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Fiscalía acusa, 34 años después, a excongresista por la masacre de La Rochela
El 18 de enero de 1989 fueron asesinados 12 funcionarios judiciales por paramilitares. Detalles.
Paramilitares de las Auc en la zona de El Placer, Putumayo. Foto:
La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación acusó al excongresista Tiberio Villareal Ramos por su presunta participación en la masacre de La Rochela, perpetrada por paramilitares conocidos como 'Los Macetos' el 18 de enero de 1989, hace 34 años.
En el hecho fueron interceptados y asesinados 12 funcionarios judiciales que investigaban crímenes en la zona como la desaparición de 19 comerciantes, ocurrida año y medio antes en la región.
La masacre, ocurrida en la región del bajo Simacota, Santander, fue perpetrada por un grupo de hombres al mando de Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, quien señaló directamente a Villareal como una de las personas que habría ejercido presión para asesinar a los integrantes de la comisión judicial.
La acusación por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio agravado, conocida por EL TIEMPO, asegura que Villareal Ramos tuvo en efecto una vinculación “importante con los grupos paramilitares, con los narcotraficantes y con los estamentos militares comprometidos con causas criminales, todos los cuales confluían en el despliegue de violencia contra la población civil para la época de los hechos”.
“Los intereses políticos del mencionado procesado rebasaron el normal acontecer proselitista para incardinarse en el contubernio con grupos de narcotraficantes, de autodefensa o paramilitares e integrantes de la Fuerza Pública, concretamente del Ejército Nacional, con miras a favorecerse política y económicamente con la existencia de este accionar criminal”, agrega el documento.
Hombres de Rodríguez Gacha ejecutaron a 12 funcionarios judiciales que investigaban desapariciones. Foto:EL TIEMPO
En 50 páginas, la Fiscalía dio crédito al testimonio de alias Vladimir, quien señaló a Villareal como “la persona que cobraba los dineros a los comerciantes de Bucaramanga para colaborar con la financiación de la organización paramilitar y, de paso, de sus campañas políticas”, participando en la masacre de los servidores judiciales y presionando para que se les quitara el expediente con la investigación que adelantaban.
Aunque dijo que nunca recibió una orden directa, alias Vladimir dijo que escuchó esa exigencia en una reunión que sostuvieron en la finca de Henry Pérez, máximo jefe de las Autodefensas de la zona. La Fiscalía sumó a ese contexto que Villarreal “era una especie de comandante financiero o asesor financiero de alto perfil de la organización de paramilitares con vínculos con narcotraficantes y militares que actuaban por fuera de la ley”.
La Fiscalía dijo que de las pesquisas se evidencia que Villarreal participó en la conformación de grupos de autodefensa y de narcotráfico, en un escenario en el que el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha “tenía una injerencia considerable en dichos fenómenos, como colaborador económico y persona al mando de otra organización ilegal de tráfico de drogas, de la cual se nutrieron los paramilitares”.
En ese sentido, el ente acusador apuntó que el testimonio de ‘Vladimir’ y las demás pruebas que acreditan el contexto en el que ocurrió la masacre, “permite cumplir con creces el requisito de la probabilidad de verdad de la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad penal en cabeza de Tiberio Villareal Ramos como autor mediato por dominio de aparatos organizados de poder”.
Simbólica camioneta de la masacre de la Rochela en 1989. Doce funcionarios judiciales fueron asesinados en el municipio de Simacota, Santander. Un sobreviviente actualmente es funcionario de la Fiscalía General de la Nación. Foto:César Melgarejo
En la decisión se asegura que la masacre de la comisión judicial no fue un hecho aislado o desconectado de la violencia paramilitar de la zona, que fue azotada por las Autodefensas del Magdalena Medio y las comandadas por Henry Pérez.
El abogado Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, explicó que con esta acusación queda claro que la masacre se “planeó mediante un organismo de poder del Estado, en donde estaban vinculados de la Fuerza Pública, con narcotraficantes de la región, con políticos del Partido Liberal, que aprovechaban estas condiciones”.
Villarreal Ramos, nacido en Rionegro, Santander, es pensionado del Congreso de la República y ahora es consultor en temas políticos, electorales y jurídicos. En el proceso, Villareal ha dicho que no hay prueba que permita afirmar que los generales del Ejército Nacional, Farouk Yanine Díaz (fallecido), Juan Salcedo Lora y Alfonso Vacca Perilla y él hayan tenido participación en la masacre, la cual calificó de “horrenda”.
La defensa de Villarreal ha apuntado que ninguna de las personas condenadas por la masacre lo han señalado, pero sí a Alonso de Jesús Baquero quien, en su criterio, actuó de manera autónoma. Incluso, le solicitó a la justicia que no se prestara a escuchar “rosarios de mentiras” en referencia al testimonio de ‘Vladimir’, por lo que solicitó precluir la investigación a su favor.