Atención: La JEP renunció a la persecución penal de 36 exmilitares por ‘falsos positivos'

Luego de conceder la renuncia a la persecución penal al soldado profesional Álvaro Luis Escalante, el pasado 11 de noviembre, la JEP abrió la puerta para la resolución de la situación jurídica de más integrantes de la Fuerza Pública considerados no máximos responsables. En ese camino, se otorgó el beneficio a 36 exmilitares más vinculados a casos de ‘falsos positivos’, algunos de ellos, de los jóvenes de Soacha.

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Se trata de 10 soldados profesionales activos, 21 retirados, dos sargentos viceprimeros, un sargento primero, un cabo segundo y un subteniente que, de acuerdo a las condiciones establecidas por la Jurisdicción para renunciar a la persecución penal, cumplieron con su compromiso con la verdad exhaustiva y la restauración a las víctimas.

Los ahora absueltos enfrentaban procesos penales y disciplinarios por hechos ocurridos entre 2006 y 2008, relacionados con homicidios y desapariciones presentadas como falsas bajas en combate en Norte de Santander, un patrón criminal que investiga la JEP en el caso 03. Uno de ellos había sido condenado.

Por estos mismos crímenes, esta Corte imputó delitos de lesa humanidad a 11 máximos responsables, quienes, por su nivel de mando, fueron remitidos al Tribunal de Paz para la imposición de sanciones propias: penas restaurativas no privativas de la libertad de máximo 8 años.

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Los 36 exmilitares que hoy saldan su deuda con la justicia reconocieron su participación y detallaron su rol en la planeación, ejecución y encubrimiento de ocho ejecuciones extrajudiciales, perpetradas para engrosar las cifras de resultados operacionales del Ejército en los municipios de San Calixto, Hacarí, Ocaña y Bucarasica.

“Estos aportes de verdad plena permitieron reconstruir lo ocurrido con un nivel de detalle que supera ampliamente lo alcanzado por la jurisdicción ordinaria, que en la mayoría de los casos no superaron la etapa de la investigación”, precisaron desde la JEP. 

Este beneficio, que extingue la responsabilidad y sanción penal de los comparecientes, viene con unos compromisos de la mano. Uno, atender los requerimientos de la JEP, como los llamados a versión voluntaria o su participación en las acciones restaurativas; y otro, específicamente en el caso de los militares activos, los obliga a no seguir vinculados a labores de seguridad. 

En caso de incumplir con alguno de estos tratados el beneplácito podrá ser revocado y su expediente trasladado a la justicia ordinaria.

La renuncia a la persecución penal fue también una retribución a su responsabilidad con las víctimas de sus acciones criminales.

Para garantizar que las necesidades de verdad quedaran satisfechas, la JEP realizó dos audiencias territoriales en San Calixto y Cúcuta. Y, como parte de la ruta que indica el Sistema de Responsabilidad, Verdad, Reparación y No Repetición, los exmilitares lideraron actos simbólicos para dignificar la memoria de Julián Oviedo Monroy, uno de los jóvenes de Soacha asesinado en el Catatumbo y presentado falsamente como guerrillero.

"Sin verdad y justicia por los crímenes más atroces cometidos durante el conflicto, los colombianos no podrán cerrar el capítulo de la violencia. Para lograrlo, es esencial resolver la situación jurídica de quienes sean hallados como máximos responsables, pero también la de aquellos que no lo sean. Solo de esta manera todos podrán rehacer sus vidas en sociedad, ejercer sus derechos y contribuir al bienestar común", aseveró la magistratura.

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Con esta medida la JEP exhortó a la justicia ordinaria a materializar los efectos de la extinción de la responsabilidad y la sanción penal y eliminar los antecedentes penales de los 36 exmilitares.

En vista de que el reloj corre y el tiempo para resolver las situaciones jurídicas de los comparecientes forzados y voluntarios se agota, la JEP tiene en trámite los casos de 13 exmilitares de unidades del Meta y ocho en Santander, a quienes espera dar respuesta antes de finalizar el año.

Sin embargo, 9.000 vinculados de la fuerza pública, agentes del Estado y excombatientes rasos de las extintas Farc siguen en lista de espera para que sus casos sean decididos por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

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Redacción Justicia