Por presunto fraude en un fallo, Procuraduría pide investigar a magistrado

La Procuraduría General le pidió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial investigar al magistrado Jorge Eliécer Mola Capera y al conjuez Teodoro Antonio Deyongh Salcedo, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, por las actuaciones que condujeron a proferir una tutela que ordenó devolver a sus dueños la operación de la EPS Ambuq, aseguradora del régimen subsidiado, y todos los afiliados que ya habían sido trasladados a otras entidades.

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Esto pese a que está intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud lo cual, para el órgano de control, pone en riesgo sus derechos fundamentales a la vida y la salud.

En la solicitud, la Procuraduría argumentó que “la decisión adoptada en la sentencia de tutela con ponencia del magistrado Mola Capera fue producto de una situación de fraude y que el juez tiene el deber de prevenir, remediar y sancionar (…) los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad y probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal”.

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De acuerdo con la Procuraduría, el caso de la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó (Ambuq EPS) comenzó el pasado 9 de febrero cuando la Supersalud ordenó la intervención istrativa forzosa con el fin de liquidarla, luego de establecer que incumplía con sus compromisos de prestación de servicios de salud y istración de los recursos públicos.

La Superintendencia también indicó que la EPS incumplía con las metas de vacunación para niños menores de un año, y con reducir las tasas de mortalidad de menores de cinco años por desnutrición, enfermedad diarreica e infecciones respiratorias era imparable, así como la tasa de nacimientos de niños con sífilis congénita y el aumento incontrolado de la tasa de mortalidad de mujeres a 42 días del parto, entre otras.

Por estos y otros motivos, la entidad de salud ya había sido objeto de múltiples sanciones istrativas por incumplimiento a centenares de fallos de tutela y las pérdidas acumuladas superaban los $ 312 mil millones.

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Ante la intervención de la Supersalud, Ambuq EPS interpuso "una cascada de tutelas" y, aunque la mayoría fueron negadas, uno de los procesos fue fallado a su favor, en segunda instancia, con ponencia del magistrado Jorge Eliécer Mola Capera y el conjuez Teodoro Antonio Deyongh Salcedo, que ordenó suspender en menos de 48 horas la intervención y revertir todas las medidas, decisiones y actuaciones realizadas hasta ese momento, además del regreso de los afiliados, que ya habían sido reasignados a otras prestadoras de servicio por el ministerio de Salud.

El fallo encendió las alarmas de la Superintendencia, que, con el acompañamiento de la Procuraduría Delegada para la Salud, impugnó la decisión con una nueva acción de tutela ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que solicitó amparar los derechos fundamentales a la salud y la vida de los s.

Por ahora, la polémica tutela fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia mientras estudia el recurso que presentó la Supersalud.

Por su parte, la Procuraduría solicitó formalmente la investigación contra los funcionarios judiciales, argumentando que Mola Capera habría usurpado las competencias de la jurisdicción contenciosa istrativa al desconocer que el Tribunal istrativo del Chocó se había negado en dos oportunidades a conceder la medida de suspensión provisional del acto istrativo de la Supersalud, dentro del trámite de dos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que impulsaron los asociados de Ambuq.

Así mismo, el Ministerio Público afirmó que la decisión de Mola Capera le había dado 48 horas de plazo a la Superintendencia, al Ministerio de Salud, a ADRES y al Agente Especial Liquidador para acatar una serie de órdenes "de imposible cumplimiento, por cuanto transcurridos ocho meses del proceso de liquidación, la mutual carece de medios físicos, logísticos y está totalmente imposibilitada para operar, pues no cuenta con una red de prestadores de servicios de salud -IPS-; ya liquidó y despidió al 95 por ciento de los empleados, terminó y entregó los contratos de arrendamiento de 147 sedes y tiene registradas acreencias por más de $948.000 millones y tan sólo $236 millones para cubrirlas, con un grave impacto para las finanzas del sector salud".

En marzo de 2020, en la audiencia en la que la Fiscalía pedía una medida de aseguramiento en contra del magistrado Mola Capera, por un caso ocurrido en Barranquilla, se conocieron detalles de cómo, según el ente acusador, habría concedido irregularmente tutelas en una batalla jurídica sobre la herencia de un excongresista. 

El caso en el que presuntamente intervino el magistrado tiene que ver con la disputa familiar por la millonaria herencia del excongresista Gabriel Acosta Bendek y su esposa, Sofía Acero de Acosta.

La pugna por el control de la Fundación Acosta Bendek, el Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla y la Universidad Metropolitana de Barranquilla es entre la única heredera de la pareja, Ivonne Acosta Acero y su esposo Carlos Jaller Raad, de un lado; y del otro, el medio hermano de Ivonne, Alberto Acosta Pérez, y sus primos Juan José y Luis Fernando Acosta Osío (excónsul honorario de Polonia en Colombia), María Cecilia Acosta Moreno y Gina Eugenia Díaz de Acosta, esposa de Alberto.

Según el ente acusador, que imputó a Mola por prevaricato y enriquecimiento ilícito, debido a tres decisiones con las que de forma irregular habría favorecido a los primos, mediante una ‘lluvia de tutelas’ el togado se metió en procesos civiles y penales en los que nada tenía que ver.

Dado que el conocimiento de las tutelas se asigna al azar, no es normal que el mismo magistrado conozca varias sobre los mismos casos. Pero la Fiscalía dice que a través de una ‘tutelatón’, los primos Acosta interponían y retiraban múltiples recursos hasta que uno quedara en manos de Mola. 

Según lo dicho por la Fiscalía en la audiencia de marzo de 2020, que se hizo ante el Tribunal Superior de Bogotá, con la 'tutelatón' lograron que el togado concediera tres tutelas: una el 16 de diciembre del 2016, que suspendió una medida cautelar dentro de un proceso civil de Ivonne Acosta contra sus familiares; y otras dos, el 24 de octubre y el 7 de noviembre del 2017, que suspendieron audiencias en el proceso penal entre ella y sus parientes. Esta última la concedió en sala con el magistrado Demóstenes Camargo, a quien el ente acusador imputó cargos en noviembre de 2020.

Además, sobre Mola, la Fiscalía cuestionó que a sus bolsillos y a los de su esposa y sus dos hijos habrían ingresado más de 1.350 millones de pesos sin justificación entre 2011 y 2019. Sus hijos, a quienes el magistrado sostenía, aparecen comprando una casa y haciendo inversiones por más de 430 millones de pesos. Su esposa, ama de casa, se compró una camioneta Nissan último modelo.

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