Pese a denuncias, los elefantes blancos no se extinguen

Acueductos que se construyen donde no hay pueblos. Viviendas que se hacen para comunidades nómadas. Colegios que llevan 10 años terminados pero en los que nadie estudia. Como si se tratara de monumentos a la desidia, los elefantes blancos están lejos de ser extintos en el país.

A pesar de las reiteradas denuncias, la Contraloría General sigue detectando nuevas obras que quedan inconclusas o fueron finalizadas, pero que no prestan ningún servicio.

EL TIEMPO supo que los nuevos ‘elefantes’ encontrados en el último año superan los 323.574 millones de pesos, dineros que venían del Sistema General de Regalías (SGR) y terminaron beneficiando a contratistas mas no a los ciudadanos. Si se suman los ‘elefantes’ de hace más de una década, las pérdidas por obras inservibles podrían superar el billón de pesos y el detrimento aumenta si se cuentan los recursos de fuentes distintas al SGR.

El departamento que hoy más preocupa es Meta, en donde la Contraloría detectó en el último año por lo menos 37 de esos paquidermos. Uno de los ‘elefantes’ es el acueducto de Villavicencio, cuyo contrato de obra se firmó en el 2011. Aunque debía ser ejecutada en 12 meses, los contratistas lo abandonaron hace dos años y la Contraloría verificó en el 2017 que no sirve para llevar agua y está en deterioro.

En el Meta también se han encontrado hospitales abandonados en La Uribe, zona que por años fue uno de los santuarios de las Farc. En ese municipio se terminaron las obras de un centro de salud en 2015 y a la fecha no ha sido abierto.

En el hospital se invirtieron 9.828 millones de pesos pero nunca entró en funcionamiento porque cuando se lo proyectó hubo tanta improvisación que no se contempló algo básico: se necesitaba instalar una red de energía para que funcione.

“Estos casos muestran que se hacen obras por el afán de contratar. Después de que se inician, los encargados se dan cuenta de que no tenían todos los permisos y los requisitos para ponerlas a funcionar”, dijo una fuente de la Contraloría.

Otra muestra de improvisación es la de un centro de salud en Acacías que costó 1.669 millones y, aunque fue entregado, no funciona porque nunca se tramitó el permiso que se requería con el Ministerio de Salud. En el hospital hay otro problema: los equipos de cirugía están abandonados en cajas porque no caben en la sala que construyeron.

Aunque las pérdidas en obras de salud en todo el país son grandes (41.673 millones de pesos en el 2017), las obras de acueducto y saneamiento básico son las que los contratistas más dejan a medias o nunca finalizan: según los reportes del último año, obras de por lo menos 150.070 millones de pesos como plantas de tratamiento y redes de agua quedaron abandonadas.

Uno de esos casos es el de Recetor (Casanare), en cuya zona rural se construyó una planta de tratamiento de aguas porque se esperaba trasladar allí el pueblo afectado por inestabilidad del suelo. El traslado no se hizo pues después de terminar el acueducto, que costó $ 2.138 millones, se dieron cuenta de que el nuevo terreno también era movedizo.

En vivienda (el cuarto tipo de ‘elefante’ que se come más recursos) hay proyectos vergonzantes como el de 238 apartamentos de interés social en Arauca. El año pasado, cuando estaban casi listos, se dieron cuenta de que no hay redes de energía ni de agua y ya no se tiene espacio para poner los tanques y las redes que se necesitan.

Los delegados de regalías han encontrado otros elefantes: el Acuaparque de Buenaventura, que pese a una inversión de 2.100 millones de pesos solo va en 5 %, y las piscinas con olas que se prometieron hoy son aguas empozadas; el centro de investigaciones de energías renovables en Vichada en el que se gastaron $ 33.000 millones, pero nunca operó porque les faltó lo principal: las plantas solares.

Los funcionarios fiscales dan cuenta de casos como el de 720 viviendas VIP en Caquetá para 5 municipios, en las que se gastaron 24.000 millones y que hoy están abandonadas, o el de Barbacoas (Nariño), en donde dejaron en obra negra una casa de 1.886 millones que debía usarse para capacitar a campesinos, o el de 6 centros de salud en Chocó que abandonaron en 2016 tras haber invertido 7.017 millones y hoy están desmantelados y llenos de basura.

Mientras tanto, cada año los elefantes blancos siguen siendo uno de los huecos del Sistema de Regalías, problema que pone en duda la efectividad de ese mecanismo para reducir las brechas y plantea el debate sobre si debería sufrir un cambio para mejorar su control.

La Contraloría ejerce un control posterior cuando las decisiones están tomadas y ejecutadas: llegamos a recoger el muerto y a diagnosticar de qué murió. Por eso hemos planteado la necesidad de restablecer constitucionalmente el control de advertencia que sea aplicado por la Contraloría excepcionalmente.

El hecho de que persistan obras inconclusas, abandonadas o terminadas y sin uso, los llamados elefantes blancos, se debe a problemas que como país no hemos resuelto: situaciones afectadas por la corrupción y prácticas clientelistas, donde las campañas políticas se financian a través de la contratación pública.

El Sistema de Regalías entregó una chequera en blanco a las entidades territoriales, pues hay libre destinación, sin metas exigibles y verificables, ello permite que recursos deriven fácilmente hacia contratistas y los servidores públicos que adjudican.

Este tema se va a analizar en un seminario que realizaremos en la Universidad Externado el 3 de mayo. Vamos a presentar un estudio que se ocupa de los Órganos Colegiados de istración y Decisión (Ocad) y la gestión por proyectos.

Ni los Ocad, espacio de toma de decisiones del actual Sistema de Regalías, ni el Gobierno que participa de esa instancia, tienen la capacidad para oponerse a una decisión equivocada de una entidad territorial, ni aún en los casos en que los riesgos son evidentes.

Las decisiones sobre la orientación y priorización de las inversiones y sobre los proyectos específicos las toman los gobernantes de turno; el Gobierno ha expedido innumerables normas y trámites que no mejoran las decisiones.

Esto lleva inexorablemente a que los objetivos de política pública que tienen las regalías, de reducir la pobreza y las brechas sociales y de desarrollo entre las regiones no se cumplan, y la población es la perjudicada, pues no reciben los beneficios de los proyectos que ya fueron aprobados. Es urgente la necesidad de reformar el manejo de las regalías.

MILENA SARRALDE DUQUE

REDACCIÓN JUSTICIA

En Twitter: @MSarralde