Por los presuntos perfilamientos ilegales a periodistas, políticos, abogados y otros, que se habrían hecho desde varias unidades militares, la Procuraduría General citó a juicio disciplinario a 13 militares, quienes deberán responder por denuncias de actos irregulares.
Se trata de dos generales, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales, adscritos a la Jefatura del Estado Mayor Operaciones, el Comando de Apoyo Combate Inteligencia Militar, Comando Brigada de Inteligencia Militar, y los batallones de Ciberinteligencia, inteligencia Militar Estratégico #4, y de Contrainteligencia de Seguridad de la Información.
Aunque la Procuraduría no reveló los nombres de los citados a juicio, fuentes indicaron que los dos generales citados son el general (r) Luis Felipe Montoya, exjefe de Estado Mayor de Operaciones, y el general (r)
Gonzalo García, exjefe de inteligencia, quien pidió su retiro voluntario a comienzos de mayo de este año por este caso.
En el juicio disciplinario los militares deberán responder por la presunta recolección irregular de información personal e íntima de periodistas nacionales y extranjeros, integrantes de organizaciones sindicales, de ONG, políticos y congresistas.
La Procuraduría también indicó que en 2019, además de recoger información personal de los perfilados, también se habría hecho lo mismo con datos de otras personas con quienes los primeros tenían afinidad o o.
Además, se les señala por presuntamente haber dispuesto que en noviembre del 2019 se desplazara personal del Batallón de Ciberinteligencia para realizar labores de inteligencia "que favorecerían a un funcionario de la Dian", dijo la Procuraduría.
Entre las pruebas que obran en el expediente está la visita de inspección disciplinaria a las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia, informes técnicos científicos elaborados por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría -DNIE-,
las declaraciones de los Comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional y la visita a la Inspección General del Comando General de las Fuerzas Militares, entre otras.
De otro lado, además del llamado a juicio de los oficiales, el Ministerio Público solicitó como medida cautelar al Ministerio de Defensa que en 5 días informe las acciones para actualizar los protocolos de inteligencia, control interno, o implementar esquemas de verificación para restringir cualquier procedimiento "que puedan de alguna manera dirigirse al perfilamiento de personas que no correspondan a objetivos legítimos de su accionar y que no estén identificados según procedimientos reglamentarios como sujetos de la acción legítima, en especial periodistas o líderes sociales".
En caso de que estas medidas no existan o sean insuficientes, la Procuraduría pidió suspender todo procedimiento que tenga por objeto perfilamientos o acciones similares. Esa suspensión sería hasta que haya medidas que garanticen la prevención de más seguimientos presuntamente ilegales.
Por último, el órgano de control indicó que frente a denuncias que ha estado publicando la revista Semana por estos perfilamientos y seguimientos, se adelantan también otras líneas de investigación relacionadas con posibles interceptaciones telefónicas, de correos y redes sociales, y presunto uso de capacidades humanas y técnicas, al servicio del Ejército, para fines distintos a los fijados en la ley, como seguimientos y georreferenciaciones.
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