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‘Nos estamos preparando para la demanda por el galeón San José’: Camargo
El director (e) de la Andje habla de la interinidad en la entidad y de casos como el de pasaportes.
Jhon Jairo Camargo, director (e) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Foto: Archivo particular
PERIODISTAActualizado:
Jhon Jairo Camargo lleva 12 años en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje) y desde el 5 de marzo está como Director (e) de la entidad, que en menos de dos años del gobierno de Gustavo Petro ha tenido una directora que renunció -Martha Lucía Zamora-, una directora encargada que salió a la Secretaria Jurídica de la Presidencia -Paula Robledo-, y un director designado que no alcanzó a posesionarse -Gustavo Gómez Aranguren-.
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En entrevista con EL TIEMPO Camargo se refiere a la interinidad en esta entidad clave en la defensa de la Nación ante cuantiosas demandas, también habló sobre el galeón San José, la demanda por la fallida licitación de pasaportes, la solicitud del presidente Petro sobre los estudios del metro de Bogotá, y la decidida representación femenina que el país envió para representarlo ante tribunales internacionales.
¿Cómo ha sido su paso por la Agencia?
Ingresé a la Agencia en mayo de 2012 y durante casi 12 años he desempeñado múltiples roles, incluyendo el de asesor de la dirección general y el de director técnico de casi todas las áreas misionales de la entidad. Esta trayectoria me ha permitido conocer a fondo tanto a los del equipo como los desafíos del país en materia de defensa jurídica. Es un honor para mí asumir el cargo de director encargado, y lo considero una gran responsabilidad.
El país envió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) una lista de árbitros y conciliadores en la que solo hay mujeres, ¿por qué?
Anteriormente, la selección de árbitros y conciliadores para representar a Colombia ante el Ciadi se llevaba a cabo de manera directa, sin convocatoria previa. Sin embargo, decidimos cambiar este enfoque y optar por un proceso abierto, transparente y basado en el mérito, como resultado recibimos cerca de 80 postulaciones de personas de diferentes regiones, universidades y trayectorias académicas y profesionales. Después del análisis de los perfiles, el Consejo Directivo encontró que entre los perfiles más destacados se encontraban los de 8 mujeres.
Jhon Jairo Camargo, director (e) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Foto:Archivo particular
En mi opinión, el Consejo Directivo mandó un mensaje clarísimo a la comunidad jurídica nacional y al mundo del arbitraje: veníamos de una lista de 6 hombres y una única mujer, quien no hacía parte de la lista de árbitros. El listado colombiano ahora sí es consecuente con los reclamos por un mayor balance de género que Colombia hace en el ámbito internacional. Hoy, puedo decir con beneplácito que la designación de nuestra lista de árbitras y conciliadoras ante el Ciadi reúne en estas 8 mujeres lo mejor de una gran trayectoria académica y profesional. Estoy plenamente convencido de que Colombia estará representado por las mejores.
¿Cuáles son hoy las principales preocupaciones o vacíos que debe atajar la Agencia?
Las preocupaciones en torno a la defensa jurídica del Estado son inherentemente cambiantes y deben evolucionar en consonancia. En la actualidad, las preocupaciones tanto del Gobierno Nacional como las mías como director encargado de la Agencia están centradas en el compromiso del Estado hacia el respeto de los derechos de las y los ciudadanos y la protección del patrimonio público. Es fundamental que el Estado se comprometa aún más en este sentido, adaptando sus acciones y políticas para abordar los desafíos emergentes y garantizar el cumplimiento de sus deberes hacia la sociedad.
En este contexto, dos premisas fundamentales surgen: la prevención del daño antijurídico y la protección del patrimonio público, que en última instancia son los recursos de todos los colombianos. En la actualidad, la visión de la defensa jurídica debe orientarse hacia la prevención en lugar de la reacción, asegurando el reconocimiento oportuno de los derechos antes de que surjan costosos, largos e inoficiosos procesos judiciales.
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Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Andje. Foto:Archivo EL TIEMPO
¿La Agencia defiende los intereses del Estado o los del gobierno que esté en turno?
