Las revelaciones de los cables secretos de EE.UU. sobre el conflicto en Colombia

La Comisión de la Verdad hizo públicos este jueves más de 15.000 cables desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional (NSA) de los Estados Unidos relacionados con el conflicto armado y que datan incluso de 1940.

El comisionado Alejandro Valencia dijo que ese tipo de documentos de las distintas agencias de EE.UU. históricamente han sido importantes para esclarecer violaciones a derechos humanos en varios países del mundo.

En esa línea Valencia afirmó que en 2018 se firmó el convenio que permitió consolidar el Proyecto de Documentación sobre Colombia (Colombia Documentation Project) y tener documentos en tres grandes paquetes relacionados con el Plan Colombia, el narcotráfico y los orígenes del paramilitarismo y los nexos con la Fuerza Pública.

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El 4 de mayo de 1990 la embajada de Estados Unidos en Bogotá alertó a sus agencias sobre la aparición en Colombia de un hombre conocido como Fidel Castaño Gil, que empezaba a registarse como un capo del narcotráfico casi del mismo nivel del jefe del cartel de Medellín Pablo Escobar.

Esa fue la primera referencia que se hizo en un documento secreto sobre el poder que venía ganando en el país Castaño Gil quien terminó siendo el creador de la máquina de muerte conocida como Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

"En los últimos meses, sin embargo, Castaño se ha vuelto ampliamente conocido en toda Colombia debido a su bárbara crueldad hacia cualquier persona sospechosa de tener vínculos directos o indirectos con los grupos insurgentes de izquierda de Colombia. Castaño, quien fue una figura clave en la organización paramilitar del ahora muerto narcotraficante (Gonzalo) Rodríguez Gacha, comanda un 'ejército' personal de quizás unos 120 hombres, a la mayoría de los cuales les paga alrededor de 200 dólares al mes", se lee en un informe de la Comisión de la Verdad que el jueves  publicó más de 15 mil documentos desclasificados de agencias de Estados Unidos.

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En los documentos luego se mencionó "el papel de Castaño en los asesinatos de (Bernardo) Jaramillo y (Carlos) Pizarro, algo incierta su partcicipación, pero parece haber pocas dudas de que ha ordenado un número significativo de masacres rurales en los últimos años, incluido el asesinato en masa de los 42 habitantes de Pueblo Bello".

Más de tres décadas después la justicia ha aclarado los verdaderos alcances del accionar paramilitar en Colombia y su responsabilidad en homicidios individuales y masacres antes de su desmovilización en 2005.

En otro cable de septiembre de 1993 entregado a hombres del FBI se menciona a los 'Pepes', perseguidos por Pablo Escobar y se advierte que ese grupo pudo recibir "apoyo financiero del Cartel de Cali, y hay rumores de apoyo no oficial del gobierno, posiblemente de la Policía y el Ejército".

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Y se hacen graves señalamientos sobre reuniones con representantes de la Fiscalía: "el 29 de agosto, Fidel Castaño, de quien muchos creen que es el líder del grupo antiescobar 'Pepes', envió a su hermano Carlos (otro de los fundadores de las Autodefensas) para reunirse con representantes de la Fiscalía General de Colombia. El objetivo de la reunión fue obtener la aprobación extraoficial de la Fiscalía General para que los 'Pepes' continuaran con las operaciones contra Pablo Escobar".

Incluso se señala que una operación para matar a un socio de Escobar en los Estados Unidos se suspendió en espera de los resultados de esa reunión.

El 28 de abril de 1997 el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia Myles Frechette, pide a su gobierno instrucciones sobre si debe  "instar discretamente" al gobierno colombiano "a localizar y detener a Carlos Castaño".

 

El  26 de enero de 1994 la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) envió un memorando de inteligencia en el que se señala que se ve con buenos ojos la política del entonces presidente Cesar Gaviria contra los grupos guerrilleros y considera que se debe reforzar y "continuar más allá del final de su mandato".

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Sin embargo se advierte que la intensidad de las operaciones "ha conducido a un aumento de los abusos, incluido el trato severo a los civiles y las tácticas de los escuadrones de la muerte en su campaña de contrainsurgencia".

En otro cable del 20 de septiembre de 1996 la embajada de los Estados Unidos en Bogotá reportó que recibió información por parte de funcionarios de la Fiscalía sobre los nexos de militares con las Autodefensas.

