En 2020 aumentaron en 46,4 % las víctimas de minas antipersonal

La escena es angustiante. A orillas del río Murindó, en Antioquia, un puñado de indígenas embera ayudan a embarcar en una lancha a un niño de su comunidad, de tan solo 12 años, que minutos antes pisó una mina antipersonal sembrada en su resguardo, un territorio sagrado para ellos, que se disputan los actores armados ilegales.

El nombre del menor es Plinio Dogarí Majoré y es apenas uno de los 27 colombianos que, en los dos primeros meses del año, resultaron afectados por estos artefactos explosivos, cuyo uso desde hace décadas se volvió popular entre guerrillas y grupos organizados para contrarrestar la ofensiva de la Fuerza Pública y estructuras enemigas en las zonas que controlan.

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La dimensión del drama de las minas es tal que, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la entidad gubernamental encargada del tema, entre 1990 y el 31 de enero de este año 11.994 personas han sido víctimas de estas minas. De ese número, 2.325 afectados perdieron la vida por cuenta de las explosiones.

Las 27 personas perjudicadas por estos dispositivos en el primer bimestre de 2021 representan una disminución de siete casos respecto al mismo periodo de 2020. Entre las víctimas de este año se cuentan 22 adultos y cinco niños, todos hombres. La mayoría de ellos, 15, eran civiles, y los 12 restantes pertenecían a la Fuerza Pública. Cuatro fallecieron en los hechos, y los otros 23 resultaron heridos.

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Por su parte, el año pasado se registró un total de 167 víctimas de minas antipersonal, de las cuales murieron 23, y las 144 restantes quedaron heridas.

Aunque estos artefactos han sido utilizados por los grupos armados, sobre todo, para afectar a otras estructuras, el año pasado el 61 por ciento de los damnificados (103) fueron los civiles. Sin embargo, en el panorama general, que suma las víctimas desde 1990 hasta este año, la mayoría de los perjudicados por las minas son los de la Fuerza Pública.

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De las 11.994 víctimas, 7.228 son agentes del Estado, mientras que 4.776 son civiles. El 21 por ciento del total (2.605 personas) se concentra en un solo departamento: Antioquia. Los siguientes más afectados son Meta (9 %), Nariño (8,5%) Caquetá (7,9 %) y Norte de Santander (7,6%).

Las cifras durante el gobierno del presidente Iván Duque, entre agosto de 2018 y enero pasado, muestran que 360 personas (entre las que se cuentan 37 menores de edad) han sido afectadas por estos dispositivos, entre los que no solo se encuentran las minas antipersonal, sino también otros como los restos explosivos de guerra, los artefactos de detonación controlada y artefactos explosivos lanzados. De ese número, 206 personas son civiles y 154, de la Fuerza Pública.

Además, desde mediados de 2018, 28 indígenas y 20 afrocolombianos han sido perjudicados por las minas.

A partir del 2002, cuando se registraron 631 casos, este flagelo comenzó a aumentar de manera exacerbada, hasta alcanzar su pico en 2006, con 1.228 personas afectadas. Los casos fueron disminuyendo, sobre todo durante las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc, a tal punto que para la firma del acuerdo, en 2016, el número de víctimas (sumando muertos y heridos) descendió a 90.

Después de la salida de la extinta guerrilla de los territorios y el traslado de las tropas a zonas de reincorporación, en 2017, los afectados por minas fueron 57, el punto más bajo desde el año 2000. Sin embargo, la situación no tardó en cambiar, y para 2018 el número de víctimas fue de 179, lo que representó un aumentó del 214 por ciento comparado con el año anterior. Aunque en 2019 la cifra cayó a 114 casos, para 2020 volvió a subir, y se ubicó en 167, un aumento de 46,4 por ciento.

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Según el informe ‘La guerra escondida: minas antipersonal y remanentes explosivos en Colombia’, del Centro Nacional de Memoria Histórica, las lesiones causadas por las minas “requieren más atención médica, más transfusiones de sangre y más rehabilitación después de cirugías que otras heridas causadas por otros tipos de armas”.

Para la profesora Clara Wilches Flórez, quien coordina el Programa Especial de Apoyo a Víctimas de Artefactos Explosivos y Desaparición Forzada de la Universidad Javeriana, existen varias barreras para que la población afectada por estos artefactos acceda a la salud y a los mecanismos de justicia y reparación, además de los retos que supone para conseguir trabajo.

“Estos hechos empezaron a visibilizarse, más que todo, después de 2003, pero las víctimas siguen siendo objeto de revictimización por parte del Gobierno y de los propios ciudadanos”, asegura Wilches.

