¿De qué se trata la ley que desató pulso entre Duque y Santos?

El proyecto de ley de procedimiento de la JEP venía siendo tramitado sin problema en el Congreso, hasta que esta semana empezó a sufrir varios tropiezos.

El proyecto de 74 artículos será la base de la acción jurídica de la JEP; es decir, define el funcionamiento de las secciones y salas del nuevo sistema de justicia.

También especifica el proceso que tendrán que afrontar los postulados a la JEP y el trámite que asumirán las víctimas ante el Tribunal Especial de Justicia para buscar la reparación de sus derechos.

El proyecto tiene inscritas las herramientas procesales que se necesitan para que los magistrados de la justicia transicional cumplan sus funciones sin ir en contravía de normas constitucionales, legales y reglamentarias. 

Por ejemplo, dice, entre otras cosas, que la JEP podrá asumir las investigaciones de terceros o agentes del Estado cuando ellos decidan someterse voluntariamente al nuevo tribunal o en cuáles casos las decisiones podrán ser apeladas.

"El incumplimiento por parte de los excombatientes a cualquiera de las condiciones del mencionado Sistema o a cualquiera de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial de Paz, tendrá como efecto, de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2017, la pérdida de tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías, según el caso", dice el proyecto cuyo futuro está hoy en manos del Congreso.

Tener claridad sobre esos procesos es de suma importancia para la JEP por eso tanto el tribunal como el Gobierno están pidiendo que se destrabe la discusión y aprueben el texto este miércoles antes de que se acabe la actual legislatura.

Un día después de que Iván Duque fue elegido presidente, las plenarias de Senado y Cámara decidieron aplazar el trámite del proyecto para que sea el nuevo Congreso que llega el 20 de julio a decidir al respecto. 

Duque pidió frenar la creación del procedimiento que deberá seguir la JEP hasta que la ley estatutaria que sienta sus bases sea avalada por la Corte Constitucional. 

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