Arrieta: Sería un error quitar a la Procuraduría la sanción a elegidos por voto

El exprocurador estuvo en el cargo entre 1990 y 1994.

Carlos Gustavo Arrieta, agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Foto: Robin Van Lonkhuijsen. EFE

PERIODISTA JUDICIAL26.01.2023 10:15 Actualizado: 26.01.2023 10:28

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Carlos Gustavo Arrieta, exprocurador general de la NAción, expresó su punto de vista frente al debate que asumirá la Corte Constitucional sobre si la Procuraduría mantiene facultades jurisdiccionales para destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular.

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Usted fue procurador justo luego de que en la Constitución se estableció la facultad de sancionar a elegidos con voto popular...

La facultad venía desde hace tiempo, y para zanjar el debate, en la Constitución de 1991 dejamos claro que la entidad sí podía sancionar a funcionarios. No es que haya nacido en ese momento, pero sí se constitucionalizó.

¿En su periodo cómo fue ese arranque, hubo sanciones de este tipo?

Fue bueno. La sanción de destitución a funcionarios elegidos es un instrumento muy efectivo en la lucha contra la corrupción. No existe en Colombia un procedimiento claro y especialmente uno rápido para la investigación y sanción de los elegidos popularmente, y la experiencia nos ha demostrado que se demoran bastante.

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La Procuraduría ofrece un mecanismo más ágil y apropiado para estos asuntos, y se constituye desde esa perspectiva como un instrumento de lucha contra la corrupción mucho más ágil, y a mi juicio, más efectivo que la jurisdicción penal.

Es decir, ¿le parece que la Procuraduría debe mantener esa facultad?

No tengo ninguna duda, por dos razones. Una por conveniencia, y por otra parte por la parte jurídica. De conveniencia, es claro que la Procuraduría ha sido bastante efectiva en el cumplimiento de esa misión, obviamente todos conocemos algunos casos polémicos, especiales y muy sensibles, pero si uno mira la historia de lo que ha sido el ejercicio de la Procuraduría, ha sido sensato, prudente y ponderado. Ha permitido controlar mejor a los funcionarios elegidos por voto popular.

¿Comparte la decisión que tomó la Corte IDH en el caso del presidente Gustavo Petro?

No, porque hace un análisis de lo que es la Procuraduría que no se compadece con la realidad. Consideró que era una entidad de tipo istrativo, en lo que se equivocó radicalmente. Esa interpretación no ajustó al derecho.

¿Por qué no comparte lo dictado por la Corte IDH?

En esa decisión hay que tener en cuenta dos aspectos, uno es la destitución y otro el de las inhabilidades. Si bien la Corte no es clara sobre cuál pesa más que otro, a ellos les impactó mucho más el tema de las inhabilidades, pero no estoy seguro.

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Esto no es un problema de la constitucionalidad de una ley, es un problema de que la Constitución directamente consagra esa atribución, entonces fue la manifestación del pueblo colombiano de cuál es el juez competente para eso, y yo creo que tenemos que mirar la decisión de la Corte IDH como un error.

La salida para cambiar esto sería modificar la Constitución…

Yo creo que sí, sé que hay un debate político grande, pero me parecería un error grande para Colombia cambiar la Constitución y eliminar esa función.

Voces que defienden a la Procuraduría dicen que por qué no se habla de otras dependencias con funciones similares…

La Procuraduría se ha ganado enemigos en el ejercicio de su función. En el país no existen jueces perfectos, todos se equivocan. Lo que pasa es que la Procuraduría toma decisiones más sensibles que llaman más la atención de la gente, entonces se ha generado ese cuestionamiento. Hay otros órganos claramente istrativos que tienen la facultad de destituir, como el presidente o gobernadores en algunos casos. El Consejo de Estado es una autoridad judicial, entonces uno podría decir que con ellos no se está violando nada.

¿Ha seguido el debate frente a lo que se juega en la Corte Constitucional?

Estoy a la espera de que salga, le hecho un seguimiento con el respeto a la institución que dirigí, con interés en un debate en el que yo participé activamente en la Asamblea Nacional Constituyente. Espero que la Corte Constitucional entienda este fenómeno como es, y que mantenga estas funciones a través de la Procuraduría.

¿Quedaría coja la entidad si pierde esa función?

Depende de lo que diga la Corte, y es que no sé cómo van a balancear dos elementos. Uno el debate sobre el alcance de unas estipulaciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Además, el debate tiene que darse sobre cómo se entiende la razón jurídica cuando hay una norma de naturaleza internacional, y una nacional que dice la contraria.

Redacción Justicia

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