Exclusivo: Con este papel Procuraduría busca evitar que tumben suspensión de Canciller

Al despacho del magistrado Jaime Chavarro Mahecha, integrante de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, llegó la respuesta de la Procuraduría a la tutela con la que la defensa del canciller Álvaro Leyva busca tumbar su suspensión, alegando vulneraciones en su contra.

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En ese mismo despacho ya se acumuló otra tutela que antes había presentado como agente oficioso Ali Bantú Ashanti, en representación del Colectivo Justicia Racial, que pide tumbar la suspensión argumentando que esta afecta decisiones que estaba tomando el alto funcionario del Ejecutivo a favor de las comunidades étnicas del país.

EL TIEMPO tuvo al oficio que le entregó la Procuraduría General de la Nación al magistrado Chavarro. El documento es del jefe jurídico (encargado) de la entidad, Carlos Felipe Remolina Botía, quien argumentó que las decisiones que ha tomado el órgano de control en este caso no obedecen “a razones de orden político” ni a simples “sospechas”, como lo indicó el apoderado del Canciller.

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Esta acción de tutela y la suspensión de tres meses a Álvaro Leyva nace de las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el alto funcionario dentro de la licitación para la contratación de pasaportes, la cual nuevamente está moviéndose en la Cancillería.

Esas supuestas vulneraciones de principios por parte del suspendido le significaron, a la par de la medida provisional, un pliego de cargos que lo tiene en juicio disciplinario, el cual arrancó el pasado jueves en la Procuraduría, al cual llegó su abogado con una recusación al procurador ponente, Ernesto Espinosa, por su presunta "enemistad grave" con el Gobierno Nacional, debido a comentarios que hizo en redes en 2019 y 2021, época para la que Espinosa no tenía el actual cargo.

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Yefferson Dueñas es el abogado del Canciller y en su representación argumentó en la acción de tutela que "la suspensión provisional, por la manera como ha sido diseñada y como se ejerce en la práctica, se convierte en la 'cuota inicial' de un fallo sancionatorio a un ritmo acelerado. Porque si llegare a absolverse al disciplinado habrá quedado en evidencia un actuar prematuro e injustificado de la istración".

Sin embargo, para la Procuraduría -dirigida por Margarita Cabello- ese tipo de ideas por parte de Dueñas "distan de la realidad jurídica, por cuanto la medida de suspensión provisional no es, ni se asimila, a una figura de naturaleza sancionatoria, sino que, por el contrario, se trata de un mecanismo de carácter preventivo expresamente regulado en cabeza del operador disciplinario, para determinados casos en que se pretendan salvaguardar bienes jurídicos".

Es decir, que para la entidad disciplinaria no corresponde equiparar la medida provisional a un fallo sancionatorio o a la "cuota inicial", pues la suspensión no significa que a Leyva se lo haya encontrado responsable.

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En cuanto a la supuesta vulneración del debido proceso, el jefe jurídico en encargo explicó que eso no ha pasado, pues el procurador Esiquio Sánchez -que conoció del caso en su momento- explicó que todo el proceso contra Leyva ha sido manejado con el debido proceso.

Además, para la Procuraduría General de la Nación la tutela es improcedente porque el proceso disciplinario contra Leyva está en curso y apegadas a la ley.

"En virtud de lo anterior, en el presente caso es inexistente la vulneración de derechos fundamentales al accionante, por cuanto el operador disciplinario ha actuado en cumplimiento del deber que le ha sido asignado constitucional y legalmente, consistente en ejercer vigilancia superior sobre la conducta oficial de las personas que desempeñen funciones públicas", concluyó en uno de sus párrafos la Procuraduría.

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En su oficio, la Procuraduría no dejó de lado hablar de la "resistencia del disciplinable ante la decisión" de Álvaro Leyva, cuando el 24 de enero se ordenó separarlo del cargo por tres meses. Esto porque "el funcionario disciplinado hizo caso omiso y en clara renuencia, siguió ejerciendo la investidura de Ministro hasta el 7 de febrero de 2024, cuando se resolvió el grado de consulta".

De hecho, el ente de control recordó que pese a la suspensión, estando Leyva en su puesto se publicaron los pliegos de condiciones para la nueva licitación de pasaportes, caso por el cual enfrenta un juicio disciplinario.

En ese sentido, para la Procuraduría "necesariamente debemos concluir que las conductas posteriores adoptadas después de conocer la suspensión, no sólo corroboran la necesidad y pertinencia de la medida cautelar, sino que prima facie dan cuenta que la misma debe mantenerse incólume en los términos que dispuso la Sala Disciplinaria".

Al final, la Procuraduría le pidió al magistrado Jaime Chavarro  "respetuosamente desestimar la acción de tutela que nos ocupa y, por tanto, negar sus pretensiones".

EL TIEMPO conoció otro oficio del 13 de febrero de la Procuraduría relacionado a la tutela, el cual lleva a la Sala Disciplinaria de Instrucción y uno de sus integrantes: Esiquio Sánchez. En el oficio responden que los argumentos expuestos en la tutela "son similares a los argüidos en los alegatos presentados durante el trámite de grado de consulta". Ese procedimiento fue el que elevó la defensa del Canciller una vez se enteró de la suspensión.

"Después de exponer hechos relacionados al caso, el procurador delegado Esiquio Sánchez solicita a la Sala de Decisión Civil del Tribunal de Bogotá despachar de manera desfavorable las pretensiones del accionante, en razón a que no se han vulnerado los derechos fundamentales señalados como deprecados", concluye esa carta.

Tras recibir la postura de la Procuraduría, que es la accionada en este caso, se espera que el magistrado Chavarro resuelva las tutelas acumuladas en un mismo proceso.

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49