Trasladan a la JEP caso sobre secuestro de una familia de comerciantes

Con ponencia del magistrado Orlando Santofimio, el Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar 500 millones de pesos por el secuestro de un familia en Calarcá, Quindío, en noviembre del 2001.

El tribunal señaló que pese a que se conocía el riesgo que corría la familia no cumplió su deber de proteger al comerciante Fabio Botero, su esposa, su hija de 12 años y la empleada doméstica de su casa.  

El fallo es el primero en el que la alta corte envía copias a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP para que evalúe las responsabilidades a que haya lugar sobre integrantes de las Farc que estuvieron detrás de los hechos.

El magistrado Santofimio afirmó que la competencia del tribunal se refiere a la responsabilidad del Estado pero que su exhorto es fundamental para que las demás autoridades se pronuncien sobre la responsabilidad de las Farc.

El Consejo de Estado pidió al Gobierno y al Congreso, "atender la obligación de establecer mecanismos jurídicos a través de los cuales la exguerrilla, cumpla los compromisos de verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como lo fue este caso, dado que a la fecha no existen herramientas legales, istrativas y judiciales, que garanticen el cumplimiento de esas obligaciones".

JUSTICIA

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