Los detalles del borrador del proyecto para la erradicación de violencias basadas en género

Al nutrido paquete legislativo que impulsará el Ministerio de Justicia en el Congreso, se sumó un proyecto de ley para la "erradicación de las violencias basadas en género y por prejuicio". El borrador fue presentado ante la comisión de expertos, y la ministra Ángela María Buitrago ofreció un adelanto de esta iniciativa, que se tiene previsto tramitar tras la reanudación de las sesiones ordinarias, el pasado 17 de febrero.

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El proyecto se sumaría a otra decena de iniciativas de origen parlamentario con enfoque de género. Este tema será prioridad en la agenda de debate de este semestre y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que sería paritario en la discusión tanto de iniciativas de autoría de los congresistas como del núcleo del Gobierno. 

Frente al borrador del proyecto de ley 'para la erradicación de violencias basadas en género y por prejuicio', la ministra Buitrago aseguró que busca dotar de herramientas al sistema judicial para frenar la escalada de estos crímenes que, según el Observatorio de Feminicidios Colombia, solo los asesinatos de mujeres experimentaron un crecimiento del 55 % con respecto a 2023.

"Mientras más leyes surgen, lo que estamos viendo es un aumento en los feminicidios, la violencia intrafamiliar, y la persecución por motivos de género y de prejuicio. Esto nos lleva a tratar de entender, desde el punto de vista de la justicia, qué está fallando. ¿Es suficiente la norma? ¿Hemos dejado muchos elementos por fuera? Por esa razón, tanto el decreto de justicia familiar, que se aprobó el año pasado, como todas las propuestas relacionadas con temas de género, buscan tener un impacto positivo en la realidad de las mujeres en Colombia", afirmó Buitrago.

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Algunos de los puntos que abordará la iniciativa serán la celeridad en la justicia, así como los vacíos y trabas burocráticas que impiden la toma de medidas de protección inmediatas y efectivas.

"Esto es crucial, porque no podemos permitir que las mujeres sean asesinadas y que después se tomen medidas represivas en lugar de preventivas, como las de salvaguarda que llamamos dentro de este proyecto. También incluye elementos que nos permiten concluir que la norma debe ser acompañada por procesos de capacitación, formación y empatía", agregó la Ministra.

Estas medidas de salvaguarda ayudarían a aliviar el desgaste del sistema actual, ya que la deficiente implementación de las normas es una constante en las denuncias de las víctimas. Incluyen órdenes tanto de los jueces de control de garantías como de los comisarios de familia para garantizar la protección inmediata de las personas denunciantes en casos de extremo peligro.

"Lo que hemos observado en la realidad es que incluso cuando se dictan medidas de protección y alejamiento, no se cumplen. Muchas mujeres que fueron asesinadas el año pasado ya tenían estas medidas, pero la falta de acompañamiento permitió que fueran asesinadas por sus parejas o exparejas. Esto es dramático: el derecho y la norma existen, pero no tienen un efecto real", insistió la jefe de la cartera de Justicia.

Según la propuesta legislativa, se fortalecería el acompañamiento interinstitucional a la víctima a partir de las comisarías de familia y el apoyo psicosocial "para evitar que el control y la sumisión —paradigmas esenciales de un sistema patriarcal— sigan afectando a la mujer. 

A veces, la mujer depende económicamente de su pareja, lo que la lleva a arrepentirse de la denuncia o a no declarar frente a los procesos. Esto también implica la necesidad de brindar apoyo psicológico y físico, así como medidas, como las casas de protección.

En cuanto a la investigación, se busca establecer una ruta diferenciada para que la mujer víctima de violencia no tenga que enfrentarse repetidamente a la Fiscalía, al juez y a todas las instancias hasta que su agresor quede tras las rejas.

"Esto surge como un mandato internacional, respaldado por decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia colombiana, como el caso de Jineth Bedoya, quien fue revictimizada al ser interrogada doce veces, entre otras razones, porque la justicia no le creía", contextualizó Buitrago.

Por ello, se priorizarán medidas procesales como la prueba anticipada, que se rendirá solo una vez, y el testimonio adjunto, que garantiza que cualquier declaración de la víctima será considerada creíble. Además, se prohibirá la toma de testimonios múltiples y se establecerá un protocolo de interrogatorio para evitar la revictimización durante el procedimiento.

Según la Ministra, este tema se ha socializado durante más de un año, "con la participación de diversas entidades como la Defensoría, la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, organizaciones civiles, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Igualdad, Medicina Legal y la Policía Nacional".

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Redacción Justicia