jurídico a lo dispuesto por la Corte IDH es responsabilidad del Estado en su conjunto. Desde el ámbito de su competencia la Contraloría apoyó dos reformas.

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La primera, contenida en la Ley 2080 de 2021, que creó un control judicial previo e integral de los fallos de responsabilidad fiscal y sus consecuencias como la inhabilidad, que fue declarada inconstitucional en marzo. La segunda fijó un control judicial más expedito de los fallos y un incidente que hace que sea el juez competente el que determine posibles inhabilidades derivadas de ellos. El proyecto de ley estatutaria es revisado por la Corte Constitucional.

Al sector salud, donde la infraestructura sigue siendo insuficiente y la calidad es susceptible de mejoras sustanciales. El sistema educativo no puede quedar de lado, sobre todo cuando su calidad se ve comprometida a la luz de los resultados de mediciones internacionales. Siempre falta algo, y es tal la dimensión del desafío que siempre quedan algunas frustraciones.

@JusticiaET