Todo Gobierno defiende los intereses del Estado que representa, y más en un Estado Social y Democrático de Derecho como es el nuestro. Es importante recordar que la protección de los derechos de las personas y la salvaguarda del patrimonio público son los principios fundamentales que esta entidad debe defender. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que la Agencia no opera de manera aislada dentro del andamiaje del Estado colombiano. Esta entidad deber estar alineada con los planes y programas del Gobierno, así como con las políticas del sector de justicia, del cual forma parte.
¿Están vacantes cargos claves en la entidad como el de Director/a de Defensa Nacional, y Directora/a de Defensa Internacional?
Sí, pero déjeme decirle que el hecho de que estén vacantes no significa que estén acéfalos. En la actualidad, estas direcciones están lideradas por directores encargados, profesionales altamente comprometidos y competentes, que guían a un equipo de servidores públicos con una fuerte vocación de servicio y orientación a los resultados. Es esencial comprender que, si bien el director/a desempeña un papel crucial en la coordinación y dirección del equipo, el trabajo real se lleva a cabo gracias al compromiso y esfuerzo de cada uno de los más de 220 servidores que conforman esta entidad.
Hay quienes han dicho que la prolongada interinidad en la Agencia es peligrosa para los intereses de la Nación, ¿qué tanto esta ha afectado el funcionamiento de la entidad?
No estoy de acuerdo con esa afirmación, de hecho, la interinidad no ha afectado en absoluto el funcionamiento de la Agencia. Para expresarlo de manera coloquial, esta entidad es como un tren que no puede detenerse. No podemos permitirnos el lujo de no responder a las demandas a tiempo, de no intervenir estratégicamente en los grandes litigios que enfrenta el país, ni mucho menos no realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad cuando existe la obligación de hacerlo. La salida de la directora encargada anterior, la dra. Paula Robledo Silva, quien demostró un compromiso sólido con la salvaguarda de los intereses del Estado, no ha dejado ningún vacío en términos de liderazgo. Como le dije anteriormente, llego a este cargo como consecuencia de una trayectoria firme y reconocida al servicio público y de la defensa de los intereses litigiosos del Estado. Por esa razón cuento con el apoyo de los más de 220 servidores que conforman la entidad y eso nos ha permitido avanzar hacia los objetivos propuestos.
Llego a este cargo como consecuencia de una trayectoria firme y reconocida al servicio público y de la defensa de los intereses litigiosos del Estado.
A menudo se asume que tener un director titular garantiza la legitimidad y eficacia de las decisiones, pero esto solo refleja una forma de ver las cosas. Como director encargado cuento con las mismas facultades y responsabilidades que tendría si ocupara el cargo en propiedad. Mi premisa es clara: no decidir y no actuar también constituyen una decisión, y esa no es la postura que adopto. Adicionalmente, la legitimidad también se garantiza cuando las personas que mejor conocen la entidad son las personas que se hacen cargo de ella, y eso es lo que está sucediendo actualmente.
¿Hubo un cambio en la posición oficial frente a los casos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
Claro que hubo un cambio. Antes el Estado reconocía responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo hacía después de someter a las víctimas a procesos innecesariamente largos y desgastantes. Con la apuesta fortalecida por las soluciones amistosas buscamos evitar que las víctimas deban agotar el arduo proceso ante los órganos del sistema interamericano hasta llegar a la Corte Interamericana, en donde el Estado, con mucha vergüenza, pero poca legitimidad y credibilidad, llega finalmente a reconocer la responsabilidad que debió reconocer años e incluso décadas antes.
Adicionalmente, los reconocimientos que hemos hecho tienen un carácter más amplio, la Agencia está valorando no sólo las decisiones judiciales a nivel interno sino otros elementos probatorios que reposan en el expediente internacional e incluso los hallazgos de los mecanismos que hacen parte del Sistema Nacional de Reparación de Víctimas del Acuerdo de Paz.
Paula Robledo, exdirectora (e) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Foto:Agencia de Defensa Jurídica del Estado
Frente al Galeón San José se llegó a hablar de una posible APP para una futura extracción, ¿eso en qué va?
