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El dosier de investigaciones de la Procuraduría contra elegidos por voto popular

El órgano de control tiene abierto 7.749 procesos contra alcaldes, gobernadores y congresistas.

Margarita Cabello, procuradora general. Foto: Procuraduría

PERIODISTA JUDICIAL08.02.2023 20:31 Actualizado: 10.02.2023 00:00

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A pocas horas de que se conozca la decisión de la Corte Constitucional por la demanda a la reforma a la Procuraduría, que podría quitarle la capacidad de destituir e inhabilitar a elegidos por voto popular, se conoció que esta entidad tiene 7.749 investigaciones abiertas contra elegidos por esa vía.

Así lo muestran las cifras de un total de 63.211 actuaciones disciplinarias que adelanta la Procuraduría conocidas por este diario, las cuales indican que los alcaldes del país son los que tienen más procesos, con 3.853.

(Puede leer: El ‘top’ de los alcaldes con más investigaciones en la Procuraduría)

De hecho, tal como lo documentó EL TIEMPO, es William Dau, mandatario de los cartageneros, la persona con la mayor cantidad de investigaciones encima. Sobre los 33 casos abiertos, él siempre ha dicho que es inocente, y que es un alcalde sin ataduras, "dispuesto a desbancar a la clase política" desde que llegó a la istración de la ciudad amurallada.

Después aparecen 3.250 concejales investigados, 286 gobernadores, 179 diputados, 121 ediles, 32 representantes a la Cámara, y 28 senadores.

Con el 66,39 por ciento de los 7.749 casos, el reporte de la Procuraduría contra funcionarios públicos elegidos en las urnas ubica a las irregularidades istrativas en el primer lugar de posibles faltas cometidas a nivel disciplinario.

(Le dejamos: Juan Fernando Petro pide ser declarado víctima en caso por colados de paz total)

El 'top' lo siguen las irregularidades contractuales (con 26,14 por ciento), las fallas con connotación delictiva (4,13 por ciento), las irregularidades presupuestales (3 por ciento), y las violaciones a los derechos humanos (con un 0,34 por ciento).

Gran parte de estas actuaciones se concentran en irregularidades con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) -con 272 procesos-, y con el Sistema General de Regalías, por el que tienen 442 casos abiertos.

Bogota junio 16 de 2022. sala plena de la corte constitucional con la nueva magistrada..foto: Milton Diaz / EL Tiempo Foto:Milton Diaz / El Tiempo

El debate que se da en la Corte Constitucional tiene que ver con una ley de hace dos años que le entregó facultades jurisdiccionales a los procuradores, para que adelanten investigaciones en contra de elegidos por voto popular. Esto, como forma para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso del presidente Gustavo Petro vs. Colombia.

Ante el escenario de que dicha reforma -y de paso la facultad- se caiga en el alto tribunal tras una demanda que se presentó, el exprocurador general Carlos Gustavo Arrieta le contó a EL TIEMPO que sería un error que le quiten a la Procuraduría la facultad de sancionar a funcionarios públicos elegidos en las urnas.

La demanda dice que estos funcionarios no pueden ser destituidos e inhabilitados por autoridades istrativas, como lo es la Procuraduría, sino solo por un juez penal.

(Para leer más: Arrieta: Sería un error quitar a la Procuraduría la sanción a elegidos por voto)

Precisamente, una de las tareas que tiene la Corte Constitucional es indicar cuál sería el camino para sancionar a elegidos por voto. La ponencia en el alto tribunal, de la magistrada Cristina Pardo, indica que el Legislativo cometió un error al darle competencias jurisdiccionales a trabajadores de la Procuraduría, pues quienes pueden afectar los derechos políticos de dichos servidores son los jueces.

Por eso, la ponencia invita a que en un plazo de seis meses, el Congreso reparta dichas funciones a jueces de la República. El concepto de la Procuraduría en este proceso es que se deje intacta la reforma, pues con ella se cumple el estándar de la sentencia de la Corte IDH, puesto que quien toma la eventual decisión de destitución de un funcionario es una autoridad judicial, así no sea penal.

Los congresistas más investigados

El listado de investigaciones contra quienes fueron o son senadores y representantes a la Cámara que tiene el Ministerio Público arroja 13 procesos activos.

El senador Álex Flórez saluda a uno de los policías que agredió en Cartagena en pasado 2 de septiembre. Foto:Fotos tomadas del Twitter del senador

Uno de los más recientes lo protagonizó Álex Flórez, del Pacto Histórico, quien en Cartagena, Bolívar, agredió verbalmente a unos policías que lo interceptaron en un hotel de la ciudad, a quienes después les pidió perdón.

Como él, hay otros cuatro senadores bajo la lupa de la entidad. Ellos son Wilson Arias, Antonio José Correa, María José Pizarro y José Alfredo Gnecco, así como el exsenador Miguel Amín Escaf.

En cuanto a representantes a la Cámara, según el ente de control, están investigadas Lina María Garrido, Catherine Juvinao, Ana Rogelia Monsalve, Julián Peinado, Ciro Antonio Rodríguez y Duvalier Sánchez.

(Le dejamos: ‘Sería un grave error permitir inmunidad disciplinaria de funcionarios electos’)

Casos en etapa de juicio

Actualmente, de los cerca de 10.000 procesos abiertos, 641 de ellos se encuentran en etapa de juicio disciplinario, siendo los más mediáticos los casos como el de Everth Julio Hawkins, gobernador de San Andrés.

En septiembre del 2015, la audiencia de juicio se aplazó porque el abogado defensor, Luis Fernando Becerra, no asistió. Luego, en octubre, Samuel Moreno le revocó el poder a su abogado, por lo cual se aplazó la audiencia nuevamente. Esta decisión la tomó Moreno luego de que el Tribunal Superior de Bogotá negó una recusación contra el juez, con la cual Moreno y su abogado pretendían que se aplazara de nuevo el inicio del juicio por el caso de las ambulancias. Esa decisión se dio en tiempo récord y el tribunal no solo descartó los argumentos de Moreno, sino que pidió que sea investigado por intentar obstruir a la justicia. Foto:Rodrigo Sepúlveda / ELTIEMPO

A él lo investigan desde 2020 por la presunta compra de elementos para combatir el covid-19, desconociendo los principios de la contratación estatal. Por esa misma razón también está en juicio el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz.

(Le sugerimos: Si quieren reformar a la Procuraduría 'habría que reformar la Constitución’)

Otro de los casos relevantes es el de Álvaro Arley León Flórez, gobernador de Vichada investigado porque, al parecer, contrató con personas que estaban inhabilitadas por haber sido aportantes de su campaña. Incluso, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons -preso en Estados Unidos- también tiene un juicio pendiente tras una indagación que arrancó en 2017.

Los casos que ya superaron la etapa de juicio y pasaron a ser sanciones en firme son 3.797, y entre ellos se destacan los de Bernardo Miguel Elías Vidal, excongresista inhabilitado por corrupción en Odebrecht; Edwin José Besaile y Alejandro Lyons,

inhabilitados por el 'cartel de la Hemofilia'.

Así como Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca, y Samuel y Néstor Moreno Rojas, inhabilitados por corrupción en el famoso Carrusel de la Contratación de Bogotá.

La discusión para definir si la Procuraduría mantiene o pierde esta facultad está agendada para la sesión de Sala Plena de este 9 de febrero.

Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

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