Se reactiva juicio disciplinario contra el excanciller Álvaro Leyva por caso pasaportes; ya hay fecha decisiva

Con un oficio firmado por el delegado Ernesto Espinosa, en las últimas horas la Procuraduría General de la Nación reactivó el juicio disciplinario que se adelanta contra el excanciller Álvaro Leyva por supuestas irregularidades en la licitación para la expedición de pasaportes. 

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En el documento al que tuvo EL TIEMPO, el procurador fijó el día para la audiencia en la que se dará a conocer la lectura del fallo dentro del juicio verbal contra el exministro. Según el cronograma, la diligencia se llevará a cabo en Bogotá el próximo 5 de noviembre desde las 9 de la mañana. 

Este expediente se reactivará luego de varios meses después de que Espinosa anunció que tendría listo el fallo. Acabada la etapa de alegatos finales, su despacho había subrayado que en agosto se iba a conocer si se sanciona o no a Leyva, sin embargo transcurrieron los días y no se había divulgado una nueva fecha. 

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El proceso empezó por cuenta de la suspensión del proceso licitatorio para la elaboración de pasaportes en Colombia, negocio que por años ha tenido Thomas Greg. Una de las primeras medidas del Ministerio Público fue tomada el 24 de enero, apartando por tres meses del cargo a Leyva, la cual apenas se cumplió le fue renovada por un mismo periodo.

En todo esto, la tesis del Gobierno Nacional es que no podía concentrarse la contratación en una sola empresa -Thomas Greg-, y por eso frenó la licitación. De hecho, uno de los cargos que enfrenta Álvaro Leyva tiene que ver con que declaró desierta la licitación 001 de 2023 sin supuestamente tener el sustento fáctico, jurídico y técnico para ello, lo que generó una vulneración a los principios que rigen la contratación estatal. Además, dentro de ese mismo proceso la Procuraduría halló que él decretó una urgencia manifiesta para solucionar la expedición sin al parecer tener el respaldo legal para hacerlo.

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El presidente Gustavo Petro, a lo largo de estos meses de juicio disciplinario contra su exfuncionario, ha defendido la tesis de que no podía concentrarse la contratación en Thomas Greg. Y ya ante el procurador Ernesto Espinosa, el excanciller reafirmó que él estaba preservando los intereses de la población en general. “Mi obligación era ser garante de los derechos de quienes quisieran hacer parte del proceso licitatorio”, apuntó.

Esa declaración fue en junio pasado, cuando indicó que ese proceso licitatorio lo tenía a cargo el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores (José Antonio Salazar), y que él quiso entrar a revisar cómo iba. 

“Asumí la responsabilidad mediante resolución 7076 del 2 de septiembre de 2023 para conocer específicamente este caso. Me sentí responsable, había que adentrarse aquí y así lo hice, y encontré lo siguiente: Una denuncia penal contra la resolución, una acción popular contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y observaciones de la propia Procuraduría. Me di cuenta de que algo estaba sucediendo, entonces esa licitación se declaró desierta porque el pliego de condiciones se estructuró de manera de la única empresa que ha prestado el servicio”, contó Leyva en la audiencia.

En este expediente, el procurador Espinosa ha recogido varias voces como las de el exsecretario general José Antonio Salazar; y la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Martha Lucía Zamora, quien tuvo diferencias con el procesado durante su paso por el Ejecutivo.

La defensa de Leyva, en cabeza del abogado Yefferson Dueñas, ha insistido en que no se vulneró ningún principio al frenar la licitación de los pasaportes, que precisamente en la actualidad imprime la firma Thomas Greg tras un acuerdo con el Gobierno, que planea que sea la Imprenta Nacional la que se quede con el negocio.

Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - [email protected]