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Rodolfo Hernández: ¿por qué su candidatura está en vilo tras el fallo de la Corte?
La procuradora dice que por las sanciones en contra, él no podría aspirar a la Gobernación.
El senador radicó su iniciativa para que se aplique a cabalidad el Estatuto de Contratación. Foto: Prensa Rodolfo Hernández
PERIODISTA JUDICIALActualizado:
La aspiración política del exalcalde Rodolfo Hernández de llegar a ser el gobernador de los santandereanos en las elecciones de octubre podría verse afectada por los fallos disciplinarios que ha emitido en su contra la Procuraduría General de la Nación.
Así se lo aseguró a EL TIEMPO la jefa de dicho órgano de control, Margarita Cabello Blanco, quien sentó su postura tras analizar la sentencia de la Corte Constitucional relacionada con el papel que juega la Procuraduría en el momento de sancionar a funcionarios elegidos en las urnas.
La procuradora Margarita Cabello en Santa Marta. Foto:Procuraduría
En su fallo, el alto tribunal aclaró que la revisión automática en el Consejo de Estado de las decisiones del Ministerio Público solamente aplica cuando la sanción contra la persona elegida por voto popular se da estando en el cargo, lo cual no pasó con Hernández, a quien disciplinaron después de que terminó su periodo como alcalde de Bucaramanga.
“En consecuencia, para los electos popularmente que en el momento de imponerles la sanción por parte de la Procuraduría ya no están en ejercicio del cargo, las decisiones en firme se cumplen y deben ejecutarse inmediatamente sin pasar por el tamiz de la jurisdicción de lo contencioso-istrativo”, explicó Cabello al referirse al caso concreto que atraviesa el candidato a la gobernación de Santander.
Los tres fallos
La semana pasada, la Procuraduría confirmó en segunda instancia una suspensión e inhabilidad especial de cuatro meses contra Rodolfo Hernández por la agresión verbal que tuvo con Fernando Martínez.
Ese hecho se presentó en 2018 en el parque Solón Wilches, de la capital de Santander, donde en medio de una jornada de poda de árboles, el hoy candidato le dijo a Martínez “lavaperros de la politiquería (...) de los ladrones que se robaron a Bucaramanga”.
La inhabilidad sí opera, y su cumplimiento debe ser inmediato, entendiendo por inhabilidad la imposibilidad de ejercer cargo público.
Al ya no estar en el cargo, la sanción por esta situación se le convirtió a Hernández en una multa de más de 62 millones de pesos. De todos modos, para Margarita Cabello, “la inhabilidad sí opera, y su cumplimiento debe ser inmediato, entendiendo por inhabilidad la imposibilidad de ejercer cargo público”.
El reciente fallo se suma a otros dos que tiene encima el líder político, quien perdió contra Gustavo Petro en segunda vuelta las elecciones presidenciales.
En septiembre de 2019, la Procuraduría sancionó a Rodolfo Hernández con dos meses de suspensión del cargo porque en 2017 hizo manifestaciones irrespetuosas que afectaron a Wilson Motta Rodríguez.
Y el tercer fallo es el que en segunda instancia le ratificaron el 18 de agosto de 2020. La decisión se debe a que fue hallado responsable de la agresión al concejal de Bucaramanga John Jairo Claro Arévalo, a quien le pegó una cachetada. Ese tal vez fue el caso que más trascendió mediáticamente, pues el video de la discusión y el golpe se esparció en redes sociales.
Ante esta situación, la procuradora general resaltó que el fallo de la semana pasada contra el exalcalde de Bucaramanga “es la tercera impuesta en los últimos cinco años. Es importante precisar que si la persona ha sido sancionada en los últimos cinco años en mínimo tres ocasiones, se hace acreedora a una inhabilidad sobreviniente de tres años, si la última sanción impuesta es inferior a ese término”.
Bajo esa premisa, la candidatura de Hernández se vería frenada, pues no estaría habilitado para ejercer un cargo público. Sin embargo, su defensa considera algo distinto.
Defensa del exalcalde
El exmagistrado Julio César Ortiz, apoderado de Hernández dentro de este caso, le dijo a EL TIEMPO que las sanciones que le ha impuesto el Ministerio Público a su cliente están demandadas ante jueces istrativos, y que desde esa instancia no se ha recibido la ejecutoria correspondiente. Por ende, está despejado el camino para su aspiración política.
El gobernador de San Andrés Everth Julio Hawkins Sjogreen y su abogado, Julio César Ortiz. Foto:Archivo Particular
Además, advirtió que la sentencia de la Corte sobre las funciones de la Procuraduría protege a su cliente con la garantía del recurso extraordinario de revisión, “comoquiera que el proceso disciplinario se inició mientras Hernández se desempañaba como alcalde, y en todo caso en vigencia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Corte IDH”.
Y añadió que la Procuraduría “debe respetar la inviolabilidad absoluta de los derechos constitucionales fundamentales y especialmente los derechos políticos de los ciudadanos de elección popular”.
La incógnita de si está habilitado podría despejarse en los próximos días, pues la Procuraduría revelará el listado de personas que no están habilitadas para cargos públicos. En el primer rastreo ya tienen a 660 candidatos bajo la lupa.
Carlos López
Redacción Justicia
En Twitter: @CarlosL49
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