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Así van los líos jurídicos que enfrenta Rodolfo Hernández
Ante un juez penal, el ingeniero santandereano es procesado por celebración indebida de contratos.
El excandidato presidencial Rodolfo Hernández enfrenta dos juicios ante distintas autoridades por hechos relacionados a su gestión en la Alcaldía de Bucaramanga, entre los años 2016 y 2019.
El más reciente llamado a juicio se conoció en la mañana de este miércoles, cuando la Procuraduría anunció pliego de cargos en su contra por presuntas manifestaciones injuriosas a servidores públicos y un civil.
Sin embargo, el caso más resonado en los estrados judiciales contra el político santandereano es el de Vitalogic, por el cual la Fiscalía radicó escrito de acusación en su contra por el delito de celebración indebida de contratos.
Este proceso se reanudó el 13 de enero de este año, cuando se citó a Hernández a una nueva audiencia virtual de juicio oral en su contra para que responda por presuntos actos de corrupción durante su paso por la alcaldía.
Rodolfo Hernandez no aceptó cargos por interés indebido en celebración por caso Vitalogic. Foto:Maria Alejandra Rodríguez / EL TIEMPO
Para el ente acusador hay suficientes pruebas que involucrarían al exalcalde en el direccionamiento irregular de un contrato para la evaluación, técnica, ambiental, financiera y las nuevas tecnologías en el relleno sanitario El Carrasco, pactado con la empresa Vitalogic para el 3 de agosto de 2016, mes para el que Hernández habría citado a funcionarios a su casa con el fin de direccionar la contratación.
El valor de ese negocio ascendía a más de 344 millones de pesos, y se iba a suscribir entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga, (EMAB), y el ingeniero Jorge Alarcón, quien ha presentado pruebas contra el ingeniero y líder político de la Liga Anticorrupción.
No existe motivo que justifique extender la competencia de la Corte Suprema de Justicia para continuar con el conocimiento de este trámite.
Este expediente penal alcanzó a llegar a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, el 25 de noviembre del año pasado, con su renuncia al Senado, el alto tribunal declaró que "no existe motivo que justifique extender la competencia de la Corte Suprema de Justicia para continuar con el conocimiento de este trámite".
Por ende, el proceso fue devuelto al Juzgado 10 Penal de conocimiento del Circuito de Bucaramanga, en el cual está programada una nueva audiencia de juicio oral para el próximo 26 de abril.
El abogado defensor, Jorge Alberto Ruiz Sánchez, explicó que este caso ya lleva seis años abiertos, y que "lo único que ha encontrado la Fiscalía es un amplísimo espectro de posibilidades donde se hablaba de delitos de falsedad, de delitos de corrupción mediante la apropiación de dineros del erario público, pero nunca encontró el elemento esencial mínimo para poder hacer una imputación de cargos. Lo único que encontró la Fiscalía fue que eventualmente el ingeniero pudo haberse interesado indebidamente en la celebración de ese contrato”.
En todo caso, otras personas que también están en aprietos ante la justicia son los exfuncionarios Rubén Enrique Amaya, jefe de disposición final; César Fontecha, ex director jurídico ; Abelardo Durán Leiva, ex subgerente técnico y operativo; Abigail León, ex subdirectora istrativa y financiera; y el contratista Alarcón.
El lío disciplinario
El pliego de cargos anunciado este 1 de marzo contra Rodolfo Hernández no es nuevo para él. Se debe a hechos que se presentaron cuando fue mandatario local en Bucaramanga y participó del programa radial 'Hable con el alcalde'.
En la transmisión, al parecer se refirió a entonces servidores públicos con manifestaciones injuriosas. Entre los afectados está el exgobernador Didier Tavera y el entonces diputado Édgar Suárez.
Esos sucesos lo llevaron a tener un lío disciplinario que lo llevará a un juicio para que responda por palabras como "vago sin sueldo".
"Para el órgano de control, el exfuncionario con su aparente conducta pudo afectar los derechos de los servidores públicos a los que se refirió, al invadir incluso la esfera de su vida personal y familiar sin respeto alguno de su intimidad, de su dignidad, buen nombre e imagen ante la comunidad, y sin considerar que, aun tratándose de funcionarios públicos, la información debía tener un mínimo de plausibilidad y cumplir con condiciones básicas de veracidad y credibilidad”.