'Aquí puede pasar una tragedia': Procurador ante crisis minera en Buriticá

Un grupo de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación visitó parte de los 84 kilómetros de túneles que tiene la mina manejada por la empresa Zijin Continental Gold en Buriticá, Antioquia, municipio en el que hay una difícil situación de orden público por cuenta de personas que se han metido a la fuerza a esos socavones a trabajar.

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Esa disputa por el oro entre la empresa china y los mineros informales ha dejado a varias personas muertas, pues hay de por medio un grupo armado ilegal que facilita a los mineros informales explosivos que son detonados y ponen en riesgo su propia vida y las de los miles de trabajadores que a diario se adentran en la montaña.

Para buscar una salida a la situación, la procuradora Margarita Cabello envió la semana pasada a varios de sus funcionarios, entre ellos Javier Sarmiento, procurador para la defensa de los Derechos Humanos, a quien acompañó EL TIEMPO en su viaje a los socavones de la empresa china.

Ante la preocupación, advertencias y noticias que hemos conocido, y porque a nosotros ha recurrido la empresa Zijin Continental Gold por las diferentes violaciones a los derechos humanos, que son evidentes. Como ya tenemos conocimiento, del año 2016 a hoy han sido asesinados más de 12 funcionarios de esta empresa.

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Eso podemos verlo desde el punto de vista institucional como Fuerza Pública. Dos, como una empresa privada que está haciendo una explotación de recursos naturales no renovables con un permiso, con un título minero, pero también hay violación a los derechos humanos de las personas que están entrando ilegalmente a esta mina.

Pudiera parecer contradictorio: están haciendo una práctica ilegal, pero ellos también están siendo víctimas de un grupo armado organizado, en este caso el 'clan del Golfo', que los utiliza, en teoría, pagándoles, pero hay una explotación de ese trabajo también con una inducción a la prostitución a algunas mujeres, con una inducción al consumo de sustancias psicotrópicas y barbitúricas, también hay una violación de los derechos de personas extranjeras, en especial de nacionalidad venezolana, que están siendo utilizados para esta práctica.

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Entonces hay un conjunto entre los tres actores principales en lo que tiene que ver con esta explotación minera en Buriticá que alertaron a la Procuraduría, y es por esto que se determinó hacer una comisión extraordinaria en la que por supuesto está la delegada de Derechos Humanos, y también la delegada de Asuntos Ambientales y mineroenergéticos para conocer de primera mano qué es lo que estaba pasando. No es lo mismo que le cuenten a uno en Bogotá ni en Medellín, sino venir directamente. Tuvimos la oportunidad de ver cómo es ese hormigueo, que van abriendo esos huecos, esos túneles para ingresar a la mina y hacer hurto de los minerales.

Ya sabemos cuánta renta genera esto de la explotación. De ocho toneladas anuales, ellos (informales) hacen el 3,2 por ciento, es decir que el lucro que están generando estas actividades ilegales en violación de los derechos humanos de personas de unos y otros actores, pues está generando un lucro para los grupos armados organizados al margen de la ley.

Lo que es evidente es que esos explosivos, el Indugel color grisáceo gelatinoso, lo compraron en Indumil porque así está contramarcado. Según nos informan, le borran el serial, esto va a generar por parte de la Procuraduría una acción preventiva a Indumil para revisar los procedimientos, los procesos de venta de este tipo de explosivos, en especial en la región de Antioquia, porque se los deben estar vendiendo a algunas empresas vecinas; de lo contrario sería mucho más difícil transportar desde otro departamento explosivos a gran escala como los observamos hoy.

Por su parte, la Fiscalía tendrá que investigar el comercio ilícito de estos explosivos que sin duda son los que están causando los daños en esta empresa y a las personas.

Acudieron a nosotros el 14 de junio el CEO y los vicepresidentes de la compañía a la Procuraduría a alertarnos sobre que el Gobierno Nacional no estaba prestando la atención debida. Aquí hay muchos actores involucrados del Gobierno, que en últimas son los que tienen que resolver la problemática, por una parte y como es natural el Ministerio de Defensa, en la parte de seguridad territorial y retomar el control de estas actividades ilícitas y en todo lo que se deriva que escuchamos.

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El Ministerio Interior es el que articula con los entes territoriales, Gobernación, Alcaldía, en este caso con EPM; el Ministerio de Minas y Energía; la UIAF, que es un papel fundamental para identificar esas finanzas criminales que se derivan de todas estas acciones ilegales de Minería; la Agencia Nacional de Minería, hay que hacer los procesos de formalización como lo ha venido haciendo la empresa, me imagino en el marco de su responsabilidad social; y brilla por su ausencia, como en casi todo el país, Migración Colombia.

También hemos sido alertados que hay una población extranjera, principalmente de origen venezolano, a quienes respetamos y ayudamos, pero vemos que falta un control por parte de las autoridades también migratorias.

Bueno, la Fiscalía por fortuna ya nos informó que va a destacar un grupo especial, y también hay que facilitarles a estas personas todo el tema de proyectos productivos, eso también es cierto porque es lo mismo cuando se combate el narcotráfico. El problema es en cuatro kilómetros que están encima de la mina, ¿cómo no vamos a ser capaces de verificar la titulación, la legalidad de esos predios y los títulos de un caserío que según vimos en la fotografía no excederá 40 casas?

Yo creo que esto no da espera, aquí puede venir un estallido, una tragedia dentro de esa mina en la que mueran miles de esas personas, porque ya nos hablan de 5.000 trabajadores directos e indirectos, más los otros 1.500 informales que pueden haber adentro en los dos turnos de 750 y 750.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49