Procuraduría confirma la destitución por 12 años de Luis Guillermo Pérez, el primer superintendente del subsidio familiar del gobierno de Gustavo Petro

En fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad por 12 años del exsuperintendente de Subsidio Familiar del gobierno de Gustavo Petro, Luis Guillermo Pérez Casas, por faltas disciplinarias gravísimas que le atribuyen relacionadas con el manejo de las cajas de compensación.

El Ministerio Público destituyó a Pérez Casas, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y exdirectivo del Colectivo de Abogados José Alvear, por haber solicitado públicamente a los directivos de las cajas de compensación un aporte solidario en favor de la 'paz total' para la población de Buenaventura, el 9 de diciembre de 2022; y por haber modificado "sin justificación constitucional" una resolución de agosto de 2022 sobre una lista de elegibles para la escogencia de directivos istrativos y de agentes especiales de intervención de las cajas de compensación, cometiendo lo equivalente a un prevaricato, según advierte la decisión.

Según la Procuraduría, la modificación que efectuó Pérez "permitió que personas que no habían participado en la convocatoria abierta por la Resolución 0275 de 2022, ni cumplido los requisitos mínimos exigidos para ese momento, pudieran integrar la lista de elegibles", cuestionando concretamente que Pérez Casas incluyera en dichas listas a Juan Carlos Carvajal, quien posteriormente fue designado como director istrativo de la Caja de Compensación Familiar del Huila — COMFAHUILA-.

Por estas faltas disciplinarias, Pérez fue suspendido provisionalmente por la Procuraduría en noviembre de 2023, suspensión que se prolongó hasta el mes de mayo de 2024; y fue sancionado, en primera instancia, el 7 de mayo del presente año.

El exsuperintendente apeló la decisión de primera instancia, alegando que se vulneraron gravemente sus derechos fundamentales, entre otros argumentos, por "falta de certeza de los cargos imputados". Pero la Procuraduría desestimó todos sus alegatos.

El exsuperintendente le aseguró a EL TIEMPO que "este proceso se inició sin una queja ni siquiera anónima en mi contra, ni con fundamento en ningún escrito público ni privado. Fue una orden directa de Margarita Cabello Blanco, no se respetó el debido proceso, no se me garantizó una instrucción ni un juzgamiento, ni en el trámite de las consultas de las suspensiones, ni en la apelación de la sanción en los que se garantizara la objetividad, ni la independencia con la que debe actuar un funcionario público".

Y sobre la modificación de las listas de elegibles, la nueva decisión establece que Pérez Casas cometió el delito de prevaricato pues "existía un acto istrativo que debía ser respetado y que, para su modificación, debió acudir a los mecanismos establecidos por el legislador, como su revocatoria, previo consentimiento escrito y expreso de quienes integraban dicho listado o su demanda ante el contencioso istrativo, ratificándose la razonabilidad con que fue valorada la prueba testimonial recaudada".

"La Sala considera que es acertada la conclusión a la cual arribó el a quo, por cuanto al señor Luis GUILLERMO PÉREZ CASAS, desde el auto de cargos le fue endilgada la realización de la descripción típica de prevaricato por acción, consagrado en el artículo 413 del Código Penal", agrega el documento firmado por tres procuradores.

El exsuperintendente advirtió que radicará una queja disciplinaria y una denuncia en contra de la procuradora general Margarita Cabello, y en contra de los tres funcionarios de la Procuraduría que lo destituyeron, pues asegura que "cometieron varios ilícitos como abuso de autoridad, tráfico de influencias y prevaricato".

"Tramitaré la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la justicia contenciosa istrativa y preparo un acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", agregó el exsuperintendente. 

Pérez aseguró que la modificación de la resolución de la lista de elegibles sigue en firme. "No hubo pronunciamiento de ninguna autoridad contenciosa istrativa, único juez natural para juzgar si un acto istrativo es o aconstitucional o ilegal. Mi decisión de abrir la lista no fue nunca demandada por nadie por tanto sigue gozando de presunción de legalidad y legitimidad. Y por lo de Buenaventura jamás pasó por mis manos ni un solo peso, las Cajas que contribuyeron lo hicieron directamente a la cuenta de la Pastoral Social de Buenaventura". 

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia @JusticiaET