  

"La jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y algunos de los fiscales sin rostro que trabajan para ella le han dicho a POL/ECONOFF [Oficial Político/Económico de la Embajada de EE. UU.] que existen hoy casos de colaboración de militares con organizaciones paramilitares. Uno de los casos que citó es la masacre de 15 personas en abril de 1996 en Segovia, al noreste de Antioquia. Por el caso han sido detenidos hasta el momento el comandante interino del batallón, el mayor Rodrigo Cañas y un paramilitar. La Fiscalía dice que tiene pruebas irrefutables de que Cañas se reunió con los sicarios en el aeropuerto para llevarlos al pueblo. El Ejército se opuso en los términos más enérgicos al arresto. No obstante, el Consejo Superior de la Judicatura confirmó recientemente la jurisdicción de la Fiscalía en este caso. Los fiscales dijeron que se utilizó el mismo modus operandi en la masacre de 50 civiles en Segovia en 1988", se lee en el cable publicado en la página de la Comisión. 

El 28 de octubre de 1996 la embajada en un informe secreto volvió a advertir sobre esos nexos de agentes de la Fuerza Pública con paramilitares: "a nivel local, los comandantes del Ejército de Colombia a menudo celebran discretos matrimonios de conveniencia con estos grupos para obtener información importante sobre la actividad guerrillera en curso que ocurre en su área de responsabilidad". 

El 9 de abril de 1997 la Embajada da cuenta de información sobre la participación de un funcionario del Ministerio de Defensa en la venta ilegal de armas a las Convivir.

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En el telegrama secreto se menciona que fuentes creíbles hablan de que el funcionario "estaba detrás de un intento de proporcionar armas no autorizadas, incluyendo subametralladoras, pistolas de 9 mm, mini-Uzis, rifles, municiones y otros artículos de uso restringido, a las milicias".

Se menciona a Herman Arias Gaviria como la persona detrás de esos hechos y se le califica como "hijo de un poderoso bananero que hace años fundó algunos de los primeros grupos paramilitares en Urabá. Además, su hermano es dueño de una empresa de seguridad privada, conocida como Fábrica Nacional de Blindaje, que blinda vehículos para narcotraficantes y otros".

Arias Gaviria envío una carta a esta diario en la que niega cualquier nexo suyo o de sus familiares con actividades ilegales

"Se me señala como la persona detrás de estos hechos y distanciándose de la verdad de manera absoluta, se dice que mi padre era un poderoso bananero, cuando jamás tuvo una mata de plátano en su vida ya que su único o con esta actividad fue de orden gremial, Presidente de Augura, gremio que representa a los bananeros, víctimas de los más atroces crímenes de esta guerra. Igualmente se afirma, sin prueba de ningún tipo, que fundó los primeros grupos paramilitares en Urabá, cuando como lo señalé, solo actuó en su condición única y exclusivamente, de líder gremial", se lee en la carta.

Y añade: "se dice, en los mendaces cables, que mi hermano, ciudadano americano que lleva cerca de 30 años viviendo en EU, evidentemente socio de la Fábrica Internacional de Blindajes, desarrollaba la actividad para blindar carros de mafiosos. Acusación punible por la que jamás ha sido llamado a juicio ni se le ha vinculado a proceso alguno o le impidió acceder a la ciudadanía americana. Por último, la verdad que la Comisión desconoce, por el evidente sesgo ideológico de muchos de sus , y valiéndose de los supuestos cables, es que en mi condición de funcionario público desarrollé la actividad que me señalaban la ley y las normas vigentes y que dentro de ellas no existía la competencia ni la habilitación jurídica para aprobar la venta de armas de ningún tipo. Esta función estaba en cabeza del Departamento de Control Comercio de Armas del Ministerio de Defensa, regido por un cuerpo colegiado en el cual la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no tenía más que un asiento. Sólo bastaría, si no se actúa de mala fe, con solicitar las actas del mismo para despejar cualquier duda sobre esta canalla afirmación".

Finalmente enfatizó que no gestionó ninguna venta de armas a las convivir. "Mi padre en su vida fue bananero y mi hermano es un ciudadano americano con casi 30 años de vida en ese país. Por razones inconfesables, es solamente a la Comisión de la Verdad a quien le parece que acusaciones ligeras sin sustento alguno, deben ser puestas en conocimiento de la opinión, con el único objetivo de lesionar de manera grave la honra de personas de bien, ya que ni la justicia americana, ni la colombiana le otorgaron ningún crédito a lo dicho en estos cables, tanto que, transcurridos más de 25 años, jamás se abrió investigación por los hechos señalados, dijo.

El 23 de julio de 1997 la embajada envía un mensaje confidencial en el que se cuestiona que "pocos días después de la masacre de Mapiripán (Meta),  la Embajada de Estados Unidos constató que los altos mandos de la policía y el ejército parecen esforzarse por minimizar el alcance y la naturaleza de los asesinatos".

Y añade "nuestros os gubernamentales simplemente no saben todavía exactamente qué sucedió, quién lo hizo o por qué. Es posible que nunca sepamos con precisión quién estuvo detrás de los asesinatos en Mapiripán, o por qué ocurrieron…".

Por los hechos y a lo largo de los años han sido condenados paramilitares y uniformados como el general (r) Jaime Humberto Uscátegui.

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