Graves cifras tras el estado de cosas inconstitucional en URI y estaciones

Este lunes, la Corte Constitucional, tras estudiar 9 tutelas, determinó que existe una masiva violación a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria, por lo que extendió a estos centros la declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) que está vigente desde 1998 por la situación de las cárceles en el país.

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Esta es la cuarta vez que el alto tribunal se refiere al ECI en el sistema penitenciario, y tiene que ver con las precarias condiciones que hay en estos centros de detención que afectan la dignidad de los detenidos quienes, aunque no deberían pasar en esos sitios más de 36 horas, terminan estando encarcelados en esos centros por años.

La primera vez que se declaró un Estado de Cosas Inconstitucional por las cárceles fue en 1998, luego hubo una nueva declaratoria en 2013. Dos años después, en 2015, la Corte hizo una reiteración del ECI que ya había declarado, y ahora extiende esta declaratoria a los centros transitorios. Además, en Colombia la crisis en el sistema carcelario es el único fenómeno por el cual se ha declarado un ECI dos veces. 

Según la Corte, en los centros de detencíon transitoria, que son las URI, CAI, estaciones de Policía y centros de traslado por protección, "las personas detenidas son custodiadas en espacios que no son aptos para garantizar una reclusión digna y son sometidas a una violación sistemática de sus derechos". 

Las cifras que respaldan ese grave panorama no son menores. Hace apenas una semana la Defensoría del Pueblo presentó el más reciente 'informe sobre la situación actual de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria del país', que enuncia que en estos sitios el hacinamiento, en general, es del 194 por ciento, pero hay lugares donde se registraron cifras de hasta 3.000 por ciento de sobrepoblación.

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Para comenzar, la Defensoría indicó que la capacidad real de reclusión de los centros transitorios no es suficiente para albergar a las más de 21.000 personas allí recluidas en la actualidad.

El informe recuerda que en enero del 2021 había 19.471 personas privadas de la libertad en los centros de reclusión transitoria en el país, que tenían un capacidad real de 6.727, lo que implicaba una sobrepoblación de 12.744, es decir, un 189 por ciento de hacinamiento. Para enero de ese año había 21.074 personas recluidas y solo 8.105 cupos, lo que significaba un hacinamiento del 160 por ciento.

A marzo de este año los detenidos en estos lugares eran 20.951 personas, frente a una capacidad de 7.131 cupos, lo que llevó a un 194 por ciento de hacinamiento, señaló el defensor del pueblo, Carlos Camargo, durante la presentación de este informe, el pasado 1.° de abril.

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Pero las cifras en algunos centros son muy superiores a esa. El informe de la Defensoría resalta que en el país hay 786 centros de detención transitoria en total, de los cuales hay 10 cuyos niveles son alarmantes. 

Por ejemplo está el caso del centro de reclusión transitorio Fray Damián, en Cali,

Valle del Cauca, en donde el hacinamiento, a febrero del 2022, fue del 3.220 por ciento; a este se suma el caso del centro Candelaria, en Medellín, con 1.396 por ciento; el de la URI de Puente Aranda, en Bogotá, con un 889 por ciento; así como un centro transitorio en Itagüí, Antioquia, que llega a 653 %; y el centro Permanente Central, en Ibagué, Tolima, con 620 por ciento, entre otros. 

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Por toda esta situación, si bien la Defensoría resalta que en las cárceles nacionales, atendidas por el Inpec, el hacinamiento pasó del 51.49 por ciento,  antes de la pandemia de covid-19, a un 20 por ciento, a marzo de este año, el grave problema de hacinamiento hoy en día se trasladó a los centros.

Incluso, el informe defensorial advierte que la sobrepoblación total del sistema carcelario es superior a la que reconoce el gobierno, pues si se entiende el sistema penitenciario como un todo, deben sumarse a las cifras del Inpec de cárceles nacionales las de los centros transitorios.

En el informe se señala que para febrero de 2022 el Inpec reportó una población de 97.490 personas, si a eso se suman las 21.074 personas detenidas preventivamente en los centros transitorios, quienes jurídicamente no deben permanecer en estos lugares más de 36 horas, "la población total sería de 118.564 personas privadas de la libertad. Eso quiere decir que la sobrepoblación total es una cifra muy superior a la que el Gobierno nacional presenta, entendiendo el sistema carcelario y penitenciario como un todo", dice el informe, que calcula entonces un hacinamiento en todo el sistema, a febrero del 2022, del 45 por ciento.

Más allá de las cifras, que de por sí dan cuenta de la magnitud del fenómeno, detrás de la declaratoria de estado de cosas inconstitucional está el efecto que el hacinamiento y las condiciones de reclusión tiene sobre la vida y dignidad de los privados de la libertad.

"El hacinamiento es la principal causa de la vulneración de los derechos humanos, traducido en la ausencia de espacios adecuados para dormir, para consumir alimentos y para acceder a los servicios públicos esenciales" se lee en el informe de la Defensoría.

La falta de espacio también facilita la propagación de enfermedades debido a la falta de ventilación, y aumenta el estrés entre la población privada de la libertad, "lo que se traduce en constantes riñas e intentos de amotinamiento, una de las razones por las que insistimos en la urgencia de la reforma integral al sistema penitenciario y carcelario”, dijo el defensor Camargo el viernes. 

Para ejemplificar la situación, el organismo de derechos humanos citó el caso del CAI Simón Bolívar de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca: en el primer piso hay una celda que mide aproximadamente 6 m² con capacidad para 8 personas, pero hay 17 recluidas, es decir, un hacinamiento del 112 por ciento.

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"Eso significa que cada persona cuenta escasamente con 35cm² como espacio total de reclusión durante las 24 horas del día", dice el informe, que añade que eso también implica que deben dormir por turnos, en una especie de pico y placa, por la falta de espacio físico.

Un caso similar se registra en la Estación de policía del Municipio de Ciénaga, Magdalena, donde duermen 5 personas en un espacio aproximado de 3 m².

A esto se suma que, como los centros de detención están diseñados para que alguien esté allí máximo 36 horas, no hay suficientes baterías sanitarias para todos, o son muy viejas, "esta situación los obliga a realizar sus necesidades fisiológicas en botellas y bolsas plásticas: no se garantizan las condiciones mínimas de salubridad e higiene", dice el documento.

En las visitas de la Defensoría también se evidenciaron graves deficiencias en toda la cadena de la prestación de salud, pese a que entre los reclusos hay varios que tienen diversas patologías que requieren tratamientos. 

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