Los tentáculos de red que usaba mujeres embarazadas para estafar al Estado

En febrero de 2020 se hizo efectiva la afiliación a una EPS de una mujer cuya base de la cotización era un sueldo que ascendía al millón de pesos. En julio la afortunada trabajadora aparece con un importante aumento de su salario que llegó a los ocho millones de pesos. Las buenas noticias no paraban para ella pues se reportó que estaba embarazada de su primer hijo y por cuenta de su licencia de maternidad luego se le giraron más de 17 millones de pesos.

Días después de que se hizo la reclamación de la licencia por el embarazo su suerte cambió pues no solo el sueldo le bajó a un millón de pesos sino que dejó de aportar al sistema de salud al supuestamente quedar desempleada.

Tras varios meses de investigación la Fiscalía General evidenció que la mujer en realidad solo estuvo contratada en el papel, que no trabajaba y que detrás del supuesto contrato laboral y los papeles de su cotización al sistema de salud estaría una empresa fachada parte de un entramado de defraudación al estado con recursos de la salud.

Esa red, según la primera fase de la investigación de la Seccional Vichada de la Fiscalía y la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, habría usado los nombres y vidas de más de 472 mujeres embarazadas para conseguir el pago de recursos por licencias de maternidad.

En el expediente conocido por EL TIEMPO está la declaración de otra mujer que fue al médico y la que a pesar de sus bajos ingresos le cobraron la cuota moderadora más alta. Ella logró establecer que aparecía contratada por una empresa que no conocía y al ponerse en o con los representantes de la misma le ofrecieron un porcentaje del dinero que saliera del cobro por la licencia de maternidad.

La mujer denunció a la Fiscalía y su caso es uno de los que aparece en la investigación del ente acusador que llevó a la captura de 8 personas y la incautación de 31 bienes en Bogotá, Meta y Huila. Entre los bienes ocupados que pasaron a istración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hay un predio rural, 3 urbanos, 8 vehículos y 19 sociedades avaluados en más de 1.200 millones de pesos.

Según la investigación la red estaba integrada por de tres familias que constituyeron 19 sociedades de papel que figuraban como inmobiliarias, empresas de servicios generales o de asesorías, entre otras.

Este entramado empresarial era el encargado de sustentar con documentos falsos la contratación de las mujeres por las que se iba a cobrar la licencia de maternidad y realizar la cotización ante el sistema de salud.

Parte de su modus operandi, señalaron fuentes del ente acusador, era recorrer sectores de bajos recursos posando como integrantes de una ONG o de funcionarios públicos para ar a mujeres embarazadas de escasos recursos, cuyos periodos de gestación se encontraban entre el cuarto y el quinto mes y conseguir toda su información personal.

Así dice la Fiscalía lograron una base de datos de mujeres que vivían en municipios de Vichada, Meta, Cundinamarca, Huila, Casanare, Boyacá y Atlántico.

“Con estas maniobras, los señalados integrantes de la organización delincuencial habrían solicitado el pago de licencias de maternidad, las cuales fueron pagadas con base en el último salario reportado por el empleador”, señaló la Fiscalía al explicar la razón por la que en esa última cotización era en la que aparecían los importantes aumentos de salario de las afiliadas.

Además se detectó que los integrantes de la red incluso acudieron a la simulación de una multivinculación laboral de las usuarias frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, desde dos hasta cinco empleadores, con lo que garantizaban el pago múltiple de la licencia de maternidad de una misma persona.

Aunque la investigación sigue adelante y se analiza nueva información encontrada en los allanamientos realizados en la última semana ya se tiene reporte de una defraudación superior a los nueve mil millones de pesos correspondientes a recursos de la a de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adress).

De hecho la red intentó hacer mas cobros de los que en realidad lograron y se estableció que presentaron 620 reclamaciones de las cuales consiguieron que les pagaran 472. En el expediente hay casos como el de una mujer cuyo pago incluso intentaron conseguir con una tutela.

Ella aparecía con un sueldo de un millón de pesos y de un mes a otro supuestamente fue ascendida al cargo Profesional I con un salario, más comisiones, de 8.778.020 de pesos. No obstante, señalaron fuentes de la Fiscalía, el juez del caso encontró sospechosa la situación y no solo negó el reconocimiento del pago sino que compulsó copias para que la Fiscalía investigara los hechos.

Por las irregularidades, la Fiscalía imputó a los presuntos implicados los delitos de: enriquecimiento ilícito de particulares, estafa, utilización ilícita de redes de comunicación y concierto para delinquir agravado.

David Espinel, director seccional Vichada de la Fiscalía señaló que seis de los procesados recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad y dos más seguirán vinculados a la investigación.

En la investigación aparecen varias personas enredadas en las irregularidades en distintos niveles de compromiso y con funciones claras dentro de la organización. Entre ellos Víctor Manuel Vaquero Tabares director comercial y representante legal de la persona jurídica Servicios Mothers Enyma S.A.S., Aldemar Hernández Hernández y José Oliver López Castillo-

Figuran en el proceso empresas como Servicios Aguilar Vásquez con sede en Bogotá, Servicios y Distribuciones Yeiman SAS, Consultorías Eficaces e Integrales SAS y Construccioelos del LlAno SAS, estas últimas ubicadas en Villavicencio. Estas firmas habrían sido usadas para dar apariencia de legalidad a los contratos de trabajo y afiliación. Y sus representantes, dice la Fiscalía, habrían desplegado gestiones para “inducir y mantener en error” a las usuarias por las que cobraban las licencias, a las EPS y la a de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), “mediante artificios y engaños en la afiliación de las usuarias, cotización de los aportes y cobro de licencias de maternidad con la finalidad de obtener un provecho económico de los recursos públicos del Sistema de Seguridad Social en Salud”.

Los hechos se habrían registrado entre el 21 julio de 2016 y el 8 de marzo 2022.

Los representantes legales, señala la Fiscalía, tenían la tarea de cubrir el valor de los copagos o cuotas moderadoras de las usuarias para evitar que se quejaran o interpusieran denuncias, simulaban la vinculación laboral con las usuarias frente al sistema de salud, y garantizaban los pagos vencidos o atrasados para cubrir la totalidad de los meses en que estuvo embarazada y así obtener el pago total de los 126 días de la licencia de maternidad.

Además de los representantes legales de las empresas había un segundo nivel en la red ilegal que actuaban como intermediarios y que en concreto se dedicaban a hacer ofrecimientos a mujeres embarazadas de un bono, subsidio o ayuda económica con la finalidad de obtener sus datos de identificación y o.

Otros de los capturados se lee en el expediente se dedicaban a hacer el seguimiento de

la condición de salud de la usuaria para determinar cuándo iba a ocurrir el parto, conseguían por medio de las usuarias los documentos necesarios para realizar el cobro de la licencia de maternidad, tales como, certificado de nacido vivo, historia clínica y registro civil de nacimiento.

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