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Tribunal resolverá si exministra Abudinen es víctima en caso Centros Poblados

Para la Procuraduría, ni Abudinen ni la empresa SES Colombia deben ser reconocidos como víctimas.

19.10.2022 18:16 Actualizado: 20.10.2022 00:00

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La Procuraduría General se opuso este miércoles a que la exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Karen Abudinen sea reconocida como víctima en el proceso contra uno de los investigados por su responsabilidad en el escándalo con el cuestionado contrato con Centros Poblados.

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Durante la audiencia de preacuerdo del contratista Jorge Enrique López Benavides, quien aceptará su responsabilidad en las irregularidades, se presentó el abogado Jorge Amorocho, en representación de la exministra Abudinen, y señaló que ella es víctima de lo sucedido con Centros Poblados.

Según afirmó el abogado, la ministra para la época de los hechos, “fue la persona más afectada por estos, dado que a raíz de la conducta punible fue expuesta públicamente, acusada de corrupta y además, sus familiares han sufrido todo tipo de señalamientos, a pesar de que ya existen ciudadanos que aceptaron la responsabilidad de los hechos”.

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Para el representante del Ministerio Público, ni Abudinen, ni la empresa SES colombia cumplen con los requisitos para ser reconocidos como víctimas y señaló que no se acreditó cómo los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público, imputados al contratista, causaron daño a la exministra.

No se encuentra nexo entre el delito y la afectación al buen nombre

“No se alcanza a entender cómo el actuar del señor Jorge Enrique López Benavides afectó a estas personas”, insistió el Procurador, y señaló que no se encuentra el nexo directo entre el delito y la afectación al buen nombre de la supuesta víctima.

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No obstante, el juez del caso los reconoció y acudió a fallos de la Corte Constitucional “en el sentido de que lo que se debe acreditar es la existencia del daño y no la relación propia con la imputación”, señaló.

Por otra parte, el juez anadió que es claro que aunque no existe una relación entre los bienes jurídicos objeto de protección frente a los delitos imputados en su oportunidad al procesado, es claro que el actuar delictivo del procesado en coparticipación con otras personas mencionadas “ha afectado de manera intangible” a la exministra.

La Procuraduría apeló la decisión y será el Tribunal Superior de Bogotá el que defina si mantiene la acreditación otorgada por el juez.

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