En 6 % se incrementó la afectación por hectáreas por minería ilegal

Cómo un problema de salud pública fue calificada la extracción de oro de aluvión (EVOA) de manera ilegal, que impacta directamente el medio ambiente.

Esa es una de las conclusiones dadas a conocer en la mañana de este jueves durante la presentación del Sistema de Monitoreo de Naciones Unidas, sobre la práctica de extracción de oro - tanto legal como ilegal -.

El informe señala que Colombia pasó de tener 83.620 hectáreas afectadas en 2018 a 92.046 en 2019, lo que representa un incremento del 6 por ciento.

De igual forma, el documento evidencia que el 78 por ciento de la explotación de oro de aluvión, EVOA,  en tierra se concentra en los departamentos de Antioquia (40 por ciento) y Chocó (38 por ciento),  y alerta sobre su práctica en zonas excluibles de la minería, territorios que por su relevancia ecosistémica han sido declarados para su protección y conservación.

“En cuanto a la detección de la minería los datos indican que el 53 por ciento se encuentra en zonas excluibles de la minería (donde esta prohibida esta actividad, como parques nacionales), el 13 por ciento en zonas de minería restringida y el 35 por ciento en áreas libres, permitidas para la explotación bajo el marco normativo”, señaló Leonardo Correa, experto encargado de realizar la medición y el estudio.

Por otra parte, se tiene que el 28 por ciento de las evidencias se localizan en zonas que cuentan con licencia ambiental o con permisos para la explotación; el 34 por ciento en territorios que están en proceso de obtención de permisos, y el 38 por ciento carece de cualquier permiso.

En el monitoreo se estableció que en tres de los 59 Parques Nacionales Naturales: Puinawai, ubicado en los territorios departamentos de Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare y Caquetá; Paramillo, ubicado en Antioquia y Córdoba; y Farrallones, en el Valle del Cauca, se registra explotación minera con uso de maquinaria en tierra, con un total de 126 hectáreas.

“No obstante, el informe también destaca el proceso de formalización llevado a cabo en el municipio de San José del Fragua, Caquetá, y el modelo productivo del departamento de Antioquia, como ejemplos de las estrategias de intervención implementadas para disminuir la vulnerabilidad en dichos territorios”, resaltó Correa.

De acuerdo con el informe, para las autoridades la preocupación esta en que la explotación ilegal de sigue incrementándose, por lo que se busca la formulación de políticas públicas, planes y estrategias de intervención que atiendan las necesidades específicas y disminuyan la vulnerabilidad de las comunidades que habitan en los territorios afectados.

Esto a raíz de que “el 43 por ciento de las áreas afectadas por la explotación ilícita de oro coincide con las zonas donde se ubican los cultivos ilegales, en su gran mayoría de coca donde confluyen los grupos armados que se financian de estas dos actividades ilícitas”, aseguró Pierre Lapaque, representante de Naciones Unidas para Colombia.

Por su parte de la viceministra de Minas y Energía, Carolina Rojas, señaló que es prioridad en el cuatrienio del gobierno Duque, “que 27.000 mineros ingresen a la legalidad y obtengan su título minero. En estos 15 meses de gestión, 10.000 ellos han iniciado el proceso de formalización”.

JUSTICIA

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