Protesta social: en promedio, han estallado en 2023 casi cuatro casos al día

Indígenas en el norte del Cauca invadiendo fincas, incluso atacando a trabajadores afro, en supuesta protesta por incumplimientos de acuerdos firmados en el pasado. Una de las principales centrales hidroeléctricas del país, la del Guavio, en riesgo de apagón por la protesta de una comunidad que exigía la construcción de una carretera. Bloqueos de carreteras en Santander y La Guajira por inconformidad contra la actividad minera.

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El norte de Antioquia bloqueado por la acción de mineros artesanales que exigen que no sigan los operativos contra la ‘maquinaria amarilla’ ilegal –dragas y retroexcavadoras, cada una de las cuales puede costar más de mil millones de pesos– que allí todo el mundo sabe que en realidad pertenecen a las bandas criminales y que están convirtiendo en desiertos las cuencas de los ríos.

Campesinos e indígenas de San Vicente del Caguán quemando una base petrolera en una violenta protesta que cobró la vida de un policía y dos civiles y que se cerró con el secuestro y posterior liberación de 78 de la Fuerza Pública, en un caso que, sin embargo, el ministro del Interior, Alfonso Prada, calificó de “cerco humanitario”.

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Esos han sido algunos de los picos del ‘electrocardiograma’ de la protesta social en el país, una ruta que cada vez están tomando con mayor frecuencia comunidades que están acudiendo a las vías de hecho para tratar de presionar soluciones a problemáticas de décadas –como en La Mojana, donde ya temen la llegada de la primera ola invernal del año sin que se vean las obras para evitar las inundaciones de siempre– o para tratar de frenar la acción del Estado contra la ilegalidad, que es lo que pasa en este momento en Antioquia y en varias zonas donde los grupos ilegales quieren que siga frenada la erradicación de cultivos.

En los dos primeros meses del año, según cifras de la Defensoría del Pueblo, se han registrado 214 casos de conflictividad social. El año pasado en el mismo periodo fueron 124, lo que representa un aumento del 72,6 por ciento. En promedio, son casi 4 protestas cada día del año y algunas se han prolongado incluso por semanas.

De acuerdo con el monitoreo realizado por el Observatorio de Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría, el año pasado se registraron 1.428 hechos y a partir del segundo semestre “se evidenció una tendencia al alza de los conflictos sociales, alcanzando el número más alto en el mes de septiembre con 186 eventos”.

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¿Cómo entender que un presidente como Gustavo Petro, que en buena medida fortaleció su campaña en los grandes paros de 2020 y 2021 abanderando muchas de las causas de los que protestaban, esté enfrentando ahora en el poder una situación cada vez más difícil en el manejo de esos ‘bloqueos sociales’?

Un patrón que se ha repetido es que el Estado está llegando tarde, incluso cuando ya hay brotes de violencia en varias de esas expresiones. En algunas zonas ha habido denuncias por lo que varios sectores, empezando por dirigentes gremiales del Valle y del Cauca, han calificado como una actitud pasiva de la Fuerza Pública a la hora de hacer valer los derechos de la propiedad legítimamente adquirida y, sobre todo, de defender la vida e integridad de empleados de ingenios que han sido asesinados o heridos en medio de las invasiones de algunos de comunidades indígenas.

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El envío de comitivas de ministros cuando la situación se complica es otra parte de la fórmula que usa el gobierno Petro y que ha sido tradicional en el Estado colombiano. Y ha sido histórica también la firma de acuerdos que en muchas oportunidades no se cumplen y que generan nuevas protestas para los gobiernos que llegan. Pero la receta de manejo de crisis de la actual istración tiene varios puntos polémicos.

El manejo de términos –‘retención’ o ‘cerco humanitario’ en vez de secuestro– es uno de ellos. Pero otro punto llamativo en varios acuerdos ha sido la disposición del Gobierno a buscar vías para ponerles fin a contratos de minería o explotación petrolera perfectamente legales. En el ‘Acuerdo de los Pozos’, uno de los compromisos firmados por el ministro Prada fue este: “El Gobierno revisará las líneas jurídicas frente a la solicitud de la cancelación del contrato de explotación de hidrocarburos de la empresa Emerald Energy”.

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Un acuerdo que genera varias preguntas. Por un lado, sobre el mensaje que se envía cuando supuestamente lo que ha dicho el Gobierno es que si bien no contempla por ahora nuevas licencias de exploración petrolera, sí quiere maximizar la producción en los contratos ya existentes.

Segunda, cuál es el impacto social, fiscal y laboral de que Emerald, como ya lo anunció, abandone esa operación petrolera. Y una menos evidente, pero estratégica en materia de seguridad: si ya no hay base petrolera en Los Pozos, la base fija del Ejército que hay allí se movería (usualmente, todos los costos logísticos de las instalaciones militares los asumen las empresas, para garantizar la protección de actividades que son consideradas de interés nacional como la petrolera).

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Así, ¿a quién le sirve que no haya presencia militar en esa zona, en la que campea el narcotráfico controlado por las disidencias de ‘Iván Mordisco’?

