Él es el filósofo y exguerrillero que manejará inteligencia estratégica del país

El filósofo de la Universidad de los Andes Manuel Alberto Casanova Guzmán, por decisión del presidente Gustavo Petro Urrego, estará al frente de la central de inteligencia del país, cuya misión es producir información estratégica y realizar operaciones secretas para enfrentar amenazas internas o externas contra los intereses nacionales.

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Casanova Guzmán fue exguerrillero del M-19 y, según varios excombatientes consultados por EL TIEMPO, en su paso por la organización siempre fue ‘urbano’ (que estuvo en Bogotá y no en el monte). Y asumirá el cargo de la entidad, la cual depende directamente de la Presidencia y que hasta ahora había estado bajo el mando de oficiales en retiro curtidos en temas de inteligencia.

Cabe recordar que este diario había revelado la visita de Casanova Guzmán y de René Guarín, también exintegrante del M-19, a la entidad, donde se presentaron como enviados de la Presidencia.

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fue creada en noviembre de 2011 en reemplazo del cuestionado Departamento istrativo de Seguridad (DAS), liquidado por las chuzadas ilegales. Su primer director fue el almirante en retiro Álvaro Echandía, luego estuvo en encargo el coronel (r) Juan Carlos Rico y, hasta el jueves pasado, el despacho fue ocupado por el vicealmirante Rodolfo Enrique Amaya Kerquelen.

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Aunque la DNI es un organismo de carácter civil, hasta ahora sus directores eran oficiales en retiro con largas trayectorias en la Armada y el Ejército, y la designación de Casanova Guzmán generó sorpresa por su experiencia y trayectoria en temas de consultorías relacionadas con proyectos sociales a favor de la población vulnerable, desarrollo de convenios para programas para colegios públicos en Bogotá y hasta la promoción del Café Paz para apoyar a familias campesinas en la producción de café y cacao.

Sin embargo, personas que lo conocieron en su paso por la guerrilla indicaron que sus labores urbanas estaban asociadas al espionaje. “Era responsable de asuntos financieros y de inteligencia y estuvo en apoyo a la comandancia (de Carlos Pizarro), pero en temas de logística y no de manejo de tropa”, señaló un exintegrante del M-19 consultado por este diario sobre el perfil de Casanova Guzmán.

Otros excombatientes lo catalogaron como “tímido y pausado”, y una tercera persona consultada indicó: “Yo sabía que era del M-19, pero nunca estuvo en los cuadros altos ni estuvo en los niveles de decisión o permaneció en el monte con los demás”. Añadió que tras la dejación de armas, Casanova se acercó mucho al entonces comandante Carlos Pizarro y su familia.

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Un año después de la entrega de armas del M-19, el filósofo con especialización en istración Pública y Mercados asumió la gerencia del noticiero AM-PM que, tras los acuerdos de paz, se abrió como un espacio para los exintegrantes de esa guerrilla que ya eran un partido político y se habían reinsertado a la sociedad.

En octubre de 1993, Casanova salió del noticiero en medio de una polémica por supuestos señalamientos de no prestar unos equipos para cubrir la campaña del dirigente político Antonio Navarro. Esos señalamientos fueron negados por los exguerrilleros amnistiados Otty Patiño y Esther Morón, quieres para la época eran socios de la empresa.

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Luego gerenció una exportadora de fruta e hizo parte del Comité del Voto por el No, durante el referendo que en 2003 promovió el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Su nombre aparece en la lista de indultados que en enero de 2019 llegó a la Corte Suprema de Justicia que finalmente negó la petición de revisar ese perdón. Y en el informe final de la Comisión de la Verdad de los hechos del Palacio de Justicia figura que el 31 de enero de 1989 un juzgado ordenó reabrir la investigación contra varias personas del M-19, entre ellas el nuevo funcionario de la DNI, para establecer si participaron en la violenta toma de noviembre de 1985 o si perdieron la vida allí.

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Exintegrantes del M-19 le dijeron a EL TIEMPO que Casanova Guzmán no hizo parte de la acción armada.

El abogado Juan Carlos Restrepo Piedrahíta, quien fue el primer inspector de la DNI tras su creación, se mostró preocupado por el rumbo de la entidad, dijo que esta es muy sensible y aún está en proceso de consolidación si se considera que tiene apenas una década de creación.

“¿Cómo va a hacer para manejar la entidad una persona que no tiene experiencia ni conoce el funcionamiento de la inteligencia de Estado y la sensibilidad que tiene la DNI por la naturaleza de las funciones?”, indicó Restrepo tras señalar que la inteligencia que produce esa entidad es distinta a la de las unidades especializadas de la Policía y el Ejército.

“Se desarrollan temas estratégicos y preocupa que no tenga formación o experiencia en esos aspectos”, añadió.

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Igualmente, Restrepo afirmó que para el desarrollo de la agencia han sido muy importantes los aportes de agencias de Estados Unidos como la CIA y de Inglaterra como el M-16 y que habría que esperar si esos apoyos se mantendrán.

“Eso dependerá mucho de las relaciones del nuevo gobierno con esos países”, señaló el exfuncionario. Y, finalmente, dijo que en la ley de inteligencia se establecieron controles efectivos para garantizar que la labor de la DNI se desarrolle con transparencia y respetando las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos.

El nuevo jefe de la DNI llega al cargo con una indagación preliminar en la Procuraduría General de la Nación por un presunto acoso laboral.

En documentos del Ministerio Público se observa que la queja fue presentada en diciembre del año pasado por Lina Paola Díaz Gutiérrez, subdirectora del Centro de Industria y la Construcción del Sena en la regional Tolima, y a su vez Casanova Guzmán se queja de ella.

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La funcionaria señaló que fue víctima de “acoso y amenazas generadas en el hecho de haber sido encargada por la subdirección del Centro de Industria y la Construcción del Sena, de la dependencia de apoyo al aprendiz, dependencia de la cual estaba encargado el señor Casanova Guzmán”, y este afirma que ella lo acosó al separarlo del encargo de esa entidad.

A finales de marzo, la procuradora regional del Tolima ordenó la práctica de pruebas en esa indagación, entre ellas escuchar a la denunciante.

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