En el 2019, antes de la emergencia sanitaria, en Colombia se despejaron 1.625.000 metros cuadrados sembrados con minas antipersonal, lo que correspondió al 20 por ciento del área con objetos explosivos en el país.

En cambio, en el 2020 se limpiaron 374.628 metros cuadrados menos que en el año anterior, para un total de 1’250.372 metros cuadrados despejados.

Esa disminución de un 23 por ciento en los resultados se debe a las restricciones que generó la pandemia de covid-19. Ante las medidas que se adoptaron por la emergencia sanitaria, en el 2020 los grupos civiles encargados del desminado humanitario suspendieron sus labores durante tres meses.

La campaña Colombiana Contra Minas solo pudo retomar sus acciones el 18 de mayo de 2020. “Poco a poco fuimos accediendo a las comunidades. Tuvimos que tomar medidas de distanciamiento y, adicional a eso, atender los requerimientos del Gobierno”, afirmó Álvaro Jiménez, coordinador de la organización.

A diferencia de esas organizaciones civiles, aseguró Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, los grupos de desminado militar no pararon sus labores en la pandemia.

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Según el Gobierno, Antioquia es el departamento en donde más se han liberado zonas sembradas con minas y municiones sin explotar. En esa región, desde el 2004 se han despejado 2’502.621 metros cuadrados y destruido 1.368 artefactos.

Para esta tarea, el país cuenta con siete grupos de desminado. La Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario n.º 1 y la Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina son de orden nacional. Las cinco organizaciones restantes son internacionales: Halo Trust, Federación Handicap International, Campaña Colombiana Contra Minas, Danish Demining Group y Humanicemos DH.

Esta última surgió tras el acuerdo de paz firmado en 2016, y se convirtió en primera organización de excombatientes de las Farc que cumple una acción contra minas. Está conformada por 94 exguerrilleros y 18 civiles.

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Durante sus tres años de operación se certificaron en estudios no técnicos, en labores de despeje manual y en evaluaciones de impacto. Así, desde finales del año pasado han estado identificando los objetos explosivos en la Montañita, Caquetá.

Según el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas (Unmas), en las próximas semanas empezarán a destruir artefactos en Solita, Caquetá, zona asignada por el alto comisionado para la Paz.

Actualmente, el país tiene 133 municipios que aún no pueden ser intervenidos por falta de condiciones de seguridad. En todas estas zonas no se puede hacer desminado humanitario, pero sí se puede hacer desminado militar. En este caso, el desminado militar está avanzando en las zonas donde el Ejército tiene que hacer presencia militar y se está avanzando en una estrategia para priorizar las veredas más afectadas dentro de cada municipio, en zonas como el Bajo Cauca, sur de Antioquia y Chocó. En Cáceres vamos a intervenir 24 veredas de las casi 40 de ese municipio. Así podremos avanzar más rápido.

En estos casos, lo primero que hacemos es una concertación con las comunidades para ingresar a hacer desminado humanitario. En el resguardo Murindó ya se está realizando el desminado en compañía de presencia militar. La organización encargada de esta tarea es la Campaña Colombiana Contraminas, que ya está operando en este territorio.

El 2018, en sus primeros meses, fue un año en el que hubo más casos de minas antipersonal. Después, en el año 2019, disminuyeron los accidentes. En 2020 volvieron a subir. Esto corresponde a los sitios donde hay enfrentamientos entre el Eln y el ‘clan del Golfo’. En el caso del Chocó, entre el ‘clan del Golfo’ y las disidencias de las Farc. Esto ha sucedido por las disputas en los corredores de coca.

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En el caso de Nariño está siendo coordinada una zona futura por la Presidencia de la República a través de la Consejería de los Derechos Humanos. Esta zona futura ya está permitiendo avanzar en el desminado militar, especialmente en la zona de llorente, en el muncipio de tumaco, en Mosquera y en Olaya Herrera.

¿La pandemia ha afectado el desminado humanitario y militar?

Inicialmente, los primeros meses de pandemia tuvimos que suspender el desminado humanitario. Afortunadamente esto duró unos pocos meses. En el mes de agosto reanudamos todas las acciones con la colaboración de alcaldes y gobernadores de acuerdo a las medidas de cada uno. A pesar de que el desminado tuvo que estar suspendido porque los alcaldes no permitían ingresar, pudimos reorganizarnos de una manera rápida. En caso del desminado militar, nunca suspendió sus labores.

Tenemos una nueva modalidad en Colombia. Los grupos armados están fabricando más artefactos explosivos improvisados. Cada vez los hacen más pequeños, con menos carga explosiva, pero hacen mucho daño. Ellos utilizan plásticos para su construirlos, así logran que sean más difíciles de detectar. Su tamaño es pequeño pero causan más daño en las extremidades. 

JUSTICIA

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