¿Hay mano blanda del Gobierno o las comunidades ‘le están midiendo el aceite’ al gobierno Petro?

Rosembert Ariza Santamaría, doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas del Externado, plantea que algunas comunidades, que en efecto se sienten muy representadas por el gobierno Petro y fueron las que más votaron por él, pueden estar pensando que sus reclamos pueden ir más lejos en cuanto a las vías de hecho por todos los mensajes previos enviados desde la campaña y por muchos hechos ya cuando el líder del Pacto Histórico llegó a Palacio.

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“Hay un cambio de paradigma en el manejo de la Fuerza Pública –dice Ariza– (...) Es un estilo más negociador, conciliador y de menos mano dura, sin duda. Es menos represivo, pero todavía el Gobierno no tiene el cálculo en este tema: habría todavía una falta de racionalidad institucional por parte del jefe de Estado y del ministro de Defensa de hasta qué punto intervenir y cuándo no, y con qué grado de fuerza”.

A su turno, Carolina Jiménez, directora del programa de Ciencia Política de la Universidad Nacional, anota que lo que ha pasado en el actual gobierno está lejos de lo que ocurrió en materia de protestas en la istración Duque y considera que la mayoría de las protestas actuales tiene razones válidas: “Son una expresión legítima y legal de la sociedad civil ante un orden social que no genera las condiciones para la materialización efectiva de los derechos y para el ejercicio de una vida digna”, dijo.

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Analistas como Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, amarran varias de las protestas en las que se ha visto la mano de los violentos a las zonas grises que siguen existiendo en la política de ‘paz total’. Consideró que grupos ilegales como las disidencias y las bandas “le están apostando a generar mayor presión con protestas en sus zonas de influencia para llegar con más fuerza a una eventual mesa de negociación”.

En esa misma línea, Andrés Nieto, experto en temas de seguridad ciudadana de la Universidad Central, asegura que el solo anuncio del cese del fuego hecho por el Gobierno y supuestamente refrendado por disidencias y bandas “no desaparece las rentas delincuenciales o el control territorial” de los grupos armados.

Así, señala, esas organizaciones “ejercen control sobre la población, desde qué alimentos salen, cuáles ingresan, cuál es el valor de los mismos, decretan toques de queda, y controlan economías subterráneas, préstamos gota a gota”. Y cuando sus intereses se ven afectados, mueven comunidades o infiltran protestas legítimas.

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De hecho, dicen los expertos, un gran reto para la estrategia de seguridad del gobierno será determinar cómo manejar esos movimientos sociales en los que los actores armados se mueven tras bambalinas. En el Caguán el Gobierno optó por la mano blanda. Pero en la zona minera de Antioquia ha sido precisamente la acción decidida del Estado contra la minería ilegal, con la destrucción de maquinaria, la que ha generado el bloqueo que, dice el gobernador Aníbal Gaviria, está claramente manejado por el ‘clan del Golfo’.

En todo caso, señala Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), es clave no dejar de lado que, aunque haya infiltración o control de la protesta por las bandas criminales, en esa zona hay una problemática real de los mineros artesanales que debe atenderse para, precisamente, quitarles a los violentos el control que ejercen sobre comunidades altamente desatendidas por el Estado.

“Los invitamos a unirse a la causa, por favor cerrar negocios y parar actividades. Es una invitación por las buenas (…) ya saben qué puede pasar”.

Ese es uno de los textos que hicieron circular vía WhatsApp y en audio en el que se “invitaba” a los habitantes de cuatro municipios del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba a participar en el denominado paro minero, que hoy cumple 11 días.

El detonante del paro, según fuentes del Gobierno consultadas por EL TIEMPO, fue la orden del presidente Gustavo Petro de destruir las dragas brasileñas –conocidas como dragones– que se utilizan para extraer oro. En un solo golpe de la Fuerza Pública se destruyeron 5 ‘dragones’, avaluados en $ 8.000 millones: se calcula que extraían 25 kilos mensuales de oro cuyo valor comercial asciende a 7.184 millones de pesos.

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A esa protesta que tiene todos los ojos del país encima se suman otras menos visibles. Las disidencias estuvieron, según fuentes de inteligencia, detrás de la mayor parte de los 350 bloqueos y asonadas registradas en 2022 contra la erradicación forzada; este año, la Policía reportó 14 en febrero, cuando se reinició la erradicación forzada.

Uno de los casos fue el secuestro de 30 integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega el pasado 2 de enero por cerca de 300 campesinos de Vista Hermosa, Meta, mientras realizaban operaciones de patrullaje en Alto Caño Cafre y el caño las Ánimas. Los campesinos argumentaron que esa patrulla iba a adelantar labores de erradicación y que, además, estarían violando el cese de fuego anunciado por el presidente Petro el 31 de diciembre.

Los intereses de las disidencias van más allá, y las agencias de inteligencia, por ejemplo, señalan a Alexander Díaz ‘Calarcá’, jefe del denominado bloque ‘Jorge Briceño’, con presencia delictiva en Meta y Caquetá, de haber presionado a campesinos a la toma de la base petrolera Emerald Energy en San Vicente del Caguán.

@JusticiaET