Por ahora estamos apoyando jurídicamente la mesa interinstitucional en la cual se está desarrollando el proyecto de investigación científica liderado por el Ministerio de las Culturas, el Icanh, la Armada Nacional y la Dimar para adelantar el modelo de gestión integral pública del sitio arqueológico y bien de interés cultural
¿Tiene futuro la demanda de Sea Search Armada por el galeón?
En este momento nos encontramos a la espera de recibir el memorial de demanda de Sea Search Armada. Mientras tanto nos estamos preparando para enfrentar este reclamo. Se han llevado a cabo varias mesas técnicas con el grupo interdisciplinario que bajo el liderazgo del Ministerio de las Culturas analiza el tema del Galeón San José de forma holística.
En realidad, no hemos descansado en el estudio del asunto. Frente al futuro de esta demanda lo que debe quedar claro es que el arbitraje fue iniciado por una compañía que dice tener derechos sobre el galeón San José, pero en realidad no puede aportar ni un solo documento formal u oficial en donde conste algún tipo de derecho. Lo que nos corresponde ahora es llenarnos de todas las armas jurídicas y técnicas para demostrarle al tribunal que el reclamo de Sea Search Armada es frívolo y absurdo. Al final esperamos recibir un laudo favorable y una condena en costas en contra del inversionista.
Galeón San José. Foto:Presidencia
Por la fallida licitación de los pasaportes la empresa Thomas Greg anunció una demanda, ¿qué ha pasado en ese caso?
Hoy, la demanda ha sido initida por la subsección A de la sección tercera del Tribunal istrativo de Cundinamarca. Estamos haciendo un seguimiento diario de este proceso y, por el momento, eso es todo lo que puedo compartirles.
Pasaportes colombianos. Foto:Cancillería.
En su momento la directora Martha Lucía Zamora se mostró en contra de la posición que tenía la Cancillería y salió de la Agencia en medio de discusiones con esa entidad ¿Hoy cuál es la posición de la Andje frente al tema y cómo son las relaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores?
La relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores es colaborativa y armónica, como debe ser con esa entidad y todas las demás entidades públicas del país. La Agencia como líder de la defensa jurídica del Estado debe ser garante de que esto sea siempre así. En el tema puntual de los pasaportes, hemos mantenido una postura alineada con el Gobierno Nacional, que no es otra que proteger el patrimonio público y asegurar la prestación del servicio de expedición de pasaportes tanto en Colombia como en el exterior.
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El Presidente Gustavo Petro pidió a la Andje adelantar actuaciones para proteger recursos y “financiar un mejor metro para Bogotá”, varias personas señalaron que la Agencia no tiene ninguna función en ese sentido, pero usted le respondió al Jefe de Estado que cumpliría con su solicitud. ¿Qué están haciendo en este tema?
De conformidad con lo establecido en el Decreto 4085 de 2011, la defensa jurídica del Estado se entiende “como el conjunto de las actuaciones dirigidas a la garantía de los derechos de la Nación y del Estado”. En este sentido entender que la Agencia solo está para la defensa jurídica de los procesos judiciales donde está involucrada una entidad pública es una visión completamente reduccionista.
Como entidad debemos proteger los derechos de las y los ciudadanos, así como tomar medidas preventivas para evitar daños y litigios. En este contexto, estamos trabajando con nuestro equipo de expertos para analizar detenidamente el tema y buscar soluciones jurídicas que beneficien a toda la sociedad, en línea con la solicitud del presidente Gustavo Petro de proteger los recursos que buscan financiar un mejor metro para Bogotá. No podemos olvidar que en la medida en que hay un convenio firmado entre la Nación y el Distrito hay intereses patrimoniales de la Nación involucrados y eso también habilita la participación de la Agencia.
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto:Presidencia
¿Ya hay alguna conclusión?
La Agencia, en el ámbito de sus competencias funcionales, se encuentra analizando los componentes técnicos y jurídicos relevantes para definir las vías de actuación procedentes.
¿Desde el Gobierno le han dicho algo sobre nombrarlo como director en propiedad?
Para mí es un honor y un orgullo estar liderando hoy esta entidad. Estaré donde el señor Presidente de la República lo considere pertinente.
María Isabel Ortiz Fonnegra - Justicia - @MIOF_ - [email protected]
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